El derribo de la Biblioteca del Estado, cada vez más cerca
El camino hacia el derribo de la Biblioteca del Estado en Las Palmas de Gran Canaria continúa después de conocerse que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) notificará este lunes a la Corporación municipal la obligación de cumplir con la sentencia que ordena su derribo.
El Ayuntamiento trató de frenar su demolición a través de la interposición de un incidente de nulidad ante el Tribunal Constitucional a la sentencia que falló el Tribunal Supremo en julio en la que consideraba ilegal la construcción del inmueble y desestimaba los recursos del Ayuntamiento y de la Abogacía del Estado.
Según una información recogida este sábado por Canarias7, la notificación que recibirá el Consistorio recoge que “se deniega la solicitud de imposibilidad de ejecución legal de ejecutar la sentencia” y “se requiere al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con atento oficio, para que proceda a la ejecución y cumplimiento de la sentencia”.
El alcalde de la capital grancanaria, Juan José Cardona lanzó un “mensaje de tranquilidad” a los ciudadanos el pasado julio asegurando que era posible rebatir la sentencia de la demolición ya que había dos magistrados del propio Tribunal Supremo que habían emitido un voto particular contra el fallo.
Una edificación “contraria a las disposiciones urbanísticas”
La sentencia del Supremo recoge que la instalación, construida en la época en la que el actual ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ocupaba la Alcaldía del Consistorio, es contraria a las disposiciones urbanísticas, elimina zonas verdes y cuenta con una pantalla arquitectónica que cercena las vistas del litoral.
El Ayuntamiento otorgó en 1997 la licencia para edificar esta biblioteca en base a un proyecto del Ministerio de Cultura, siendo Soria alcalde de la capital grancanaria y presidente del PP canario, y concejal de Urbanismo Jorge Rodríguez Pérez. Como quiera que la ley exigía entonces que se elaborara un plan especial para desarrollar esa parcela, sometida a la calificación de sistema general en el Plan General de 1989 y tal prescripción se incumplió, la licencia fue declarada nula por el TSJC en 2002 y ratificada por el Supremo en 2006.
El Ayuntamiento alegó que la sentencia era inejecutable, pero los vecinos de la zona volvieron a recurrir al Supremo, que a finales de 2010 volvió a ratificar su resolución y declaró nula la ordenación de la parcela sobre la que se construyó el edificio, al reconocer que su aprobación respondía a la intención del Consistorio de eludir el cumplimiento de una sentencia anterior.
