Una constructora arruinada, un edificio en subasta y 13 familias de Gran Canaria a punto de ser desahuciadas

En la calle Pavía, en el barrio de Guanarteme (Las Palmas de Gran Canaria), frente al colegio Fernando Guanarteme y a pocos metros del centro comercial Las Arenas y la playa de Las Canteras, se está viviendo uno de los capítulos más distópicos de la emergencia habitacional que sufre Canarias desde hace tiempo, casi como si se tratara de una enfermedad crónica de la que no puede curarse.

Un día cualquiera en el último mes, los vecinos del edificio Pavía despertaron y empezaron a observar cómo varios curiosos se postraban delante del bloque donde residen a observarlo durante minutos. Algunos de ellos, desconocidos para los residentes, han llegado a tocar el timbre de los pisos y han pedido subir a ver los domicilios, como si estuvieran contemplando un escaparate. El motivo de la visita no es otro que la presencia de la edificación en el portal Idealista. Los 13 pisos del inmueble están siendo subastados por la empresa IAG Auction, afincada en Barcelona. 13 pisos donde conviven familias vulnerables, niños y personas en riesgo de exclusión social, indican los habitantes de los mismos.

La historia de por qué un número tan elevado de núcleos familiares puede acabar en la calle tiene que ver con la empresa Estudios y Proyectos Canarios S.L. Esta compañía, creada en el año 1999 y especializada en la construcción y promoción de todo tipo de inmuebles, llegó a un acuerdo con los propietarios de varios solares en Guanarteme en 2007 para construir grandes apartamentos de hasta siete plantas en esos terrenos. A cambio, estos pequeños propietarios recibirían un nuevo piso reformado y amplio, diferente a lo que ya tenían. Y mientras la constructora se encargase de las obras, ellos estarían realojados en el edificio Pavía, también de la misma mercantil.

El problema es que Estudios y Proyectos Canarios quebró. La crisis financiera se comió a una empresa que en 2014 inició un plan de liquidación de su patrimonio para saldar la deuda con sus acreedores, entre los que se encontraban Caixa Bank, Banco Santander, Bankia y Bankinter. Al ser estas entidades bancarias, varias fuentes expertas en el procedimiento concursal sugieren que la sociedad se habría visto obligada a satisfacer primero los créditos con privilegio especial, aquellos vinculados con hipotecas inmobiliarias o mobiliarias.

En este sentido, Estudios y Proyectos Canarios ha ido poniendo en manos de sus deudores los activos con los que contaba, entre ellos los solares que pertenecían a las familias de Guanarteme y ahora también el edificio Pavía, donde se habían alojado hace más de una década estas mismas personas en lo que iba a ser una estancia “provisional”, según aseguran que les prometió la empresa. Ellos denuncian ahora que el administrador concursal del procedimiento no les ha compensado por los terrenos que les correspondían en un principio y que tampoco recibieron una notificación de la subasta del piso en el que habitan. Este periódico se ha puesto en contacto con dicha asesoría este viernes, pero no ha recibido respuesta.

“Estas familias no tienen alternativa. Hay gente mayor, niños pequeños… Es un atropello”, relata angustiada una de las damnificadas, Carmen Díaz, quien precisamente contaba con su solar al lado del edificio Pavía, y ahora tiene que ver todos los días cómo construyen en una pacerla que hace años era suya. “Yo ya no puedo pasar por ahí. Cuando veo que en mi solar están construyendo y yo me quedo sin nada, no puedo dormir. Fue una herencia de mi padre”.

En este caso, el solar de Díaz estaba vacío. Pero es que otros afectados ya tenían en el suyo un domicilio que pretendían cambiar por el proyectado por Estudios y Proyectos Canarios. Al igual que Díaz, se han quedado con las manos vacías.

“Yo he perdido mi casa. Está casi en ruinas y no nos podemos meter dentro a vivir. Y tampoco sabemos si la ha comprado alguien o no”, apunta una de las vecinas afectadas, que prefiere no revelar su identidad. “La concursal dice que nosotros sabíamos todo esto [lo de la subasta]. No es verdad. A nosotros no se nos ha avisado de nada. No nos pueden echar a la calle sin nada. A una persona de 80 años, que hace dos meses le dio un infarto, ¿cómo le puedes decir que la vas a echar a la calle?”.

La subasta del edificio Pavía comienza el 21 de octubre y finaliza un mes más tarde. Hay pisos con un precio de salida de poco más de 40.000 euros y otros por encima de los 80.000. En la zona en la que se encuentra, justo al lado de la playa más visitada de la capital grancanaria, el coste está muy debajo de lo que suele verse en los portales inmobiliarios. Hay quienes temen que un fondo de inversión se haga con todos los apartamentos para turistificarlos.

“A las personas que viven aquí ni siquiera se les ha dado un trato preferente para la adquisición de esas viviendas”, se queja una de las familiares de Díaz. “El temor que tenemos es que llegue un tiburón inversor. Ya hemos visto a gente emperchada contando los pisos. Nunca pensamos que llegaríamos a esto”. Cuando finalice la subasta y se adjudique el edificio a un comprador, el paso posterior es el comienzo de un procedimiento de desahucio, un trámite que en el Archipiélago se da más que en ninguna otra comunidad autónoma.

Solo en el segundo trimestre de 2022, y con el decreto antidesahucios en vigor, en Canarias hubo 720 lanzamientos (por impago de alquiler, hipoteca u otros), una tasa de 33,1 casos por 100.000 habitantes, solo superada por Murcia (35,7), según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Aunque fueron un poco menos que en el mismo periodo de 2021, Fernando Rodríguez, director de Provivienda en las Islas, teme que lo peor puede estar por venir cuando la normativa que protege a las familias vulnerables decaiga.

“Sé que se están paralizando muchos desahucios gracias a los informes sociales que elevan los ayuntamientos. Pero la principal preocupación es qué pasará en el futuro [el 1 de enero de 2023 finaliza el decreto]. La deuda de esos arrendadores se está acumulando, al igual que la de las compañías eléctricas por la suspensión del corte de suministros básicos”, advierte Rodríguez.

Para más inri, Canarias es la región española que menos ha incrementado el número de viviendas de protección oficial con respecto al total de domicilios construidos entre 1981 y 2019, según el Observatorio de Vivienda y Suelo, dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Por poner un ejemplo: en Asturias, mientras el 60% de todos los hogares que se levantaron en esas cuatro décadas eran de protección oficial, en Canarias, solo el 10%. “Esto es un ejemplo más de la problemática en torno a la vivienda que sufrimos en el Archipiélago, donde prácticamente no hay oferta de pisos sociales y hay más de 15.000 solicitantes de uno”.

El caso del edificio de Guanarteme recuerda mucho al que se vivió hace unos años en Añaza, Santa Cruz de Tenerife. En esa ocasión, el Gobierno de Canarias compró por casi 25 millones de euros dos edificios con 358 casas de protección oficial al banco Santander para evitar que la entidad los vendiera a un fondo buitre. Los vecinos de los bloques también habían recibido amenazas de desahucios y fueron salvados por esta compra. Luego pasaron a tener como casero a la empresa pública de promoción de viviendas protegidas (VISOCAN), una relación que también tuvo sus más y sus menos y ha dado para otra historia.