¿En qué ha fallado España en su gestión de la pandemia? ¿En qué ha acertado? La comunidad científica e investigadora tiene claro que solo una evaluación independiente podrá determinarlo, aunque ya avanza que parte de lo que está sucediendo es fruto del “ansia” de correr en la desescalada.
Días después de que una veintena de investigadores y científicos pidiera en una carta publicada en The Lancet que un grupo de expertos nacionales e internacionales hiciera esta evaluación independiente, tres de los impulsores, Helena Legido-Quigley, Alberto García-Basteiro y Joan Carles March, cuentan su visión de la situación.
La iniciativa partió de Legido-Quigley, experta de sistemas de salud pública, cuando conoció la intención de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de encargar una evaluación para conocer la respuesta mundial a la crisis sanitaria, algo que consideró que debía hacerse también en España.
“Nosotros no queremos buscar culpables. Esta evaluación tiene que buscar las cosas que han ido mal, también las cosas que se han hecho bien, porque también las ha habido, y lo fundamental es dar recomendaciones para prepararnos para próximas olas y nuevas epidemias”, sostiene la investigadora, que es tajante al subrayar que “nadie” debe buscar rédito político de la propuesta.
García-Basteiro también incide en esa idea, porque “hay que normalizar” las evaluaciones, que, por otra parte, no son “ningún examen”. “No es ninguna búsqueda de cabezas de turco, ni mucho menos”, enfatiza el investigador del Instituto de Salud Global de Barcelona.
Lo que pretende, explica, es ver en qué debe mejorar España y “siempre es mejor” que la evaluación, para que no sea sesgada, la haga un grupo independiente de expertos, “si puede ser con carácter internacional”.
Fue así como el profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública Joan Carles March comenzó una ronda de contactos con profesionales de distintos ámbitos para que participaran en la petición en “The Lancet”, siempre con la intención de que el análisis “no se centre en la gestión que ha hecho el Gobierno central, ni mucho menos”.
Sin embargo, March dice ser consciente de que necesitan el apoyo del Ejecutivo para poder llevarla a cabo, algo que ya se ha planteado el Ministerio de Sanidad desde hace unos meses, tal y como reconoció el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, hace unos días.
Desde el propio Ministerio han trasladado a este grupo de expertos, según March, que la idea es ponerse de acuerdo y unirse para ver el proceso a seguir. De momento les ha dejado una cosa clara y es que el ministro Salvador Illa defiende que “hay que estar al lado de la ciencia”.
Una postura que ya deslizó Simón en su última comparecencia: “No creo que haya ningún profesional de la salud pública en España que no considere que se tiene que hacer una evaluación independiente y, a ser posible, con una visión lo más externa posible, pero -advirtió- con los conocimientos adecuados”.
Los investigadores apuntan en su carta a una serie de posibles explicaciones de por qué España es y sigue siendo uno de los países más golpeados por la COVID-19: una reacción tardía a la pandemia, los recortes en sanidad e investigación en los últimos años y la falta de equipos de protección de los sanitarios.
Estas y otras razones evidenciaron que España no estaba preparada para hacer frente a una crisis de estas características y ahora han hecho que nuestro país “se haya vuelto el espejo del mundo”, porque todos están mirando su reacción al incremento de los contagios diarios, según Legido-Quigley.
Lo que ha pasado, a su juicio, es la combinación de uno de los confinamientos “más estrictos del mundo” con “una apertura bastante rápida”.
“Hay dos cosas muy buenas que ha hecho España: el confinamiento, ahí el Gobierno fue muy valiente y resultó una de las mejores medidas que podía haber hecho, y el plan de desescalada, que estaba muy bien diseñado, pero el fallo fue su implementación”, apunta.
En este sentido, abunda en que el Ejecutivo falló al permitir a las autonomías avanzar de fase cuando no estaban preparadas: “Ahí es donde el Gobierno tenía que decir a las comunidades que, si no tenían el sistema de rastreo, no pasaban”, apostilla.
March es de la misma opinión: “Yo decía, 'Más vale llegar bien que pronto', había demasiada ansia y todas las comunidades querían estar demasiado pronto en la siguiente fase. Llegar antes de hora ha llevado a que en cierta forma esté pasando lo que está pasando”, enfatiza.
Los tres expertos coinciden en que cada región puede optar por la fórmula que considere más conveniente, pero creen que, en el caso de los rastreadores, deben pertenecer al Sistema Nacional de Salud (SNS), estar formados y no ser voluntarios.
Por ello, defienden lo contrario de lo que ha hecho la Comunidad de Madrid, que ha privatizado esta labor, porque la vigilancia epidemiológica debe ser parte del SNS y todos los medios que hagan falta “se deben adquirir o invertir” desde la sanidad pública.
“Creo que siempre va a ser lo más eficiente antes de externalizar a terceros”, zanja García-Basteiro.
La falta de coordinación entre las distintas administraciones podría ser otro de los factores que expliquen por qué el virus se ha extendido con mayor virulencia por el país, según estos investigadores.
García-Basteiro mantiene que la gestión local es “para muchas cosas positiva”, pero han quedado en evidencia “problemas de coordinación en el flujo de información”.
Y es que “no puede ser que la información sea diferente según a quién le preguntes o que a nivel central no se tenga la misma información que a nivel autonómico, que las competencias a veces no terminen de estar claras o que haya vacíos legales de cómo gestionar o cómo tomar ciertas medidas”.
En el mismo sentido se pronuncia March: “No puede ser que una comunidad te diga que uses la mascarilla en la playa y otras que ni siquiera en el paseo marítimo”.
Además, piensa que, si un tercio de los brotes está ligado a la noche, “hay que poner medidas globales, no que en unas se cierre a la 1 y en otras a las 3”; por eso, pide mayor coordinación y “contundencia”. “Creo que eso hace necesarias posturas comunes”, asevera.
Una de las soluciones que propone March es la creación de una agencia nacional de salud pública, “que trabaje en red” con las comunidades, que permita medidas comunes y que “de alguna forma tenga en el ámbito de la salud pública un mando único que permita trabajar de una forma coordinada en todos los procesos”.
Desde su publicación, han sido decenas las sociedades científicas y médicas que han compartido la necesidad de que se haga una evaluación independiente, como la Confederación de Sociedades Científicas de España (Cosce).
Su presidenta, Perla Wahnón, señala a Efe que la Cosce, que agrupa a 82 sociedades científicas, ha defendido desde el inicio de esta pandemia la necesidad de análisis profundos durante todas las fases de la crisis y cuando ésta concluya.
Una auditoría tiene que ser capaz de revisar las actuaciones realizadas y ofrecer mecanismos de corrección de las deficiencias y errores detectados, añade Wahnón, quien anticipa que la idea de la Cosce es realizar un estudio profundo.
La científica recuerda, asimismo, que la salida de esta crisis pasa por tener en cuenta la totalidad de la ciencia e insiste en la necesidad de una red independiente y “latente” de asesoramiento científico, y organizada en toda la estructura de la administración para afrontar ésta y futuras crisis.
Los autores de la carta tienen previsto redactar en breve un documento con propuestas sobre lo que consideran un modelo independiente de evaluación. La idea es que se haga en un plazo de dos o tres meses, porque, dice Legido-Quigley, que no entra a valorar si España vive una segunda ola de coronavirus, los especialistas en salud pública deben estar preparados “como si la hubiera”.
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