Canarias fue la comunidad autónoma donde más demandas de disoluciones matrimoniales, nulidades, separaciones y divorcios se registraron en proporción a su población en los tres primeros meses de 2022.
En concreto, se contabilizaron en el archipiélago 63,1 demandas por cada 100.000 habitantes, por delante de Comunidad Valenciana (58,2), Murcia (57,2), Andalucía (56,3), Baleares (55,9), Cataluña (55,1) y Asturias (54,9).
En todos esos territorios se ha superado la media nacional, que es de 53,3 demandas de disolución matrimonial por cada 100.000 habitantes. Por el contrario, las tasas más bajas se han dado en Castilla y León, con 41,2, y en Extremadura, con 44,8.
En el conjunto del país se produjo en el primer trimestre un ligero descenso del 0,5%, salvo en las demandas de divorcio no consensuadas, que crecieron un 2,2%.
Según los datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), entre el 1 de enero y el 31 de marzo de este año se presentaron en los órganos judiciales un total de 25.261 demandas de disolución matrimonial.
Las 14.730 demandas de divorcio consensuado representan un 2,1% menos que las presentadas en el mismo trimestre de 2021; las demandas de separación consensuadas, de las que se han presentado 723, han disminuido un 0,1%; las 292 no consensuadas son un 4,3% menos que las presentadas el año anterior; mientras que las demandas de nulidad han sido un 18,2% menos.
En cuanto a la modificación de medidas en procesos de separación y divorcio, las demandas de modificación de medidas consensuadas han disminuido un 3,9% hasta las 3.359, mientras que las no consensuadas, en total 8.518, han aumentado un 0,9% respecto al mismo trimestre de 2021.
Las 5.888 demandas de modificación de medidas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales consensuadas se han reducido en un 8,8% y las no consensuadas (6.922) en un 1,2%.