La Policía Nacional, en colaboración con la Inspección de Trabajo, la Tesorería de la Seguridad Social y el Servicio Público de Empleo Estatal en Santa Cruz de Tenerife, ha detenido a 14 personas y ha imputado a otras 15 por falsedades documentales y delitos contra la Hacienda Pública.
Una nota policial indica que entre los detenidos se encuentra un hombre de 66 años, administración de la principal empresa investigada y otras 17 empresas más,así como otro hombre de 47 años, anterior administrador y una mujer de 36 que al parecer era la encargada de la tramitación de los contratos y asuntos laborales en la empresa.
Las pesquisas, que han durado aproximadamente cinco meses, se iniciaron a principios de junio de 2014 cuando por parte de los investigadores se tuvo conocimiento de que la principal empresa investigada podría estar cometiendo fraude a la Seguridad Social tras realizar contrataciones “fraudulentas” de ciudadanos extranjeros y españoles sin que éstos desempeñaran ninguna actividad laboral.
La nota policial indica que ello se realizaba con el fin de que pudieran regularizar su situación administrativa en España y obtener subvenciones estatales de desempleo, y para se utilizaba la “venta” de esos contratos, por los que había que abonar una cierta cantidad de dinero para hacer frente al pago de los seguros sociales.
Una vez que tenía el dinero para pagar los seguros en su poder, los mismos nunca eran abonados a la administración correspondiente por parte del empresario, el cual presuntamente se embolsaba para su propio beneficio el citado dinero, añade la Policía.
Agrega la nota policial que las empresas investigadas servían como empresas “pantalla”, para la contratación, tanto de trabajadores reales como de trabajadores autónomos en la isla de Gran Canaria y de Tenerife, los cuales desempeñaban trabajos para otras empresas u otras personas autónomas y en muchos casos para el reparto de publicidad y, en otros, en el sector de la construcción.
La deuda acumulada con la Seguridad Social por esta empresa asciende a un importe de más de 340.000 euros.
La Policía añade que a raíz de la operación desarrollada, se ha podido determinar el cobro indebido de prestaciones y subvenciones por desempleo por los afiliados de la principal empresa investigada que asciende a más de 243.000 euros que por parte del Servicio Público de Empleo Estatal se está reclamando su devolución a las personas que de forma fraudulenta lo han cobrado.
La nota indica que todo el entramado tenía como nexo de unión una conocida asesoría de la capital tinerfeña, donde el administrador realizaba todos los trámites derivados de las altas de los trabajadores tanto ficticios como reales.
La investigación ha sido llevada a cabo por policías de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras (UCRIF-Unidad Contra las Redes Ilegales y Falsedad Documental) de la Comisaría Provincial de Santa Cruz de Tenerife.