Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT) han comenzado este jueves una campaña de recogida de firmas en Canarias en favor de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que garantice una renta mensual de 426 euros para los dos millones de españoles que no tienen ningún tipo de ingreso.
Los sindicatos esperan reunir en las islas 35.000 firmas que apoyen esta iniciativa, que pretende llevar al Congreso de los Diputados una ley que rescate a las personas y combata la desigualdad.
El secretario general de CCOO en Canarias, Carmelo Jorge, y su homólogo en UGT, Gustavo Santana, han informado en una rueda de prensa de que esta propuesta tiene el objetivo de dar cobertura a los hogares sin ingresos, que en las islas son unos 52.000.
Esta iniciativa popular es una medida que los sindicados a nivel estatal han puesto en marcha esta semana y que propone una renta mínima de carácter universal que llegue a todas las personas con ingresos inferiores a los 5.000 euros anuales.
Carmelo Jorge ha relatado que el objetivo es reducir los niveles de desigualdad que existen en España, sobre lo que ha exigido a “los que se llenan la boca hablando de recuperación económica” que “rescaten a las personas que la crisis ha dejado en una pobreza severa”.
El secretario general de Comisiones Obreras en Canarias ha detallado que han planteado una renta de 426 euros, “que no es ningún lujo”, sino una cantidad mensual “de subsistencia”.
Jorge ha asegurado que la propuesta “no es una carta a los Reyes Magos”, ya que “con un sistema fiscal relativamente serio” habría margen económico para abordar este tipo de prestaciones.
Gustavo Santana, por su parte, ha explicado que pretenden que esta renta sea una prestación que esté sujeta a un modelo no contributivo y que sea una garantía para las 2,1 millones de personas sin ningún tipo de ingresos.
El dirigente sindical ha recordado que en canarias hay 52.000 hogares sin ingresos, de los que 15.000 son casas con menores de edad, por lo que ha situado en más de 100.000 canarios los posibles beneficiarios de esta ley.
La Iniciativa Legislativa Popular espera reunir en todo el país un millón de firmas y la previsión es que se debata en el Congreso de los Diputados en la próxima legislatura, ya que “prácticamente no hay tiempo” para que la tramitación llegue antes de que se disuelvan las Cortes Generales.
Según han informado los sindicatos promotores de esta medida, la financiación de esta iniciativa debería garantizarse a través de los Presupuestos Generales del Estado, con un presupuesto anual estaría en torno a los 11.000 millones de euros anuales, el 1 % del Producto Interior Bruto (PIB) del país.
Esta renta sería incompatible con las prestaciones del sistema de la Seguridad Social, tanto las contributivas como las no contributivas, pero sí sería compatible con el resto de las rentas, siempre que sean inferiores, en cómputo anual, al 75 % del salario mínimo interprofesional.