Isabel Sagras debe marcharse de un inmueble que habita antes del 23 de febrero por una orden de desahucio. “Es cierto que yo lo cogí sin permiso”, dice, pero añade que reside en la zona desde 1997. Explica que la usa como segunda residencia y, junto a medio centenar de edificaciones, está erigida en una parcela ubicada en primera línea de costa del municipio de Mogán, frente a la playa de Tauro, que fue rellenada con arena del Sáhara. El terreno se enmarca en un suelo que tiene la categorización de urbanizable y en el que se ha proyectado, sin éxito, un muelle deportivo, varios complejos hoteleros y zonas comerciales.
Sagras y otros vecinos ocuparon esta zona, donde existían cuarterías en las que se cobijaban los apareceros del tomate, tras el cierre y desalojo de camping Guantánamo por un incendio en 2003. Esto hizo que las llamadas habitaciones quedasen privadas de electricidad y de las necesarias condiciones para su habitabilidad y se procedió a resolver los contratos de quienes las ocupaban. Los vecinos dicen que hasta esa fecha abonaban el alquiler a la familia Martín, los propietarios de los terrenos por ese entonces, y tienen facturas para demostrarlo. Algunos obtuvieron indemnizaciones y se marcharon, pero otros volvieron a instalarse en el área que actualmente habitan, pero esta vez sin permiso ni pago alguno a quienes eran entonces propietarios. En su gran mayoría, al igual que Sagras, son ocupantes de segunda residencia y tienen su propia casa oficial.
Desde 2016 es propietaria de esa parcela Tourin Europeo S.A., una empresa dedicada al sector turísticos y explotación de empresas turísticas o servicios complementarios. Y a partir de ese año, la sociedad intenta desalojar a los actuales inquilinos, al estar ocupando las instalaciones del antiguo camping Guantanamo en precario, sin contar con ningún tipo de permiso o contrato, y, por consiguiente, llevando a cabo procedimientos de desahucio por precario. José María Mañaricúa, presidente de la empresa y de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas, explica que esta parcela es muy pequeña en comparación a las de otros propietarios en la zona, lo que justo cuenta con un “tramo que da al mar” y tiene una parte habitada.
El representante legal de Tourin Europeo S.A. detalla que hasta la fecha se han llevado a cabo 23 procedimientos de desahucio y han sido ejecutados dos lanzamientos a principios de febrero. Las personas que habitan este núcleo han confirmado que se trata de los números 16 y 17, que ya se han procedido a derribar. El resto de procesos judiciales están en distintos estados, ya que la pandemia paralizó las actuaciones y muchos de los afectados recurrieron.
Amparo Llavata es otra de las habitantes frente a la Playa de Tauro, concretamente en el número 4. Dice que vive en una de las edificaciones junto a su marido y sus cuatro hijos y que, si los echan, no tienen donde ir tras 20 años residiendo en este área. “Tengo una pensión mínima y no me dieron siquiera indemnización cuando se prendió el camping”, añade. En 2004, explica que se reunió con el Ayuntamiento de Mogán y “a algunos les dieron casetas en otros camping y a los otros, que se metieran donde pudieran. Y nosotros nos metimos aquí”. El 18 de marzo de 2018, el magistrado del Juzgado de Primera Instancia Número 4 de San Bartolomé de Tirajana falló a favor de la empresa Tourin Europeo S.A. y condenó a la parte demandada a desalojar el inmueble.
En el caso, según la sentencia, concurrían todos los requisitos que permitían la acción de precario, es decir, se acreditó que la titularidad del inmueble pertenecía al dueño de los terrenos y el arrendamiento que mantenía la parte demandada se extinguió después del incendio; posteriormente, añade el texto, sin el consentimiento de la propiedad y tomando la luz de los enganches públicos, se ocuparon las cuarterías frente a la playa de Tauro. Por ello, la posibilidad de dirigir una acción de desahucio contaba con el respaldo legal. Contra la sentencia cabía recurso de apelación y Amparo Llavarta lo presentó ante la Audiencia Provincial de Las Palmas, estando aún a la espera de respuesta.
Alicia Mederos cuenta que su padre, que habita otro inmueble de la zona como segunda residencia, aún está pendiente de juicio. “Es uno de los más antiguos, estuvo tres décadas pagando alquiler”, añade. Mederos recuerda que lo que quieren tirar abajo son cuartos de la antigua aparcería, “de los que venían al sur para trabajar en plantaciones de tomate o berenjenas”, por ello, considera que estas edificaciones “tienen un valor cultural, antropológico y etnográfico fundamental sobre la historia de la aparcería en Canarias”. Y a su juicio, se deberían conservar estos inmuebles y darles valor. “Me parece terrible que se haga por especulación urbanística”, señala.
Por su parte, Tourin Europeo S.A. asegura que aún no tiene ningún proyecto planteado en su parcela. El representante legal de la empresa explica que la zona está sujeta a una ordenación que debe ser revisada. En concreto, el ámbito de actuación tenía 2 Polígonos, el I y el II, cada uno con un plan parcial parcial distinto y bases de actuación diferentes. El I, donde está el campo de golf y el Grupo Anfi tiene parte de los hoteles, se ha desarrollado al amparo del Plan Parcial Anfi Tauro y tiene ya un proyecto de compensación, estando ya casi completo. Pero en el II, la nueva legislación y algunos cambios realizados en las obras de urbanización, han obligado al Grupo Anfi a tramitar una revisión del plan parcial que ordenaba este suelo.
La empresa que cuenta con la mayor parte de los terrenos en la zona es el Grupo Anfi, empresa fundada por el empresario noruego Björn Lyng, actualmente propiedad conjunta del Grupo Santa Cazorla (en concurso de acreedores) e Ifa Hoteles, del Grupo Lopesan. Una vez sea aprobada la revisión del plan parcial, podrá desarrollarse un proyecto de compensación liderado por el Grupo Anfi para determinar lo que puede hacer cada uno de los propietarios del suelo, como la construcción de los hoteles, el puerto y las zonas comerciales previstos.
Ahora.plus ha preguntado al Ayuntamiento de Mogán por su postura al respecto pero no ha obtenido respuesta. Sin embargo, en un reportaje del programa de Cuatro En el punto de mira emitido en septiembre de 2017, Bueno dijo que “los vecinos están en suelo privado, entonces cuando se desarrolle el plan parcial de Tauro, los que tengan escrituras tendrán capacidad de negociar con los promotores y los que no, se tendrán que ir”.
Un convenio incumplido
En el año 2000, el entonces alcalde del Ayuntamiento de Mogán, Antonio Santana Flores, y el propietario del Grupo Anfi, Björn Lyng, firmaron un convenio en el que se establecía la cesión del 10% del aprovechamiento urbanístico a favor del consistorio. La administración local transmitía unos terrenos correspondientes a una antigua escuela unitaria, ya demolida y, a cambio, el grupo empresarial construiría un centro escolar con dos aulas e instalaciones deportivas en otra zona. Además, el Grupo Anfi se comprometió a ceder al ayuntamiento gratuitamente una instalación de tipo cultural emblemática para el sector turístico y a construir 85 viviendas para las que tendrían preferencia las personas que habitaban cerca de la playa de Tauro.
En diciembre de 2017, Nueva Canarias presentó una moción en el Ayuntamiento de Mogán en la que solicitó que se garantizara “una salida digna a los vecinos” de la playa de Tauro, donde “residen familias desde hace 40 años, algunos empadronados en Mogán”. Para justificar esta petición, se basaba en al convenio firmado en 2000, ya que entendía que las 85 viviendas nunca llegaron a ejecutarse y el acuerdo seguía en vigor. Para respaldar esta tesis, la concejala Isabel Santiago recordó que en 2014, el inventario municipal reflejaba una parcela cedida por el Grupo Anfi al consistorio como garantía para el cumplimiento del convenio. Sin embargo, la moción fue rechazada y la alcaldesa, Onalia Bueno, defendió que el convenio estaba caducado.
En este punto, el representante legal de Tourin Europeo S.A. aclara que ese convenio no tiene que ver con esta empresa, al ser una sociedad distinta al Grupo Anfi y con terrenos propios. Y reitera que las personas que ocupan las antiguas instalaciones del camping Guantanamo son, en su práctica totalidad, no residentes y tienen un domicilio propio.
La playa de Tauro
Lo que sí se desarrollaron fueron los trabajos para cubrir con arena una franja de 300 metros de longitud y una anchura de 50 metros de la playa de piedras de Tauro. Después de casi dos décadas de intentos, en julio de 2015 el Grupo Anfi daba inicio a un proyecto de 7 millones de euros de inversión gracias a una concesión otorgada por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar por un periodo de 50 años. Al acto de inauguración acudió incluso el futbolista David Silva, quien echó la primera pala de arena sobre la playa. Esta iniciativa era solo una parte de un proyecto turístico que aglutinaría un paseo que la uniría con la playa de Amadores y la playa del Cura, un puerto deportivo para 400 atraques, varios complejos hoteleros con unas 7.500 camas turísticas y una superficie comercial de 18.000 metros cuadrados.
Aunque en un principio la intención fue traer arena de otras partes de la isla, finalmente se decidió importar el material del Sáhara Occidental, un total de 500.000 toneladas, lo que provocó el rechazo de representantes del pueblo saharaui o de defensores de su causa, como el consejero de Cooperación Institucional y Solidaridad Internacional del Cabildo de Gran Canaria, Carmelo Ramírez. Y en 2016, la Fiscalía se querelló contra el exjefe de Costas que autorizó la construcción de la playa, quien fue destituido poco después de que comenzara la obra, por prevaricación administrativa y delito de falsedad en documento oficial. Sin embargo, el pasado 31 de enero, el Tribunal Supremo confirmó la absolución de José María Hernández, quien había sido condenado a tres años de prisión y al pago de una multa de 3.600 euros
La obra finalizó y ahora la antigua playa de callaos luce con arena amarilla. Tan solo un mes después de la finalización de los trabajos, las mareas altas provocaron inundaciones en la zona. El enclave ha permanecido cerrado al público por la peligrosidad del terreno hasta julio de 2021, cuando la alcaldesa de Mogán decidió abrirla. La Dirección General de Costas ordenó en octubre de 2016 prohibir el acceso a esta playa de arena artificial para velar por la seguridad de los usuarios. Así, durante años permaneció vallada y se erigió un muro de piedra, actuaciones que afectaron a los habitantes de la zona que ahora están siendo desalojados y que en aquella ocasión consideraron que se utilizaba esa situación para empujarles a abandonar las edificaciones.
En agosto del año 2020, Costas anuló la concesión de la playa al Grupo Anfi, al estimar que había incumplido con las condiciones del acuerdo y en la actualidad aún estudia como devolver su uso público. De hecho, sobre la arena se han dispuestos carteles informativos advirtiendo de que no existe servicio de socorrista porque, como advirtió Bueno cuando reabrió el enclave, establecer la vigilancia en la situación en la que se encuentra es “administrativamente imposible” y apeló a la responsabilidad de los ciudadanos.