El Boletín Oficial de Canarias (BOC) publica este lunes el Decreto que modifica el anterior que regula las actuaciones del Plan de vivienda de Canarias y se adecua a la nueva regulación. Así, reglamenta las diferentes prestaciones económicas que concede el Gobierno para facilitar el pago del alquiler, la rehabilitación de viviendas y la calificación de viviendas libres como protegidas.
Las modificaciones incorporadas suponen un abanico de medidas que se refieren a la casi totalidad de beneficiarios del Plan de Vivienda de Canarias, ya sean promotores, constructores, o adquirentes de viviendas protegidas, entidades públicas promotoras de actuaciones protegibles, para la adquisición de vivienda usada para alquilar o de la rehabilitación de áreas urbanas, así como al colectivo de jóvenes o a los arrendatarios de viviendas libres o protegidas.
La principal novedad es la posibilidad, por parte del Gobierno canario, de calificar las viviendas libres de nueva construcción ya terminadas o en proceso de ejecución, como de protección oficial.
Con esta fórmula, como ha explicado la responsable del área, Inés Rojas, “no sólo se garantiza el mantenimiento de los puestos de trabajo de las personas que trabajan en la construcción de estas viviendas sino que, además, se pone a disposición de las familias más necesitadas un amplio conjunto de viviendas en régimen de alquiler a un precio adaptado a sus posibilidades económicas”, informa el Ejecutivo canario en un comunicado.
A través de este decreto, se incorpora un conjunto de actuaciones como es el caso de las subvenciones complementarias que en materia de rehabilitación de edificios y viviendas aisladas, tienen como destinatarios los titulares mayores de 65 años, así como las ayudas que integran el llamado “Plan de Choque”, concebido por el Gobierno de Canarias como una forma de reforzar el sistema de ayudas ya previstas en el vigente Plan dirigido a facilitar el acceso a una vivienda a los jóvenes.
Igualmente, entre las medidas recogidas, destaca la flexibilización de los requisitos exigidos a los inquilinos para percibir subvenciones para el pago de la renta y el establecimiento de condiciones más beneficiosas para la financiación de las actuaciones consistentes en la adquisición de viviendas usadas para cederlas en alquiler.
También recoge la introducción de cambios más beneficiosos en el régimen de las ayudas para las áreas de rehabilitación integral y de centros históricos, incluyéndose, además, una nueva actuación protegible en materia de rehabilitación y renovación de áreas urbanas.
Para Rojas, “la aplicación de estas nuevas medidas se traducen en un incremento del número de familias que podrán acceder a las medidas de financiación, que les posibilite la adquisición o disposición de una vivienda protegida, circunstancias que, en última instancia, van a contribuir a la necesaria reactivación de las actuales condiciones económicas y del sector inmobiliario”.
Documentación.
El BOC publica también la resolución por la que se establece la documentación que habrá de acompañarse a las solicitudes de reconocimiento del derecho a acceder a las medidas de financiación previstas para las actuaciones del Plan de Vivienda de Canarias, y a las solicitudes de calificación o declaración de actuación protegida.
Así, son viviendas protegidas de nueva construcción de promoción privada, la adquisición de viviendas usadas; autoconstrucción de viviendas, fomento del alquiler, programa de viviendas para jóvenes, suelo y ayudas a la rehabilitación de la vivienda.
En la actualidad, el Gobierno canario tiene en diferentes fases de construcción más de 12.000 viviendas protegidas, de las que 5.400 son construidas directamente por el Ejecutivo canario.