Entre 60 y 100 dependientes más cada mes

La consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, ha detallado este miércoles que en las Islas cada mes se incorporan entre 60 y 100 personas a la ley de dependencia, aunque el Estado sólo haya previsto la financiación de los que ya están y no de los que se pueden adherir.

Inés Rojas, en comisión parlamentaria, ha lamentado que el Gobierno central haya pasado de destinar 1.500 a 1.300 millones a la ley de dependencia y ha denunciado que haya reducido en un 15% el presupuesto destinado a los cuidadores familiares que se encargan del dependiente, si bien ha reconocido que esta prestación es una “excepcionalidad”. Sin embargo, el Gobierno canario garantiza la incorporación de dependientes al sistema, ha destacado la consejera, quien se ha quejado de que el cumplimiento del déficit que lleva a cabo el Estado afecta directamente a la ley de la dependencia.

Asimismo, la consejera ha criticado que esta ley no incorpore al cuidador no profesional a la Seguridad Social, que se obligue a estas personas a acreditar que llevan un año viviendo con el dependiente y que se hayan endurecido las medidas para poder acceder a la prestación económica. Esto hace “muy difícil que se pueda acceder hoy a una prestación económica”, ha afirmado la consejera, al tiempo que ha comentado que con la universalidad se ha puesto en riesgo la sostenibilidad de los servicios sociales, lo que hace que se pueda producir un desmantelamiento de la ley de dependencia.

Según ha precisado, a la hora de acceder a esta ayuda, en Canarias se da prioridad a la gran dependencia, a los menores y a las personas de más edad, que son atendidos por los cabildos, que son las corporaciones que facilitan los recursos.

El PP culpa al PP de la “más absoluta ruina”

La diputada del PP Milagros Bethencourt ha aseverado que el PSOE dejó al Estado “en la más absoluta ruina y en quiebra a la ley de dependencia” y ha achacado las “previsiones erróneas” socialistas a la insostenibilidad actual del sistema.

Milagros Bethencourt ha cifrado en 1.034 millones de euros la deuda del anterior gobierno socialista relacionada con el impago a la Seguridad Social de las cuotas de los trabajadores no profesionales que cuidan a dependientes. Sin embargo, ha continuado, el gobierno del PP lo que ha hecho es trabajar por un modelo sostenible, simplificar los procedimientos y apostar por una cartera básica de servicios.

La diputada del PP también se ha referido a la “mala gestión” de la dependencia en Canarias, donde, en su opinión, hay miles de ciudadanos que viven en el limbo de la dependencia. A su juicio, los cuidados por parte de los familiares, que en las islas representan el 54 por ciento, no crean trabajo y encierran a las mujeres en sus casas, mientras que los servicios profesionales dan calidad y generan empleo.

La diputada del Grupo Mixto Carmen Rosa Hernández ha apuntado que “si hay una prioridad debe ser sostener el estado social y las políticas dirigidas a la dependencia” para lo que hay que perseguir el fraude fiscal y llevar a cabo una política fiscal justa. “No es verdad que no se puede sostener el estado social”, ha manifestado la diputada, quien ha comentado que en el archipiélago hay 19.600 personas a la espera de ser atendidas por la ley de dependencia y ha criticado que en cinco meses, de enero a junio de 2012, sólo se incorporasen a 74 dependientes.

Alerta socialista sobre el “desmantelamiento y colapso” del sistema

La diputada del PSOE Rosa Guadalupe Jerez ha dicho que la ley de dependencia elimina la posibilidad de crear puestos de trabajo, a pesar de ser uno de sus objetivos “fundamentales”, pues elimina la figura del cuidador familiar.

A su juicio, esta normativa es “un ataque a las personas dependientes” y “un paso a la privatización de todos los recursos” al haber reducido su ficha financiera. Rosa Guadalupe Jerez ha alertado del “desmantelamiento y colapso” del sistema de dependencia, que ha permitido de forma “inadmisible” que se atiendan a menos personas y que otras pierdan el derecho de poder acogerse a esta ayuda.

La diputada del Grupo Nacionalista Flora Marrero ha valorado que el Gobierno canario ejecute esta ley y ha criticado que el Estado abandone a los dependientes, lo cual revierte en una situación “muy peligrosa” en la que no se sabe qué sucederá en el futuro, ya que no se contempla financiación para nuevas incorporaciones. Por otro lado, Flora Marrero ha asegurado que los cuidadores familiares viven una nueva forma de esclavitud del siglo XXI al verse obligadas a trabajar durante un año de forma gratuita y a estar presentes 24 horas los 365 días del año para poder recibir un sueldo.