La hasta ahora directora del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en Las Palmas, Silvia de la Hoz, ha sido destituida este martes de su cargo tras más de cuatro años al frente de este servicio, que se encuentra colapsado. Las largas colas ante las puertas de su sede principal en la capital grancanaria, la imposibilidad de conseguir cita previa y la merma del servicio se han ido acrecentando en los últimos años, en especial tras la pandemia.
La noticia, adelantada por La Provincia, ha sido confirmada desde el Ministerio de Seguridad Social a Canarias Ahora, que asegura que se trata de “cambios habituales” que se producen en estos puestos cuando la persona lleva varios años y remarcan que aún no les consta quién la sustituirá. No obstante, fuentes sindicales apuntan a este periódico que se han dado casos de directores que han estado más de 11 años en el cargo, pese a cambios de Gobierno y que, en este caso, se han enterado de la destitución por la prensa.
La decisión que se produce tras la visita a Gran Canaria del ministro José Luis Escrivá y de los reiterados escritos presentados por los sindicatos reclamando no sólo más personal, sino un cambio de gestión. El pasado año se anunció por el Ministerio “un plan de seguimiento”, que los sindicatos tacharon de “cortina de humo”. Además, remarcaban que no solo existe falta de efectivos sino una “deriva de la gestión” ya que el problema se ha acrecentado en los últimos años sin que, a juicio de los sindicatos, se hayan puesto soluciones.
Desde CCOO, Hortensia Rodríguez apunta este miércoles a este periódico que los sindicatos no fueron informados previamente. Este martes había rumores por los pasillos, pero nadie les ha comunicado esta decisión de manera oficial ni conocen quién podrá sustituir a De la Hoz.
Rodríguez explica que la Seguridad Social requería de un cambio de gestión porque ha pasado de un “servicio público” a uno “no público” al que no se puede acceder porque no se consigue cita previa y es muy difícil acudir presencialmente. “¿Cómo llega entonces la ciudadanía a la administración?” se pregunta.
Tanto CCOO como UGT habían registrado diversos escritos reclamando ese cambio de modelo basándose en datos de la administración que avalaban esta merma en este servicio público esencial.
El pasado lunes, el ministro José Luis Escrivá anunció que se contratarán interinos para resolver el déficit de personal de ese área en las islas. Una medida que los sindicatos consideran insuficiente: “La propuesta de Escrivá es un parche, queremos empleos estables”, dijeron entonces.
El pasado año UGT y CCOO reclamaron que la Relación de Puestos de Trabajo se actualice con criterios de crecimiento poblacional, insularidad, nivel de gestión y nivel de rentas. En un informe detallado propusieron al Consejo General de Seguridad Social que se incremente el número de dotaciones en al menos 64 funcionarios en cada provincia.
Casi mil sentencias sin ejecutar y largas colas
Otro problema que afecta al servicio son las sentencias que no se ejecutan y por la que hay casi mil personas esperando su prestación por incapacidad. La media es de dos años de espera una vez reconocida esta situación para la persona afectada. Detrás de estas cifras se encuentra el de Esther (14 meses esperando) pero también otros como el de V., un ciudadano de origen nigeriano, de 62 años y residente en Las Palmas de Gran Canaria desde hace más de dos décadas y que se ha encontrado en situación de vulnerabilidad por este motivo o el de Laura, que estuvo más de un año en esta situación.
Según los datos de febrero, son 954 personas con sentencias de incapacidad pendientes de ejecución en la provincia. La espera puede alargarse más de dos años.
Según datos facilitados por CCOO, es la provincia con más quejas, solo detrás de Madrid. Las colas siguen siendo la estampa de cada mañana. Las personas se amontonan para tratar de conseguir un número ante la imposibilidad de conseguir cita previa.
Silvia de la Hoz fue designada directora del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en Las Palmas en febrero de 2019. Su antecesora Cristina Rodríguez Jaimez, para quien los sindicatos también pidieron el cese. Con anterioridad, en 2017, fue destituido Jorge Hernando, por su implicación en un fraude laboral para la obtención de prestaciones por desempleo e incapacidad temporal en beneficio de su mujer.