El Centro Canario Nacionalista (CCN) ha advertido este lunes a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias que “podría incurrir en una vulneración de la Ley” si finalmente decide que sea el 012 y no las farmacias quien informe a la población acerca del copago de los medicamentos.
El presidente de la comisión de Sanidad y Consumo del CCN, Alfonso López, recuerda a la consejera de Sanidad, Brígida Mendoza, que el artículo 8 de la Ley de Ordenación Farmacéutica de Canarias recoge que las oficinas de farmacia “son las únicas responsables de colaborar con el Sistema Nacional de Salud en la prestación farmacéutica, verificando el cumplimiento de las exigencias relativas a los usuarios y aconsejando a los usuarios mismos”.
López asegura estar “sorprendido” por el anuncio hecho por la consejera de habilitar a través del 012 un procedimiento de información sobre las dudas de los ciudadanos acerca del copago farmacéutico y muestra su “preocupación por el sobrecoste que pueda tener la formación del personal de dicho servicio puesto que en modo alguno están cualificados ni formados profesionalmente para el desempeño de tal labor”.
También considera “preocupante que esta medida se adopte en momentos en que la Administración adeuda más de 80 millones de euros a las farmacias y tras el anuncio de los farmacéuticos de acudir a la huelga si la Consejería de Sanidad o el Gobierno de Canarias no avalan al menos los pagos de 2012”.
“No debemos olvidar que las farmacias, uno de los pilares del Sistema Nacional de Salud, sufren actualmente tal situación de desamparo por parte del Gobierno de Canarias que ha llevado ya a que sean 73 las oficinas que tienen problemas de abastecimiento al carecer de liquidez para el pago a proveedores debido a la deuda acumulada con ellas por parte de la Consejería”, recuerda López.
“Da la impresión”, concluye, “de que la Consejería pretende vaciar de contenido y funciones a las farmacias, establecimientos sanitarios privados pero de interés público como una manera de desviar la atención al problema del impago por parte de la Administración hacia las mismas y como una forma de minusvalorar y subestimar la labor profesional de la farmacia y los farmacéuticos”.