MÁLAGA, 6 (EUROPA PRESS)
El Juzgado de Menores número 1 de Málaga tiene previsto continuar este lunes el juicio iniciado la pasada semana contra el menor detenido y acusado de la muerte de María Esther en la localidad malagueña de Arriate, ocurrida en enero de este año, con la práctica de las pruebas periciales.
La Fiscalía y la acusación particular, en representación de la familia de la víctima, han pedido ocho años de internamiento, seguidos de cinco de libertad vigilada para el menor, al que acusan de un presunto delito de asesinato; mientras que la defensa ha pedido inicialmente la absolución.
Los padres de la víctima, que han asistido a todas las sesiones del juicio, han pedido “justicia” y que se cambie la legislación, al considerar que “la pena máxima sería cadena perpetua” y no la que prevé la Ley del Menor. Además, lamentaron que el joven “va a salir dentro de equis años, pero mi niña no va a salir de donde está”.
La vista oral, celebrada a puerta cerrada, comenzó el pasado día 2 de noviembre, con la declaración del menor, que mantuvo su inocencia, como ya hizo en la anterior comparecencia ante el juzgado. Además, declararon unos 25 testigos, entre ellos, parte de la familia del acusado.
Tras finalizar la sesión, la abogada de la familia de la víctima, Bárbara Royo, consideró que “la coartada que la familia da al acusado se ha caído, porque se contradicen entre ellos”; mientras que el letrado defensor, Andrés Gálvez, consideró que “no hay ningún tipo de prueba, son todas meras sospechas”.
Respecto a la situación del acusado, el Juzgado acordó el 4 de febrero el internamiento preventivo en régimen cerrado por seis meses, tiempo prorrogado en agosto por tres meses más. No obstante, las acusaciones solicitaron otra medida cautelar, al cumplirse el tiempo máximo de nueve meses de internamiento.
Así, en una vista celebrada el jueves día 3 de forma separada al juicio, tanto la Fiscalía como la acusación particular pidieron una medida de convivencia en grupo educativo, es decir, el ingreso en un piso tutelado; y el alejamiento de Arriate, lo que finalmente fue decretado por el juez.
Según la acusación particular, la decisión fue tomada atendiendo “sobre todo a la gravedad del delito” del que se le acusa, asesinato, aunque también las penas solicitadas por las acusaciones y teniendo en cuenta “el riesgo de que pueda pasarle algo al menor o a testigos”.
Al respecto, la defensa anunció su intención de recurrir la decisión y consideró que se trata de “meter un caballo de Troya”. Asimismo, recordó que el menor “no está condenado”, por lo que a su entender “otras medidas cautelares ya no tienen sentido”. “Se están cebando con el menor”, apuntó.
También han declarado otros 23 testigos, tras lo que para la acusación particular quedó “absolutamente descartado que el menor estuviera días antes en la caseta --donde apareció el cuerpo de la niña-- revolviendo piedras para buscar unos ordenadores que habían desaparecido en octubre”.
Royo precisó que, por tanto, “se cae la coartada que nos cuenta el acusado acerca de la razón por la que había ADN suyo en la caseta”. Además, han comparecido los peritos forenses que ratificaron la autopsia y agentes de la Guardia Civil que participaron en las inspecciones oculares.
Mientras que para la abogada de la familia, con las testificales de los agentes quedó acreditado la “validez” de las pruebas biológicas obtenidas durante la investigación y que se respetó la cadena de custodia; para el letrado del menor se pusieron de manifiesto determinadas “contradicciones”.