La consejera de Educación del Gobierno de Canarias, Soledad Monzón, manifestó este martes en el Parlamento que tiene fe en que el gasto educativo alcanzará en las islas el 5% del PIB en 2022, como establece la Ley Canaria de Educación, y pidió al diputado de Nueva Canarias Luis Campos que tenga la misma fe que ella.
Sin embargo, Luis Campos, que había solicitado la comparecencia de la consejera en comisión parlamentaria, dijo que los actos de fe están para otras cosas, a la vista de que el Gobierno canario ha disminuido el gasto educativo con respecto al PIB en los dos últimos presupuestos autonómicos y se sitúa en 3,5%.
Los hechos muestran que “en los presupuestos de 2015 y 2016, el Gobierno de Canarias no avanza hacia ese objetivo de gasto educativo”, denunció Luis Campos, quien acusó al ejecutivo de prescindir de herramientas esenciales, como dedicar parte del IGTE a financiar infraestructuras educativas o utilizar el margen fiscal de que dispone para invertir en enseñanza.
El diputado advirtió a la consejera de que no le va a dar ni un solo día de margen a ese plazo legal para que el gasto educativo alcance el 5% del PIB, porque ese objetivo ya es poco ambicioso de por sí, ya que para acercarse a la media europea debería estar en el 7% o el 8%.
En ese camino hacia 2022 “ya van dos balas perdidas”, los presupuestos de 2015 y 2016, de modo que “el horizonte se aleja más”, y “toda la responsabilidad es del Gobierno de Canarias”, insistió.
Luis campos exigió sin éxito a la consejera que, en vez de actos de fe, facilitara un calendario de financiación para la aplicación de la Ley Canaria de Educación, cuya implantación acumula retrasos de más de un año, según reconoció la propia Soledad Monzón y denunciaron los grupos parlamentarios de la oposición.
El diputado de Nueva Canarias admitió que hay puntos de la Ley Canaria de Educación que dependen de voluntad, organización y decisiones políticas, pero “los ejes decisivos para dar un salto en la calidad” solo son posibles con un marco financiero adecuado
Esos ejes decisivos cuyo denominador común es la financiación son, entre otros, implantar la educación infantil de cero a tres años, construir y renovar centros educativos, contar con un profesorado formado y de calidad y en número adecuado y promover la enseñanza de idiomas, la educación de adultos y la formación profesional.
Pero la consejera contestó que no va a hacer una ficha financiera anual hasta 2022, entre otras razones porque el diputado reclamaría su cumplimiento, cuando no depende de ella sino de muchos factores.
De todos modos, pidió “un acto de fe” al diputado porque se cumplirá el objetivo de 2022 y adelantó que en este ejercicio de 2016 habrá ya un incremento presupuestario, cuya cuantía no precisó, por fondos que van a llegar “en cualquier momento” del Estado y por fondos del Gobierno de Canarias.
Soledad Monzón dijo que el crecimiento del presupuesto educativo en 2016, de un 1% respecto a 2015, “no es lo que quiere esta consejera ni lo que quiere el Gobierno”.
Pero añadió que ha intentado concentrar el incremento en las partidas más sociales, como los comedores escolares, el transporte, la atención a la diversidad, la formación profesional y los idiomas.
Garantizó que el incremento presupuestario para alcanzar el 5% del PIB en 2022 será progresivo, “en la medida que se pueda”, y no sólo en los dos últimos años.
La consejera admitió los retrasos en el desarrollo de la Ley Canaria de Educación, aprobada en julio de 2014, y que establecía plazos de implantación en muchos casos ya cumplidos.
Soledad Monzón se quejó de que cuando llegó a la Consejería “no había ni calendario”, lo que obliga al nuevo equipo a aprobar un decreto con un calendario que ya de entrada va a incumplir los plazos previstos en la ley porque ya han pasado.
Tampoco había una evaluación previa de las actuaciones que se estaban desarrollando, así que ahora el nuevo equipo tiene que realizarla para planificar lo que se quiere realizar en adelante en programas como enseñanza de idiomas o integración para la diversidad, explicó.
La consejera informó a la comisión de los principales ejes para la implantación de la Ley educativa, así como de los nuevos plazos, una vez superados los legalmente previstos.
Así, confió en que para octubre, con más de un año de retraso, estará concluido el plan de implantación de la educación infantil hasta 3 años, que se está tratando con la Federación Canaria de Municipios.
Antes de fin de año podría estar el plan de absentismo escolar, también un año después, así como la instalación de la banda ancha en todos los centros.
Otros planes en marcha son los de revitalización de las residencias escolares y el plan de igualdad de genero.
En el caso del plan de aprendizaje de idiomas, para lo que la Ley daba tres años de plazo, la Consejería está intentando adelantar su aplicación, al igual que el plan estratégico de atención a la diversidad y el plan de formación del profesorado.