El juez del Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas, Tomás Martín, ha terminado de interrogar este miércoles a los imputados por la Guardia Civil en la denominada 'operación Ladrillo', que afecta a una decena de agentes del Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC).
A lo largo de la jornada declararon cuatro de los implicados, entre los que se encontraba el subinspector de la Policía autonómica, Carmelo Sosa, cuya intervención había decidido dejar para el último día el juez Martín. El agente H.L., principal denunciante, mantuvo el pasado lunes en el Juzgado haber sufrido una supuesta agresión de Sosa, para posteriormente achacar la misma a un detenido.
La Guardia Civil detuvo a mediados del pasado marzo a los agentes e imputó a la mayor parte por omisión del deber de perseguir un delito. Sin embargo, a parte de los implicados, entre los que se encuentra el subinspector, les imputa también los delitos de falsedad documental, detención ilegal y 'mobbing' o acoso laboral.
La supuesta detención ilegal se llevó a cabo durante la final de la competición oficial de murgas de los pasados carnavales de la capital grancanaria. Al parecer, el informe recogía una agresión que el detenido nunca cometió y que pudo ser inducida por el superior en Las Palmas a posteriori. En el momento de las detenciones, trascendió en diversos medios de comunicación el afán de Sosa por tratar de justificar los resultados de la plaza que ocupa de manera provisional y la orden del juez de intervenir los teléfonos para tratar también de esclarecer si existe un posible afán recaudatorio en la labor policial.
Una vez concluida esta primera fase de las diligencias previas de la 'operación Ladrillo', el juez tomará declaración a varios testigos antes de decidir si cierra ya la instrucción.