Un hombre de 25 años y vecino de Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria) ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Las Palmas a 42 años y 2 meses de prisión como autor de delitos continuados de corrupción de menores y pornografía infantil, cometidos sobre dieciséis menores, entre ellos, un niño navarro de 14 años.
Los hechos se conocieron en 2012, cuando una madre interpuso una denuncia en la Oficina de Atención Policial de la Policía Foral, en la que informaba de un posible caso de corrupción cometido sobre su hijo menor, remitiéndose atestado al Juzgado de Aoiz e iniciándose la correspondiente investigación.
Un desconocido, tras ganarse la confianza de su hijo, había recibido por Tuenti y WhatsApp fotos íntimas y vídeos de carácter sexual. Prevaliéndose de la vulnerabilidad de los menores les amenazaba con difundir el material si no accedían a sus pretensiones, cada vez más agresivas, ha informado el Gobierno foral en una nota. Intentó acercarse, siendo “amigo”, en dicha red social de otros cuatro menores navarros relacionados con el hijo de la denunciante, siendo rechazado por éstos inicialmente e intentándolo desde un segundo perfil.
Agentes del Grupo de Delitos Informáticos de la Policía Foral localizaron dos perfiles del presunto autor, comprobando sus direcciones IP, localizadas en servidores extranjeros, y vinculándolas a una misma persona, un hombre de Gran Canaria sobre el que pesaban antecedentes policiales por hechos similares. Un cabo y un policía adscritos al Grupo asistieron en calidad de testigos y peritos al juicio oral, que se celebró en abril de este año.
Este caso resuelto de grooming informático (acciones de un adulto para ganarse la confianza de un menor y obtener beneficios sexuales) se coordinó con la Policía Nacional, que investigaba otras dieciséis denuncias en distintas localidades, siendo probados finalmente hechos de pederastia que han conllevado una condena final de más de 42 años, ha añadido el Ejecutivo.
Por el delito continuado de agresión sexual respecto al menor navarro ha sido condenado a dos años de prisión y a una indemnización por daños morales de 3.000 euros, además de la prohibición de comunicarse y acercarse al menor a una distancia mínima de 500 metros durante seis años.