La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), que tiene 35 años de historia, echará el cierre después de verano si las administraciones públicas no saldan sus deudas con la organización, que ascienden ya a un millón y medio de euros, según ha explicado en declaraciones a Europa Press la secretaria general, Estrella Galán.
Galán indica que los mayores deudores son el Ayuntamiento de Madrid, que tiene pendiente abonar 563.763 euros desde el ejercicio 2009, el Gobierno de Canarias, con una deuda de 180.353 euros; la Comunidad Valenciana, que debe a CEAR unos 100.000 euros y el Ayuntamiento de Mérida, que tiene un “pufo” de 85.412 euros. No obstante, hay “otros ayuntamientos” que deben “picos” de cantidades variables.
CEAR no es la única entidad en España que tiene este problema. Según datos de la Plataforma de ONG de Acción Social a los que ha tenido acceso Europa Press, las administraciones públicas deben 500 millones de euros a las organizaciones sociales que materializan la atención a un número cada vez mayor de personas en situación de necesidad en España.
“Estamos sosteniendo económicamente la política social, en la medida en que nos solicitan que pongamos en marcha proyectos y programas que cubren las necesidades de la ciudadanía y nadie nos lo paga o se paga tardísimo”, explica Galán, para incidir en que la falta de pago o el retraso en el mismo obliga a las organizaciones a recurrir a financiación privada, lo que genera unos gastos que las propias entidades deben asumir.
Expedientes de Regulación de Empleo
En el caso particular de CEAR, que ha puesto en marcha tres expedientes de regulación de empleo desde 2009 dejando en 148 una plantilla de 300 trabajadores, la deuda ha comprometido su viabilidad hasta el punto de tener que acudir a préstamos bancarios con unos “intereses fortísimos” que están ocasionando “pérdidas muy importantes”, conforme señala la secretaria General.
En concreto, las pólizas de crédito abiertas con entidades bancarias para poder hacer frente a los impagos y a los retrasos en el cobro de subvenciones generan unos gastos financieros de 250.000 euros al año, cantidad “inasumible para la organización” ya que tendría que salir de fondos propios, y actualmente carecen de ellos.
“Es una situación de preocupación y dramatismo absoluto porque si no se reacciona a tiempo, la organización después del verano se vería sin liquidez para afrontar sus pagos y nos veremos obligados a un posible cierre”, destaca Galán, quien recuerda que CEAR es “la institución más antigua especializada en asilo en España”.
Asimismo, destaca que un cierre “no sólo significa que desaparezcan unas siglas”, sino que supone dejar de atender a las 35.000 personas que cada año reciben asistencia de la entidad y suprimir 300 plazas de acogida que cobijan a unas 700 personas anualmente.
Galán considera que “las administraciones tienen que hacerse responsables de las deudas que tienen y hacerse cargo de lo que supone el retraso de sus pagos” y el Gobierno puede tomar cartas en el asunto incluyendo las subvenciones en el plan de pago a los proveedores, del que actualmente están excluidas.