Un año de prisión y 720 euros de multa. Esa ha sido la condena de conformidad que el juzgado de lo Penal número 2 de Santa Cruz de Tenerife ha impuesto a Manuel Vicente Marreño Acuña, armador grancanario, por dejar a su suerte durante meses a la tripulación del Guajira cuando en 2006 Capitanía Marítima de Santa Cruz de Tenerife prohibió al buque volver a navegar. Pese a ser leve, es una de las primeras sentencias en Canarias contra un armador por las condiciones laborales a las que tenía sometidos a sus marineros.
Manuel Marrero Acuña ha sido condenado por un delito contra los derechos de los trabajadores. Los siete marinos que integraban la tripulación del Guajira, buque de la empresa de Marrero, Granince, quedaron sin el amparo de su armador desde el día en que el barco fue retenido en la dársena pesquera. También quedaron sin alimentos, ni agua, ni posibilidad de regresar a su país. Sobrevivieron a bordo cuatro meses unos, once meses otros, gracias a la caridad del Apostolado del Mar desde el Stella Maris y los sindicatos de la Marina Mercante.
Según la sentencia, a la que ha tenido acceso CANARIAS AHORA, los siete marinos fueron contratados entre 2005 y 2006 por Smart International Marine Services, una suerte de agencia de contratación radicada en Quezon City (Filipinas), para Galway Marine S.A., empresa de la que el condenado Manuel Marreño era representante legal. Galway Marine proporcionó esta mano de obra al Guajira.
Se trataba de Carlos V. Nisola, primer oficial; Rico Betonio Timbal, marinero especialista; Néstor Solís Obillos, engrasador; Henry B. Bacosa jr, contramaestre; Leonard A. Quitong, segundo maquinista; Filipo Edgardo T. Iligan, jefe de cocina, y Noni John O. López, marinero ordinario. Fueron contratados por 12 meses y sueldos que oscilaban entre los 1.150 y los 290 dólares USA (entre 846,6 y 213,5 euros).
Cuando el Guajira atracó en la dársena pesquera de Santa Cruz de Tenerife, los servicios de Inspección de Capitanía Marítima le hicieron una visita y detectaron nada menos que 29 irregularidades, cinco de las cuales impedían la navegabilidad. Entre otros fallos, el Guajira carecía de sistema de detección de incendios, no funcionaba la bomba de incendios de emergencia y de la sonda, y la luz de emergencia era insuficiente. Además, las cuadernas estaban corroídas, así como los refuerzos para las bodegas. Todo ello contraviene, según la sentencia, el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar.
Sin cobrar, sin descansar y sin documentación
Si el barco estaba en condiciones deplorables, lo mismo podía decirse de los siete marinos, que no habían tenido descanso desde que fueron enrolados, algunos, como Noni John, desde junio de 1005, y que ni había oficial de máquinas sino que toda la responsabilidad y el trabajo recaía en el jefe de máquinas, “con el consiguiente peligro para la nave y sus tripulantes”, reza la sentencia.
Todos los contratos “habían sido prorrogados más allá del tiempo de enrole inicialmente concertado, sin desenrolarse previamente y sin periodos intermedios de descanso”. A esta explotación de los trabajadores se suma que Manuel Marrero Acuña les debía parte de los salarios: el 20 por ciento que se pagaba a bordo de los meses de octubre y noviembre de 2006, y el 80 por ciento que se abonaba en Filipinas desde junio de ese año.
Con el barco retenido, Marrero ofreció a los marineros abandonar el Guajira para trabajar a bordo de otro barco de su naviera, el Tribox, pero los siete filipinos se negaron, exigieron sus salarios y como era obligación de Galway Marine S.A, que les abonasen el billete de regreso a Filipinas.
Marrero se quedó con los pasaportes, las licencias de marino panameñas y las cartas marítimas de sus tripulantes como medida de presión. Su “ardid” como lo califica la magistrada de lo Penal 2, era evitar pagar los pasajes de regreso. Noni John O. López optó por pagárselo de su bolsillo y se marchó sin sus cartas marítimas ni su licencia, pero los restantes optaron por quedarse a bordo.
Los dejó sin comida ni agua caliente
“Al no lograr el acusado su propósito, y siempre con la finalidad de constreñir a los trabajadores a abandonar el buque y enrolarse en el Tribox, restringió el combustible, los comestibles, los útiles de limpieza y el botiquín de a bordo”. La situación se volvió insostenible, tanto que el contramaestre Henry B. Bacosa sufrió un trastorno depresivo, una posible infección del tracto urinario, una hiperactividad bronquial y una lesión vascular en la pierna derecha.
Durante unos meses aguantaron gracias a la ayuda del Stella Maris, el Bienestar Social de La Marina, el sindicato de sindicatos de la Marina Mercante y otras organizaciones. Carlos V. Nisola, Rico Betonio Timbal y Néstor Solís Obillos pudieron regresar a Manila el 9 de marzo de 2007, tras lograr que el armador condenado les pagara los salarios pendientes y el viaje de regreso.
Henry B. Bacosa, Leonard A. Quitong y Filipo Edgardo T. Iligan no tuvieron tanta fortuna, y se vieron obligados a desistir y dejar el barco unos meses después, el 6 de agosto, sin ver un euro de Marrero Acuña, y según dice la sentencia, no han podido regresar aún a su país. El Guajira está ahora embargado.
Sentencia ejemplar
La causa contra el armador del Guajira fue impulsada por Antonio Padrón, capitán marítimo de Santa Cruz de Tenerife, tras visitar junto con un médico del Instituto Social de La Marina. “Aunque parezca leve es una sentencia importantísima, porque deja clara la responsabilidad del armador respecto de su tripulación”, afirma Padrón.
Manuel Marrero deberá indemnizar con un total de 23.832 euros, incluidos los billetes de avión de regreso a Manila para Bacosa, Quitong e Iligan.