CCOO ha interpuesto una demanda de conflicto colectivo en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) ante los incumplimientos que atribuye al equipo rector y la falta de ejecución de sentencias que han dado la razón a los trabajadores en litigios sobre algunos complementos.
El secretario de Universidad de CCOO, Alberto Marín, ha asegurado que, durante el último año, la ULPGC se ha enfrentado a numerosas demandas judiciales, denuncias ante la Inspección de Trabajo y reclamaciones por incumplimientos laborales, pero la dirección de la institución no ha modificado su actitud.
Todos los derechos reclamados tienen efectos al 1 de enero y, si con fecha del 31 de diciembre el equipo rector no ha abonado el dinero que adeuda a los trabajadores, se pierden los derechos retroactivos, asegura el sindicato.
Por ello, CCOO ha iniciado el procedimiento judicial, ya que es necesario hacerlo ahora para cumplir los plazos legales establecidos antes de que finalice el año, ha asegurado Marín.
La ULPGC se niega a abonar los complementos de productividad por sexenios de investigación a los que está obligada después de una sentencia de julio, mientras que la Universidad de La Laguna los abonó en agosto con efectos retroactivos desde el 1 de enero.
Tampoco quiere pagar el incremento salarial establecido en el Estatuto del Personal Investigador Predoctoral en Formación, aprobado por el Gobierno en marzo pasado, según CCOO.
No quiere reconocer el complemento de trienios por antigüedad a su personal investigador ni aplicar el reconocimiento de servicios en otras administraciones en los trienios.
De la misma forma, asegura CCOO, ha aprobado una reforma de la relación de puestos de trabajo sin negociar con la representación sindical del profesorado laboral, o se niega a informar sobre el número, destino y condiciones de las nuevas contrataciones incumpliendo los requisitos legales de transparencia e información a los sindicatos.
El representante sindical ha lamentado que, mientras la Universidad de La Laguna sí ha reconocido los derechos a los trabajadores, la de Las Palmas de Gran Canaria no lo ha hecho, y ha atribuido este retraso a que “es muy conservadora” y habitualmente espera a que otros centros adopten las medidas para hacerlo ella después.