Dentro del complejo ‘Los Aguacates’, la última víctima de la ley canaria que prohíbe vivir en apartamentos turísticos

El edificio está casi al final de una prolongada avenida en San Bartolomé de Tirajana, en el sur de Gran Canaria, donde solo hay apartamentos, hoteles, piscinas, viviendas vacacionales y restaurantes con menús desglosados en cuatro idiomas diferentes. El complejo Los Aguacates es un elemento más de este gran parque temático para turistas. Lo lleva siendo desde que abrió sus puertas por primera vez en la década de los 70. Pero su realidad ha dado un giro de 180 grados en los últimos meses. 

La mayoría de las unidades alojativas del inmueble eran explotadas por una comunidad de propietarios que actuaba como gestora de los apartamentos. Para hacerlo, la ley obliga que más de la mitad de los pisos estén integrados en esa especie de corporación, donde las rentas son repartidas de manera equitativa (según ciertas condiciones) entre todas las partes. En caso de no llegar al mínimo, se estaría incumpliendo con el principio de unidad de explotación y el complejo se expondría a una multa de hasta 30.000 euros. 

En Los Aguacates ese era el principal miedo, alega su presidente, Jordi Janda. La última declaración responsable de la explotadora, en 2021, cifró en cincuenta el número de apartamentos que la conforman. En todo el edificio, sin embargo, hay 112 unidades. En una acalorada junta de propietarios a finales de octubre, estos acordaron comunicar el cese de actividad de la comunidad de explotación, que llegó un mes más tarde, aunque con matices: continúan con su actividad alojativa hasta la finalización de los contratos con los operadores turísticos, el 30 de abril de 2025, pero no es posible asignar más plazas. Los clientes que reservaron antes de la confirmación de la clausura son los únicos que podrán hospedarse. 

El representante de uno de los apartamentos, el abogado Javier Luzardo, agregó en la junta que comunicar el cese era “una obligación legal”, que no quedaba otra al no alcanzar el mínimo exigido (más del 50%). El Cabildo de Gran Canaria asumió el escrito y actualizó la información del inmueble en el Registro General Turístico, pero advirtió de que, a pesar de ello, la “naturaleza” del complejo seguía siendo turística. Y que, más tarde o más temprano, deberá presentarse una nueva declaración responsable de inicio de actividad, bien por una empresa externa o de nuevo por la propia comunidad de propietarios.

La corporación grancanaria hizo esta aclaración sobre la base de la polémica ley de renovación y modernización turística de Canarias aprobada hace más de una década. Esa norma prohíbe a los propietarios de apartamentos turísticos de las Islas residir en ellos e incluso rentabilizarlos individualmente a través del alquiler vacacional. Quienes lo hacen, reciben multas de más de 2.000 euros. En cambio, los dueños de esos pisos, aunque los hayan habitado desde siempre, están obligados a cederlos a una empresa explotadora por el deseo del Gobierno autonómico de lograr la especialización de usos. Es decir, que en los edificios de uso turístico solo haya turistas. 

Los Aguacates recibió la resolución de apertura del establecimiento el 28 de septiembre de 1976. El Plan General de Ordenación (PGO) de San Bartolomé de Tirajana, aprobado veinte años más tarde, señala que está ubicado en suelo urbano de uso turístico-alojativo. Más documentos del planeamiento apuntan que lo que allí debe haber de manera exclusiva son apartamentos. No obstante, la realidad es tozuda. Y desde el principio, sus pisos han ido vendiéndose a extranjeros (y residentes, aunque en menor proporción) que han decidido arrendarlos por su cuenta o utilizarlos como segunda residencia. 

Primero fueron alemanes. Luego llegaron ingleses, belgas, holandeses, italianos… En 1997, había 75 unidades alojativas dentro de la comunidad de explotación; actualmente hay poco más de 40, después de la última inspección del Ejecutivo regional. Li Zhou, por ejemplo, asegura que hace uso del apartamento como segunda residencia alrededor de seis meses al año. Tony Vercauteren, también. 

Los compradores foráneos han acelerado su irrupción en el complejo en los últimos años. Dice Janda que la mayoría compran y salen de la comunidad de explotación no solo por esa intención de disfrutar gratuitamente de su alojamiento, inviable si pertenecieran a ella, sino también porque “no es rentable” ceder la gestión a una entidad. Asegura que, dentro de la explotadora, ganaría una renta mensual máxima de 600 euros (una fuente consultada que prefiere no revelar su identidad matiza que en el último trimestre ganó mil euros libre de gastos), mientras que estando fuera y alquilando por su cuenta, los propietarios reciben entre 1.200 y 1.400 euros, más del doble.

Pero eso también tiene un coste. Las multas por no ceder los apartamentos a la comunidad no han parado de llegar. Janda bromea asumiendo que Los Aguacates es el “edificio de Playa del Inglés que más inspecciones” ha tenido y que se sienten “perseguidos”. Entre los papeles que ha traído consigo para la entrevista, figuran varias propuestas de sanción hacia titulares. Una ciudadana alemana llamada Ute Klenk llevó el caso a los tribunales y ganó. La Justicia falló a su favor porque el inspector que planteó la infracción se basó en documentación para formularla, pero no en lo que presenció in situ en el inmueble. 

La residencialización que vive el complejo, es decir, su transformación paulatina hacia un bloque donde conviven turistas y vecinos (aunque no sean locales), derivó en el cese de la comunidad explotadora, dejando en un limbo a sus miembros y abriendo la puerta al despido de trabajadores. 

Mercedes Ortega es una de las propietarias afectadas. Ella reconoce que no sabe “en qué situación administrativa” se encuentra su propiedad en estos momentos. La adquirió en 2014 “sabiendo que pertenecía” a un edificio de uso turístico y que “no puede residir” en ella. Cree que los compradores extranjeros han pretendido adueñarse poco a poco de las plazas alojativas para arrinconar y provocar la salida de la explotadora, a la que pertenecía. “[Éramos] nuestra propia empresa”, lamenta. 

Ortega admite que existe una guerra abierta entre extranjeros y residentes. Que su objetivo es lograr el uso residencial del edificio y que ella y otros titulares han propuesto “convivir, pero no han querido”. Janda, por su parte, añade que dio tres meses a la unidad de explotación para alcanzar un acuerdo que hiciera más atractiva, en su opinión, la adhesión a la comunidad. Pero tampoco lo hubo. En la junta en que se acordó su clausura, 51 titulares votaron a favor, 22 en contra y uno se abstuvo. En la misma se abrió “un amplio debate entre los propietarios presentes”, reza el acta. 

La “confrontación” es evidente, agrega Francisco Socorro, director de la unidad de explotación, y es posible que vaya a más, profundiza, porque a ojos de la ley “todos los apartamentos están ilegales”: los que no estaban en la comunidad, por no estarlo; y los que sí lo hacían, por su cese. “[Los propietarios] tienen una incertidumbre terrible. No saben qué es lo que va a pasar. Hay gente que tiene una pequeña paga y necesita su renta turística, pero ahora… Van a seguir pagando la comunidad [cuya cuota fija en estos momentos asciende a los 215 euros mensuales], pero no van a cobrar ingresos” a partir de mayo del año que viene.

Explica Socorro que las zonas comunes y el mantenimiento no se verán perjudicados por la baja de la explotadora. Lo que sí habrá que reducir es el tamaño del personal. En Los Aguacates, once personas asumen labores de recepción, socorrismo o cuidados. Manolo Santana, que lleva más de 30 años trabajando en el complejo, asevera que “nadie” se ha reunido con ellos para tratar este asunto. Janda confiesa que la plantilla “se tendrá que despedir”. Santana, por su lado, insiste. “Se oyen, se conocen cosas… Pero no tenemos información de nada”. 

“El mensaje que recibimos continuamente es que se gasta mucho dinero en nosotros”, apunta Claudia Formento, delegada sindical de los empleados del establecimiento. “Estamos completamente desprotegidos. Todo lo que debería ser un presidente: dialogador, explicativo… No, él lo hace bajo amenazas y presiones psicológicas”, destaca en alusión a Jordi Janda. La relación entre los trabajadores y gran parte de los propietarios extranjeros también ha convulsionado. Es más tensa que antes. En todo el inmueble se respira esa hostilidad. 

El último episodio convulso llegó el pasado 22 de noviembre. Dos inspectoras de la Consejería de Turismo del Ejecutivo regional, acompañadas de dos agentes de la Policía Canaria, se personaron en el complejo tras la comunicación del cese de la unidad explotadora. Comprobaron que esta sigue operando, pero solo con las reservas realizadas con anterioridad a la notificación, y que están siendo comercializados 43 apartamentos. Había cincuenta integrados en la comunidad, pero seis decidieron rescindir sus contratos de forma anticipada y uno solo tenía un acuerdo de explotación parcial con uso propio. 

El acta de inspección puntualiza que “en ningún caso” está permitido el alquiler turístico y que “todas las unidades” del inmueble “deben explotarse bajo el principio de unidad de explotación”. Al igual que indicó el Cabildo de Gran Canaria, el Gobierno autonómico remarca que el cese de la explotadora “no comporta el cambio de uso de la edificación” ni tampoco entierra su “naturaleza de apartamento turístico”, por lo que insiste en la obligación de encontrar una nueva “entidad” que se haga cargo de la totalidad de las plazas. 

Para Carmelo León, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), el mandato de que una sola empresa o comunidad gestione los apartamentos turísticos en el Archipiélago es un error. Él cree que la ley otorga un “poder monopolístico” a esas entidades, que necesitan a más de la mitad de los propietarios para reclamar la gestión del resto, aunque estos no quieran. A su juicio, la norma debería ser “más flexible”, permitiendo una “diversidad” operativa bajo un paraguas conjunto. 

León también es crítico con la residencialización. Dice que es un fenómeno contrario a la ley que genera pérdidas económicas millonarias. Entre 2009 y 2023, poco más de 93.000 plazas turísticas extrahoteleras abandonaron las unidades de explotación en Canarias para ser gestionadas por sus propios dueños. De acuerdo con el experto, las Islas pierden al año 6.367 millones de euros por esto, dejan de recaudar 1.291 millones y no generan 102.864 empleos. 

La presidenta de la Plataforma de Afectados por la Ley Turística (PALT), Maribé Doreste, manifiesta, en cambio, que los propietarios de apartamentos salen de la explotación porque las empresas “han sido unas verdades explotadoras”, como su propio nombre indica. Ella considera que los titulares “mueven más dinero” si los gestionan por su cuenta, “pagan impuestos” y “dejan en vergüenza” a las mercantiles que venían haciéndolo. 

“Aquí lo que se ha producido es un enorme abuso”, remacha Doreste. “La ley que promueve la especialización de usos es un error, un desplazamiento poblacional”. En caso de aplicarla, continúa, debería ser a partir del año de su aprobación, de 2013, “porque antes, ya nosotras estábamos aquí”. Ella reside, de hecho, en un complejo donde se dan todas las modalidades posibles: explotación turística, residentes, segunda residencia… Y subraya que no ha habido ningún problema hasta ahora. 

Doreste revela que la PALT cuenta con dos recursos de casación admitidos a trámite en el Supremo sobre esta cuestión. Espera que el alto tribunal les dé la razón y sentencie que la polémica norma canaria no puede emplearse con carácter retroactivo. “No puedes pretender que lo que yo tengo, que es legal y lo ha sido siempre, ahora digas que no, que somos unos ilegales. Eso no es verdad”, concluye. En Los Aguacates, reconoce Janda, también esperan que el Supremo siente jurisprudencia. 

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana anunció en febrero de este año que iba a cambiar el planeamiento para permitir el uso residencial en las zonas turísticas del municipio. Este periódico ha preguntado al Consistorio si ha avanzado en esa medida, que implicaría actualizar el PGO, pero hasta el momento de la publicación de este reportaje no ha obtenido respuesta.