La Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) ha reconocido este martes que la declaración de impacto ambiental del proyecto de Chillida para la montaña de Tindaya (Fuerteventura) ha caducado, pero ha acordado reactivar su validez en todos sus términos originales.
El movimiento ecologista de Canarias, a través de Ben Magec, había instado hace meses a la Cotmac a que declarara la caducidad de la declaración de impacto ambiental del proyecto del escultor vasco, que había sido aprobada originalmente en 2009, lo que hubiera dejado sin cobertura legal las obras necesarias para llevarlo a cabo.
Los ecologistas alegaban que la propia declaración de impacto disponía que caducaría a los cinco años de haberse notificado al promotor de las obras, un plazo que sostenían que había vencido el 7 de julio de 2014 (a los cinco años de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias).
Ben Magec presentó esta solicitud dentro de la batería de recursos e iniciativas que ha promovido para intentar que el proyecto de Chillida sea abandonado, por su efecto sobre los valores naturales de la zona y los grabados prehispánicos que se encuentran en la montaña sagrada de los antiguos habitantes de Fuerteventura.
La Cotmac coincide con los ecologistas en que la declaración de impacto ha caducado, pero sostiene que la legislación permite “rehabilitarla” si se comprueba que “desde su aprobación no han variado los valores ambientales existentes en la zona objeto de estudio”, como, a su juicio, ocurre con Tindaya.
El organismo de supervisión de las políticas del territorio en Canarias recuerda que tanto el Cabildo de Fuerteventura, como la Dirección General de Protección de la Naturaleza del Gobierno regional “han informado en ese sentido”, al indicar que “las condiciones ambientales son las mismas que en el momento de aprobarse la declaración de impacto”.
Eduardo Chillida pretendía vaciar gran parte de la montaña de Tindaya para convertirla en una escultura de proporciones monumentales, en un proyecto que cuenta con el apoyo del Gobierno de Canarias y del Cabildo de Fuerteventura, pero que se ha topado con varios reveses legales en los tribunales.