El plan para la recuperación de La Palma tras la erupción de 2021 aún no está redactado. De todos los análisis de riesgo, cartografías, evaluaciones y mapas de peligrosidad que quedan por hacer, el decreto clave en todo esto, el que regulará la ordenación urbanística y determinará si se puede o no construir sobre las coladas, se prevé que esté para finales de año, según ha indicado el Gobierno de Canarias.
Hasta entonces, a los vecinos afectados les tocará esperar, aunque muchos de ellos ya han formalizado su deseo de edificar sobre la lava que expulsó la montaña recién creada en Cumbre Vieja. Y los científicos, por su parte, deberán seguir trabajando, porque tienen mucho que decir en todo esto. El Instituto Geológico y Minero de España (IGME) está estudiando qué elementos del volcán (y lo generado por el volcán) cuentan con un mayor valor y por tanto merecen la pena ser conservados. La información está siendo compartida con el Ejecutivo regional para la elaboración de esa normativa que se espera para antes de 2023.
“De todas esas coladas y deltas lávicos formados, vamos a ver qué partes merecen conservarse y qué partes no, aunque eso no significa que no se protejan de algunos usos. Puede haber uso turístico en una zona que esté protegida, por ejemplo, pero lo importante es que la ordenación del territorio se haga respetando algunos de estos elementos que tienen más relevancia”, apunta Juana Vegas Salamanca, jefa del Área de Patrimonio Geológico y Minero del IGME.
Vegas y otras colegas científicas ya han estudiado el valor patrimonial del volcán de La Palma en su conjunto. El análisis se ha divulgado recientemente en la XIV Reunión de la Comisión de Patrimonio Geológico de la Sociedad Geológica de España y compara una serie de parámetros definidos, como la representatividad, la rareza, la diversidad, la integridad y las condiciones de observación entre 27 formaciones volcánicas históricas del Archipiélago.
Los resultados obtenidos concluyen que el valor geomorfológico del nuevo volcán de La Palma está entre los más altos de todos los estudiados. No precisamente por ser raro o diverso, sino por su integridad y visibilidad casi completa. “Es un volcán recién formado, que está conservado y también muestra en superficie todas las características de las erupciones estrombolianas”, agrega Vegas.
Debido a esas particularidades, lo ideal sería reforzar la protección de este espacio, añade el estudio, ya que muchas formaciones volcánicas de las Islas están dañadas por sus “altos grados de alteración”. Esta se trata de una oportunidad única para “ofrecer un producto geoturístico excepcional”. El volcán de La Palma, además, forma parte del Inventario Español de Lugares de Interés Geológico (IELIG), “lo cual es un paso clave (…) en el aprovechamiento sostenible de este espacio”.
“En la ciencia estamos para ayudar a la sociedad. Las cosas que se conserven, se harán con la motivación de que se usen como motor del turismo de naturaleza y así ayudar a definir estas zonas tan valiosas para que nadie las rompa por desconocimiento. Queremos que las personas vayan a ver lo mejor del volcán, pero después de haber elegido qué es lo mejor”, argumenta Vargas.
Mientras la ciencia continúa su trabajo, el Gobierno de Canarias apura para tener en unos meses la norma que regule el urbanismo en torno al volcán. Desde este viernes, la Consejería de Transición Ecológica, Lucha Contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Ejecutivo regional ha puesto en marcha un periodo de consulta con los damnificados para terminar de conocer cuáles son sus preferencias de cara a futuras reubicaciones. Es el “último chequeo”, indican fuentes del departamento, antes de presentar la propuesta definitiva de reordenación del territorio.
Algunas de las peticiones particulares, eso sí, ya han sido formuladas y se encuentran en la mesa del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, el municipio más afectado por la erupción. El consistorio asegura que se han registrado formalmente cinco solicitudes para construir sobre las coladas y otras 23 están pendientes de confirmación. Por otro lado, una comisión técnica formada por técnicos de las tres regiones dañadas (Los Llanos, El Paso y Tazacorte), el Gobierno canario y el IGME, está estudiando la posibilidad de edificar al borde de las coladas a raíz de cuatro reclamaciones.
El concejal de Urbanismo de Los Llanos, Manuel Perera, entiende que el decreto aprobado a principios de año por parte del Ejecutivo regional, en el que se permite la construcción de viviendas en cualquier suelo rústico de La Palma, es viable para estas últimas solicitudes, pero sigue habiendo “dudas jurídicas” al respecto. “La definición de las zonas a proteger es lo que llevamos mucho tiempo esperando. Desde el Gobierno de Canarias siempre nos han dicho que no se va a proteger o se protegerá una parte pequeña, pero mientras definen esto, no dejan hacer nada”, explica Perera.
La edificación sobre las coladas ha sido uno de los puntos calientes desde que estalló la erupción. Las plataformas de afectados han reiterado desde el principio la intención de muchos vecinos de volver a levantar su domicilio en el mismo lugar donde fue engullido por la lava. Incluso representantes del Ejecutivo autonómico han alimentado esa ilusión. Pero científicos y expertos consideran “imprudente” la promesa teniendo en cuenta el tiempo en el que tardarán en enfriarse las coladas y el riesgo volcánico al que se enfrenta la isla de La Palma.
De hecho, la mayoría de las coladas podrían tardar en enfriarse más de diez años, según una estimación realizada por el Instituto Volcanológico de Canarias (INVOLCAN) y la Cátedra de Reducción de Riesgos de Desastres de la Universidad de La Laguna (ULL). En algunos pueblos, como en La Laguna, podría ser mucho antes, entre seis meses y dos años. Y es precisamente ahí donde el Gobierno regional baraja la posibilidad de hacer la reconstrucción sobre la misma piedra quemada. “Las solicitudes que tenemos son en zonas de menos de 5 metros de espesor de colada, lo que, según los científicos, es viable construir ya mismo”, señala Perera.
El volcán de La Palma afectó a 5.445 parcelas de suelo, de las cuales 2.714 contaban con edificaciones. La mayoría de ellas estaban registradas en el catastro (85%), pero otras tantas no. Para la nueva urbanización del territorio, el Ejecutivo autonómico ha celebrado varias reuniones con los afectados bajo el proyecto Revivir el Valle, en el que ha quedado en evidencia la aspiración de muchos de ellos de evitar la deslocalización y no perder el arraigo con su pueblo. Pero antes de iniciar cualquier obra, la administración debe esperar el criterio de los expertos.