El hospital público más pequeño de Canarias, ubicado en la isla de El Hierro, se ha convertido en un polvorín laboral. Trabajadores y trabajadoras del centro describen un ambiente “insostenible de crispación y frustración”, consecuencia de las decisiones “unilaterales” que ha adoptado la gerencia del complejo en relación con los turnos y repartos de trabajo, las guardias o las localizaciones. A ello se le suma un “sentimiento generalizado de miedo” por la “vigilancia extrema” a la que, dicen, está siendo sometido el personal. Las quejas se suceden mientras algunos especialistas han abandonado el hospital y otros profesionales han pedido activar los protocolos de acoso laboral o, directamente, han denunciado en los juzgados a sus superiores.
Fuentes oficiales de la Consejería de Sanidad afirman que la titular del departamento, la socialista Teresa Cruz, está al corriente de esta situación y ya ha mantenido reuniones con los representantes sindicales para tratar de llegar a acuerdos. Las mismas fuentes señalan que “en los próximos días” está previsto que se produzca un nuevo encuentro entre los trabajadores y la dirección del complejo para “continuar acercando posturas”, una interpretación que dista de la que ofrecen los afectados, que aseguran que, lejos de mejorar, el panorama ha empeorado. Intersindical Canaria (IC) ya ha pedido la destitución del gerente del hospital, Enrique Pérez, a la Dirección General de Recursos Humanos y al Servicio Canario de Salud.
El epicentro de uno de estos conflictos se sitúa en el área de Enfermería de Urgencias. Cinco de las diez profesionales que forman parte del servicio remitieron la pasada semana un escrito dirigido a la consejera en el que alertaban del “deterioro anímico” que están padeciendo como consecuencia de las “imposiciones” de sus superiores jerárquicos. Los señalados son el gerente, la directora de Enfermería, el director de Gestión y la supervisora de Urgencias.
Los turnos de trabajo han sido el detonante. Según el relato contenido en la denuncia a la que ha tenido acceso este periódico, el pasado 16 de enero se celebró una reunión del personal del área en la que se acordó, con el voto favorable de seis de los ocho enfermeros que acudieron a la cita, establecer un sistema de turnos rotatorios, consistente en la sucesión de doce horas diurnas, doce horas nocturnas, un día saliente y dos días libres. Ese mismo sistema se había implantado ya para el personal de la misma categoría que ejerce en planta. La propuesta incluía además la alternancia de trabajo entre Urgencias y las ambulancias de Soporte Vital Avanzado, una fórmula que colmaba las expectativas de la mayoría de los profesionales al establecer lo que consideraban una distribución más justa de las cargas asistenciales.
Sin embargo, a los cuatro días de esa reunión y “sin dar más explicaciones”, la supervisora informó verbalmente de que nada de lo acordado se llevaría a término “por orden de dirección”. Las afectadas explican que 24 horas después recibieron un comunicado donde se anunciaba que cualquier modificación quedaba pospuesta hasta 2021 por “no haber llegado a un consenso definitivo”. De esta manera, el equipo de Enfermería ha vuelto a quedar dividido en dos. Cinco de ellas, las denunciantes, siguen prestando turnos de siete horas diarias en Urgencias, y el resto, de 24 horas de guardias en ambulancias, con una carga de trabajo inferior.
Las firmantes del escrito enviado a la consejera precisan que no se trata de una pugna entre profesionales, sino de una reivindicación para que la gerencia fije un reparto más equitativo del trabajo y evitar el agravio comparativo tanto con sus compañeras de planta como con las destinadas a las ambulancias. “La propuesta de la dirección de Enfermería de dedicar la actividad laboral a la formación para los enfermeros de SVA (ambulancias de Soporte Vital Avanzado) mientras toda la carga asistencial cae sobre una sola enfermera en Urgencias nos parece, además de injusto, totalmente inapropiado para el normal desarrollo de la actividad asistencial”, afirman las trabajadoras, que no entienden que se establezcan diferencias laborales entre profesionales con la misma formación y categoría y adscritos al mismo servicio.
El escrito califica a la directora de Enfermería, Isabel de los Reyes, de “persona impositiva”. Las trabajadoras denuncian, entre otras cuestiones, los problemas para conciliar la vida familiar y laboral en un hospital que se sostiene con profesionales que, en su mayoría, “no son autóctonos”, o las “cortapisas” a la hora de cambiar los turnos. “No son un capricho, sino en muchos casos una necesidad, porque una isla tan pequeña tiene muchas limitaciones y hay que resolver muchos asuntos fuera de ella”, justifican. Aseguran también que su jefa les impone tareas que no son propias a su cualificación, como hacer un inventario del material, “teniendo que intercalar esta actividad entre asistencias, habida cuenta de que solo hay una enfermera para atender a los pacientes”. La cuerda se ha tensado hasta tal punto que algunas profesionales con más de dos décadas en el servicio se están planteando pedir el traslado a otra gerencia y movilizar a sus familias. Una de ellas ha presentado una denuncia por acoso laboral en los juzgados de la isla después de que se le impidiera el acceso a una reunión.
Este periódico ha intentado recabar la versión de los cargos señalados sobre estos hechos, pero la Consejería de Sanidad se ha limitado a anunciar en su respuesta la próxima convocatoria de una reunión para tratar de encontrar vías de salida al conflicto laboral.
“Un retroceso enorme”
Para Patricia Hernández, delegada de Intersindical Canaria (IC), el Hospital Nuestra Señora de los Reyes ha experimentado “un retroceso enorme” con el nuevo equipo de dirección. La central asegura que no se trata de casos aislados, sino de un sentir generalizado de la plantilla, un ambiente “hostil” que, en opinión de la representante de los trabajadores, “en nada responde” a las expectativas que había generado un gobierno de signo progresista en las Islas.
El sindicato se reunió la pasada semana con la consejera Teresa Cruz para trasladarle documentación sobre las irregularidades detectadas en los últimos cinco meses, desde la llegada del nuevo gerente. Irregularidades que están vinculadas a la adopción de decisiones sobre condiciones de trabajo de manera unilateral, sin negociación, a los criterios de selección para los contratos del personal o a las guardias y localizaciones. En relación con este último aspecto, un ingeniero técnico industrial que presta servicios en el hospital como personal laboral desde hace años ha solicitado la activación de un protocolo de acoso laboral después de que el director de Gestión decidiera que, “hasta nueva instrucción”, dejara de realizar cualquier servicio de localización que venía prestando fuera de su jornada laboral para solventar de manera inmediata las incidencias que se pudieran registrar en los equipos de electromedicina del centro.
IC ha pedido además un informe sobre el tratamiento de las imágenes obtenidas a través de las cámaras de seguridad instaladas para “controlar el movimiento del personal”. “Los trabajadores se sienten vigilados, tienen pánico”, afirma su delegada, que concluye que, en caso de no ver satisfechas sus pretensiones, el sindicato iniciará movilizaciones.