Diez años sin construir vivienda pública y alquileres desorbitados agravan la otra crisis sistémica de Canarias

La falta de vivienda es uno de los mayores problemas a los que se enfrenta Canarias desde antes de la crisis del coronavirus. Hace diez años que no se construye vivienda pública y esta comunidad no ha contado con un plan actualizado por parte del Gobierno de Canarias desde el año 2012. La crisis de 2008 hizo mella en el sector de la construcción en las Islas y paralizó obras, que ahora se pretenden impulsar por el actual Ejecutivo. Para esta legislatura hay prevista la construcción de 2.200 inmuebles, un paso después de años de parálisis, pero que no cubrirá la demanda actual.

De acuerdo con el registro público de Canarias, un total de 17.023 personas son demandantes de vivienda. Una cifra que, según destacó el Ejecutivo en el anuncio del nuevo plan de vivienda, contrasta con las 138.262 casas que se encuentran vacías en el Archipiélago. La patronal de la construcción pide que se aceleren las licitaciones para que las viviendas sociales planificadas se empiecen a construir cuanto antes.

Paralelamente, las capitales se han caracterizado en los últimos años por ofertar alquileres a precios desorbitados. Si se consultan los portales de búsqueda de vivienda se puede constatar cómo un pequeño piso de apenas 35 metros cuadrados, con una habitación, cocina y salón, que a veces no tienen tabiques de separación entre ellos cuesta un mínimo de 400 euros al mes en la capital grancanaria. Según los últimos datos de los que dispone el portal de viviendas Idealista, por ejemplo, en Las Palmas de Gran Canaria el metro cuadrado en alquiler se sitúa en 10,2 euros; a 8,5 euros en Santa Cruz de Tenerife, 8,4 en Arrecife y 7 euros en Puerto del Rosario.

Desde ese portal informan de que no han apreciado una avalancha de pisos que se quieran ofertar en Canarias tras las caídas de reservas experimentadas por el alquiler vacacional (que estiman pérdidas de 150 millones). Sí añaden que se han dado casos puntuales, pero no disponen de datos específicos aún. Estos casos los han detectado por el tipo de fotos que suben estas plataformas a la web para anunciarse y por los precios elevados, no acordes al mercado, algo de lo que se han dado cuenta estos anunciantes, pero han reaccionado rápido y los han tenido que bajar. También se les detecta porque buscan un tipo de alquiler por temporada, con contratos por menos de un año, a la espera de cómo evoluciona el turismo, probablemente.

No obstante, el mercado del alquiler en general se encuentra estancado estos meses por el hecho de que los inquilinos no pueden salir a visitar esos pisos. Si bien es cierto que en portales como este se puede incluso realizar el contrato online, la persona que quiera alquilar se vería con el problema de que no puede realizar la mudanza, por lo que no se está produciendo movimiento. Por ello, insisten en que el mercado se encuentra a la espera de ver qué ocurre tras el estado de alarma.

Renta básica y alquiler

Movimientos sociales piden una renta básica que permita paliar los efectos de esta situación, más allá de las ayudas del real decreto estatal. El Gobierno canario ha decidido recientemente eximir del pago de sus rentas a los inquilinos de viviendas sociales; una medida de la que se beneficiarán 17.253 unidades familiares. Además, la empresa pública Visocan ha anunciado una serie de medidas para atajar esta crisis. Por un lado, a los inquilinos con ayuda al alquiler se les bonificará la totalidad de la renta y los gastos facturables mensuales correspondiente a la vivienda (mantenimiento, IBI, basura y seguro de incendios), durante los meses de abril, mayo y junio. Por otro, los que no cuentan con estas ayudas podrán acogerse a una bonificación del 50% de sus rentas justificando que están en situación de desempleo, afectados por ERTE o una reducción de jornada.

Para el Sindicato de Inquilinos, las medidas anunciadas por el Gobierno estatal son insuficientes. La abogada y miembro de este sindicato en Gran Canaria, Isabel Saavedra, explica que la mayoría de familias que solicitan el asesoramiento del sindicato son las más precarizadas de la sociedad. En gran parte viven de la economía sumergida: cuidando personas mayores, en labores de limpieza, realizando pequeños trabajos de obras… que a veces combinan con una mínima prestación de 400 euros. Considera que más que una moratoria, en el caso de viviendas propiedad de bancos, entidades inmobiliarias, empresas que se dedican a especular con la vivienda, debería perdonarse esta renta directamente y que el Ejecutivo asumiera el pago. Por ello, el sindicato mantiene la huelga de alquileres que comenzó el 1 de abril y a la que se unen movimientos sociales de todo el país.

A pesar de que para la abogada el decreto estatal sí que incluye “medidas sociales interesantísimas desde el punto de vista social y económico”, si hay una medida que cree que sí que ayudaría a paliar la situación de estas familias es la aplicación de una renta básica; es decir, garantizar un mínimo de ingresos a las personas para hacer frente a sus pagos. Se trata de una iniciativa que sí que ha sido contemplada ya por el Ejecutivo regional a propuesta de la Consejería de Derechos Sociales, liderada por Noemí Santana (Podemos) y una línea en la que según ha anunciado el vicepresidente del Gobierno estatal, Pablo Iglesias, se está trabajando. La idea es que exista un “ingreso mínimo vital lo antes posible”.

El Gobierno de Canarias anunciaba el pasado miércoles que sí que pondrá en marcha una prestación canaria de emergencia, que será “de implantación inmediata” y que hará de transición entre la PCI y la renta de ciudadanía recogida en el Estatuto.