La Policía Nacional ha detenido a tres personas por apropiarse de una gran cantidad de dispositivos electrónicos propiedad de UGT-Canarias y con un valor de mercado aproximado de treinta y cinco mil cuatrocientos euros.
En una nota de prensa la Policía Nacional señala que estas personas vendieron entre febrero del 2013 y septiembre del 2015 un total de ciento dieciocho dispositivos electrónicos entre terminales de telefonía móvil y Tablets PC.
La operación se inició a comienzos del mes de octubre del pasado año cuando los funcionarios policiales tienen conocimiento de la existencia de dos personas que estarían vendiendo grandes cantidades de teléfonos y Tablets PC, de alta gama, en tiendas de segunda mano de la capital tinerfeña.
Dichos dispositivos, señala la Policía, provenían de la Federación de Servicios Públicos (FSP) de la Unión General de Trabajadores de Tenerife (UGT) y estaban, presuntamente, desviados por una tercera persona que ocupaba un cargo en el referido sindicato a nivel provincial.
Las pesquisas policiales demostraron que el hombre que responde a las iniciales V.R.Q.L. y de 59 años aprovechaba su cargo en la FSP de UGT-Tenerife para realizar pedidos de dispositivos electrónicos a una conocida empresa de telefonía móvil, supuestamente para ser usados, como móviles corporativos, por responsables del sindicato en Tenerife.
Una vez llegaban los terminales a Tenerife, otro hombre que responde a las iniciales de J.M.Q. y de 34 años, sobrino del anterior, se personaba en un distribuidor oficial de la empresa de telefonía y, supuestamente, con una autorización firmada por su tío en nombre de UGT, los recogía a “coste cero”.
Todo ello, únicamente a cambio de firmar un contrato de permanencia (por cada terminal) con esa compañía.
Posteriormente, este hombre junto a su pareja sentimental se encargaban de vender los dispositivos electrónicos en establecimientos de segunda mano de Santa Cruz de Tenerife.
Los detenidos junto con los efectos intervenidos fueron remitidos al Juzgado de Instrucción competente de Santa Cruz de Tenerife cuyo titular decretó la libertad con cargos de los arrestados a la espera de la celebración de juicio.