Cuatro científicos que contrató Ana Pastor tras el vertido del 'Oleg Naydenov' siguen sin cobrar 18 meses después

Abril de 2015. El pesquero de bandera rusa Oleg Naydenov se acaba de hundir a 15 millas al sur de Gran Canaria tras haber sido remolcado a alta mar desde el Puerto de La Luz y de Las Palmas, donde había ardido. Un vertido de fuel amenaza con llegar a la costa de la isla. En plena alerta, Ana Pastor, entonces ministra de Fomento, llama por teléfono al naturalista Ezequiel Navío, significado como uno de los líderes de la oposición social a las prospecciones petrolíferas en el Archipiélago, para encargarle la coordinación del voluntariado, su formación, y del rescate de fauna afectada por el piche. Son las principales asociaciones ecologistas las que proponen su nombre a la ministra.

Navío, que en ese momento es asesor en el Cabildo de Lanzarote, renuncia a cobrar y se rodea de cuatro científicos. Solo uno de ellos, licenciado en Ciencias del Mar, reside en Gran Canaria. Los otros técnicos (dos biólogas y un especialista en aves) llegan de Tenerife, Barcelona y Valencia. Tras 22 días de trabajo a destajo para hacer frente a la emergencia, el denominado Grupo de Rescate de Fauna y Apoyo al Voluntariado (GRFAV) remite al Gobierno central su informe final, crítico con la gestión de la crisis, el 12 de mayo de 2015.

Casi un año y medio después, los cuatro científicos reclutados por Navío siguen sin percibir un solo euro por la labor ejercida durante la emergencia. A finales de mayo de 2016, cuando se cumplía un año de la finalización de los trabajos, el Ministerio de Medio Ambiente, encargado de tramitar el pago, dio por fin el visto bueno a las facturas emitidas por los profesionales, tras innumerables vicisitudes y trabas de diferentes departamentos de la administración para que pudieran cobrar.

Cuatro meses después de esta comunicación, el dinero, algo más de 16.000 euros entre los cuatro, sigue sin llegar. Tampoco las explicaciones. Medio Ambiente no ha contestado a la petición de información cursada por este periódico el pasado martes, mientras que desde el departamento de Ana Pastor, actual presidenta del Congreso de los Diputados, delegan cualquier responsabilidad en el área que se encarga de los expedientes y evitan pronunciarse.

Entre los técnicos afectados por el impago se habla de “vendetta” del Gobierno y de “un ejemplo claro de obstrucción política”. Sostienen que el Ejecutivo les ha puesto “una zancadilla tras otra” como represalia por un informe que cuestionaba las decisiones adoptadas durante la gestión de la crisis provocada por el hundimiento del pesquero y concluía que Canarias “no está preparada para responder y combatir de manera rápida, efectiva y coordinada una marea negra o tóxica que alcance en las costas de las Islas”.

Las negociaciones de los científicos con el Ministerio de Medio Ambiente han sido largas y arduas. “Primero dijeron que el trabajo era voluntario y no nos iban a pagar. Después aceptaron que sí, que teníamos que cobrar, pero empezaron a avisarnos de que se habían equivocado con los papeles. Nos han mareado durante un año y medio”, aseguran.

Al principio, el Gobierno se escudó en que los profesionales no habían firmado un contrato previo con la administración. “Era una situación de emergencia, el piche se estaba vertiendo. Dejamos todo lo que estábamos haciendo y nos centramos en el Oleg. En una alerta, no puede haber un contrato previo, negociado durante meses, porque es imposible. Es como si llamas a un bombero y le preguntas por qué no ha firmado un contrato antes. ¡Oiga!, es que hay que apagar un fuego”, responde uno de los miembros del grupo, que se pregunta “cuándo cuatro científicos han estado un año y medio sin cobrar después de que una ministra les llamara para atender una emergencia”.

Posteriormente, el Ministerio les solicitó una relación de los gastos que habían realizado durante esos 22 días, de las reuniones que habían celebrado, fotografías de los trabajos... Todo ello, según los científicos, estaba detallado de manera exhaustiva en el informe entregado a la conclusión de los trabajos. “Sabían lo que habíamos hecho hora a hora, día a día, lo tenían todo registrado”, afirman.

Reparos en intervención, problemas en el cálculo del IGIC, discrepancias en torno al IRPF, solicitudes de cambios en las facturas emitidas, la obligación de darse de alta como autónomos o la petición de numerosa documentación se sumaron a la lista de obstáculos que han retrasado el cobro hasta ahora.

El expediente se abrió cuando al frente de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, el departamento que lo tramita, se encontraba Federico Ramos de Armas, que en junio de 2015 cesaría para asumir la subsecretaría de Presidencia, cargo del que dimitiría en enero tras verse implicado en el escándalo de Aquamed. Ahora es Pablo Saavedra, entonces director general de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, el responsable del área.

Más de 600 voluntarios

Más de 600 personas fueron reclutadas por el Grupo de Rescate de Fauna y Apoyo al Voluntariado para participar en un operativo de rescate de fauna y detección de fuel en la costa durante la emergencia del Oleg Naydenov. De ellos, más de 150 realizaron un curso de la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias que les capacitaba para las labores de recogida de fuel. Sin embargo, según expusieron los técnicos en el informe, las administraciones no llegaron a movilizarlos a pesar de las reiteradas peticiones cursadas durante esos días.

También se quejaron en el escrito de que los ayuntamientos afectados por el vertido de fuel no recibieron información sobre los protocolos de actuación hasta una semana después de que el piche comenzara a aparecer en sus costas y de que la ciudadanía estuvo expuesta durante días al hidrocarburo sin recibir ninguna indicación básica ni disponer de equipos de protección adecuados. Además denunciaron las dificultades logísticas que sufrieron durante la crisis, sin apoyo para trabajar en los lugares afectados por el derrame o para organizar las charlas informativas y sin una oficina desde la que poder operar.

El Gobierno central se gastó más de 40 millones de euros en taponar las fugas de fuel tras la rotura del casco del Oleg Naydenov.