El choque entre administraciones pone en riesgo que Emilio y su familia sigan con su esencial ayuda a la vivienda

El año de la pandemia fue uno de los más difíciles para Emilio Suárez y su familia. Fue ingresado en el hospital por problemas de la pierna y después fue despedido de la empresa en la que trabajaba. Estuvo cuatro meses cobrando el paro, pero en ese tiempo fue ingresado de nuevo por sus problemas de salud, que llevaron a que los médicos no tuvieran otra opción que amputarle una pierna. Entre medias, el tiempo corría, el paro se acababa y se hacía imposible pagar su vivienda de alquiler en Telde. Con los meses, llegó el desahucio y una de las peores etapas para esta familia. 

Emilio cuenta que en un principio recibieron ayuda de alimentos de los servicios sociales municipales de Telde y que su exalcaldesa, Carmen Hernández, se implicó en el caso. Se trasladó su situación al Instituto Canario de Vivienda (dependiente del Gobierno regional) que le ofreció una solución habitacional. En septiembre de 2021, la familia entró en el programa Canarias Pro-Hogar, para personas especialmente vulnerables. Desde entonces, la familia reside en una vivienda del municipio de Las Palmas de Gran Canaria. 

Cuando empezaban a ver algo de luz, la incertidumbre llegó de nuevo para Emilio, que lleva meses sin poder dormir bien. Desde el verano, tanto la asociación Provivienda (que gestiona este programa a través de un convenio con el Gobierno) como el ICAVI le alertaron de que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no había realizado este año el informe social necesario para poder renovar el programa y continuar en esta residencia. Preocupado, Emilio lo consultó con su trabajadora social y asegura que le confirmó que el consistorio considera que no es su competencia. 

Emilio tiene 64 años y cobra actualmente 517 euros de una prestación no contributiva ya que al no tener el mínimo de años cotizados no ha podido tramitar una prestación por incapacidad. Tiene una discapacidad del 79%, además de reconocido el grado I de dependencia y percibe por ello 180 euros. Su mujer es su cuidadora y no tiene otro empleo. También tiene dos hijos jóvenes, uno estudiando y la mayor en búsqueda de empleo. 

Este hombre ha presentado dos escritos al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Uno el 2 de agosto y otro este 9 de octubre al no haber recibido respuesta del primero. En esas solicitudes señala que es beneficiario de una ayuda denominada Programa 3 para personas especialmente vulnerables y que el Instituto Canario de la Vivienda requiere para dicha renovación de un informe que justifique que se mantienen las circunstancias de vulnerabilidad de la familia que causaron la concesión de la misma. También informa de que “en años anteriores se ha emitido informe social (el último con fecha 9 de septiembre de 2023) por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en el que se acredita la continuidad de la situación de vulnerabilidad de la unidad familiar”.

Por todo ello, Emilio solicita que “teniendo en cuenta que se mantienen las causas que motivaron la concesión de la ayuda al alquiler antes mencionada, se emita informe social acreditando la situación de vulnerabilidad en que se encuentra nuestra unidad familiar y se envíe al Instituto Canario de la Vivienda con el fin de renovar hasta el próximo año 2025 la subvención ya que esta ayuda está condicionada a dicho documento” y también “que se me mantenga al tanto, por escrito, de la resolución de esta solicitud”.

El Ayuntamiento respondió el 14 de octubre asegurando que “no tiene competencias en materia de vivienda” y que el pasado día 4 respondió a la petición del ICAVI con los motivos por los que “no se emite el informe de vulnerabilidad solicitado”. 

En la resolución de la ayuda concedida el pasado año y que Emilio ha remitido a este periódico puede apreciarse que él forma parte de ese programa y que Provivienda le ha cedido un contrato de arrendamiento cuya cuota mensual es de 600 euros. También se expone que el 9 de septiembre de 2023 se emitió informe social del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria donde se acredita la “continuidad de la situación de vulnerabilidad de Emilio Suárez y su unidad familiar”. Además, se especifica que la subvención, destinada al pago de alquiler y gastos de mantenimiento y suministros básicos de la vivienda, se concederá por un año (hasta el 30 de septiembre de 2024) aunque se puede renovar durante “el tiempo de vigencia del convenio entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y la Comunidad Autónoma de Canarias para la ejecución del Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025. 

El desacuerdo de dos administraciones

Desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria aseguran a este periódico que “las competencias en materia de vivienda corresponden, según la ley, al Gobierno de Canarias y en este caso al Instituto Canario de Vivienda (ICAVI)”. “Aunque contamos con trabajadores sociales capacitados, la realización de estos trámites debería ser gestionada por el Gobierno de Canarias”, añaden desde la corporación municipal.

Además, desde el consistorio se asegura que esta es una situación “a la que nos enfrentamos todos los municipios de Canarias y que hemos planteado a través de la Federación Canaria de Municipios (FECAM)”. No obstante, aclaran que “los servicios sociales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria pueden atender a esta persona en caso de que necesite alguna otra ayuda, como, por ejemplo, ayuda a domicilio”, puntualizan. 

Por su parte, el Instituto Canario de Vivienda explica que los informes de vulnerabilidad “son competencia de los ayuntamientos” y hace referencia a la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local así como a la Ley de Servicios Sociales, que en su artículo 25 recoge que “los servicios sociales de atención primaria y comunitaria constituyen el primer nivel de atención del sistema público de servicios sociales. Su titularidad corresponderá a los municipios” y añade que “constituirán el nivel de referencia para la prevención de situaciones de vulnerabilidad social, la detección y la valoración de las necesidades, el diagnóstico, la planificación, la intervención, el tratamiento, el seguimiento y la evaluación de la atención”. Por lo que entiende que corresponde al consistorio hacer dicho informe. 

Preguntado por este periódico, Fernando García Rodríguez, responsable de Provivienda en Canarias, señala que se han dado más casos con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y que han hablado tanto con el consistorio como con el ICAVI para llegar a un acuerdo. Expone que en medio de ese conflicto de competencias se ve afectada una persona en la continuidad de ese programa. 

Se trata de un conflicto que no está ocurriendo con otros ayuntamientos, afirman desde Provivienda. El informe que se necesita para acceder o que se mantenga una familia en Canarias Pro Hogar es “muy específico”, muy relacionado con la situación de la vivienda de la persona y no requiere de más datos sino de cuál es su situación de exclusión residencial. 

Para Provivienda es un ejemplo de “falta de coordinación interadministrativa” y afirma que, aunque ambas administraciones tengan sus razones, se le insta a llegar a un acuerdo. Además, desde la entidad insisten en la importancia de trabajar en un plan conjunto, en un pacto conjunto en todos los niveles de la administración. En este sentido, recuerda que una medida que llevan reclamando tiempo los colectivos sociales es el “expediente social único”; es decir, una fórmula en la cual todas las administraciones públicas que intervienen de alguna manera o ayuden a una persona manejen solo un informe. Fernando García pone el ejemplo del expediente médico, que si cambias de barrio o de municipio puedes contar siempre con tu historia clínica.

“La idea es que tengamos una única puerta de entrada, con un único expediente donde cada profesional que atiende a esa persona va volando ahí la información y la intervención que se vaya realizando con cada persona”. Con esto cree que “evitaríamos este problema de los informes sociales y de tener que estar requiriendo constantemente que se haga un nuevo informe porque bastaría con que se entrara a esa base de datos y descargarse el expediente con la información que necesitas”. 

Mientras las administraciones no se ponen de acuerdo, el programa en el que están acogidos Emilio y su familia se acabó el pasado 30 de septiembre. En extrema vulnerabilidad, siguen batallando con una burocracia que les coloca ahora al borde de perder su ayuda a la vivienda. Una burocracia a la que han tenido acostumbrarse estos años en los que se les quitó el Ingreso Mínimo Vital (porque en la casa donde residen aparecían más personas empadronadas que en realidad no habitaban en ellas) o en el que han tenido que aceptar que a su hijo menor le denegaran un año la beca, aunque después se reclamó y se la otorgaron un año después. De momento, sigue en la incertidumbre de si podrá recibirla este año. 

Emilio y su familia están padeciendo las secuelas de que, por circunstancias sobrevenidas de la vida, se encuentren en situación de vulnerabilidad social y tienen que batallar contra las administraciones públicas. Ante la falta de una solución, temen quedarse pronto sin la solución habitacional con la que cuentan mientras viven con bajos ingresos.