Las clínicas privadas canarias calculan pérdidas de hasta el 70% de sus ingresos por la crisis del coronavirus

La evolución de la pandemia de coronavirus en Canarias, con una tendencia a la baja en los principales indicadores (hospitalizaciones, ingresos en unidades de cuidados intensivos y fallecimientos) y el menor número de casos por habitantes de entre todas las comunidades autónomas, ha permitido a la sanidad pública de las islas asumir con medios propios, incluso con cierta holgura, no solo la gestión de la emergencia, sino también la actividad habitual que no ha sido suspendida por los planes de contingencia fijados tras la declaración del estado de alarma.

Hasta la fecha, el Servicio Canario de Salud (SCS) no ha tenido que recurrir, salvo contados casos, a la sanidad privada, integrada en esta crisis en un “circuito único”, para derivar pacientes con COVID-19 o con otras patologías. En este contexto, las empresas del sector han visto reducidos sus ingresos y han recurrido a Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para reducir costes. El Gobierno regional ya ha frenado, a expensas de un informe de la Inspección de Trabajo, el solicitado por el gigante de la sanidad privada en Canarias, Hospiten, para más del 90% de la plantilla. Este mismo miércoles, otro de los grandes grupos hospitalarios de las Islas, Clinicas San Roque, ha presentado un segundo ERTE al estimar que la caída de la facturación como consecuencia del descenso en la demanda, que en principio situaba en torno al 50%, va a ascender al 70%, según ha indicado a este periódico Sebastián Sansó, su director de desarrollo.

El primer ERTE planteado por San Roque, que comportaba el despido temporal de 158 de los 813 trabajadores que ejercían en los dos centros que la empresa tiene en la isla de Gran Canaria, uno en la capital y otro en la localidad turística de San Bartolomé de Tirajana, ya ha sido aprobado por la autoridad laboral. Ahora se han sumado a esa cifra otros 62 empleados, todos ellos de la clínica de Las Palmas de Gran Canaria. Aunque, al igual que en el primero, la mayoría, en torno al 85%, es personal administrativo, en esta ocasión el expediente también afecta a sanitarios, entre ellos enfermeros, auxiliares de enfermería o técnicos de rayos. El Gobierno de Canarias ya ha anunciado que, a raíz del Real Decreto 9/2020, publicado el 28 de marzo, solicitará informe a la Inspección de Trabajo para todos los ERTE solicitados por los centros sanitarios privados.

La empresa alega dos motivos para justificar la decisión. El primero, la caída de la actividad concertada. El Servicio Canario de Salud (SCS) ha suspendido las pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas no urgentes. Según Sansó, que también es presidente de la Asociación de Clínicas Privadas de la provincia de Las Palmas, la derivación de pacientes desde la sanidad pública representa entre el 30 y el 42% del volumen de negocio de las tres principales empresas del sector en Gran Canaria (San Roque, Perpetuo Socorro y Vithas Santa Catalina) y, de esta vía, solo se mantiene la hospitalización de corta y media estancia, que en el caso de la clínica a la que representa supone alrededor de un 20% de ese porcentaje.

Al descenso de la actividad concertada con la sanidad pública se le añade una importante caída de la demanda privada debido al confinamiento forzado durante el estado de alarma. San Roque cifra esta disminución en el 59% en el caso de las consultas externas (se mantienen citas a través de llamadas o videollamadas) y del 83% en las intervenciones quirúrgicas. “Si no hay demanda, no sobrevivimos”, manifiesta Sansó, que precisa que “entre el 70 y el 75% de los pacientes no quiere operarse en estos momentos” por temor a un posible contagio.

Según el director de desarrollo de San Roque, con esta caída de ingresos es “inasumible” para la empresa mantener sus actuales costes laborales. “Abrir el hospital nos cuesta alrededor de 90.000 euros al día”, asegura, “hemos tenido que recurrir al ERTE hasta que se regularice la situación, necesitamos tiempo para ganar liquidez y perder menos”.

La Alianza de la Sanidad Privada en España (ASPE), que aglutina a las principales empresas del sector, ha pedido al Gobierno que financie el 75% de su facturación habitual durante dos meses al haber detenido su actividad ordinaria. El presidente de la Asociación de Clínicas Privadas de Las Palmas ha reclamado al SCS que se deriven las intervenciones quirúrgicas “que no se pueden aplazar”, entre ellas las oncológicas, para que la sanidad pública se centre en la lucha contra la COVID-19. “Eso no se ha hecho y nos ha dejado en un brete”, afirma Sansó.

La decisión de los hospitales privados de acudir a los ERTE en una situación de emergencia sanitaria ha sido criticada por colectivos en defensa de la sanidad pública y por el partido Sí Podemos, que recientemente pedía la readmisión inmediata de todos los trabajadores despedidos y recordaba que estos grupos se habían beneficiado durante décadas “de las políticas de privatización” y se habían repartido “grandes dividendos con el negocio de la salud”. Canarias es la cuarta comunidad que más dinero destina a los conciertos sanitarios en términos porcentuales. Las dos principales empresas del sector en Canarias, Hospiten y San Roque, facturaron, respectivamente, 145 y 41 millones de euros en el año 2018 y obtuvieron unos beneficios antes de impuestos de 20 y 1,2 millones.