La ex directora de Planificación Ciudadana en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife entre mayo de 2008 y mayo de 2009, María del Cristo Díaz Méndez, ha negado ante la juez titular de Instrucción 4 que hubiese recibido “directrices” de la entonces concejal del ramo, Ángela Mena, para trasladar a una funcionaria de su plaza a servicios que no había solicitado, lo que es investigado por el juzgado por posible acoso laboral y prevaricación.
Díaz Méndez, que declaró como imputada en ambos delitos, reconoció ser quien propuso el polémico traslado, nulo por sentencia de un juez de lo Contencioso, pero también afirmó que, pese a que en su propuesta se indicaba que actuaba “según las directrices de la concejal”, eso no era así exactamente. “No hice la propuesta a propuesta de la concejal”. “Si en el escrito pone según directrices de la concejal no es porque la concejal me lo dijera, sino porque se lo comenté”.
“Tal vez está mal expresado”
“Tal vez está mal expresado”, añadió. También sostuvo que, pese a ser licenciada en Derecho, no sabía que si ese formato legal era el adecuado, ya que no lo consultó a los servicios jurídicos del Ayuntamiento y lo suyo era una propuesta al Coordinador general, no a Recursos Humanos, aunque acabó siendo un decreto firmado por el concejal de Recursos Humanos, que en 2009 era Ángel Llanos, imputado por este motivo en un delito de prevaricación.
Según dijo a la juez Lorenzo-Cáceres Farizo, actuó requerida por su jefe jerárquico, José Enrique Núñez Ruano, director general de Coordinación, aunque también dependía funcionalmente de Ángela Mena. Fue a raíz de una reunión informal con la denunciante, el 4 de abril de 2009, a la que también asistieron la directora general de Recursos Humanos, Nieves Pérez Marichal, y el jefe del mismo departamento, Miguel Ángel García de León, cuando se pensó en trasladarla, en vez de restituirle sus funciones.
La imputada insistió en que quien tenía que atribuirle funciones a la denunciante era el jefe de Coordinación, Pedro Ramos Izquierdo, quien tenía que recibir a su vez instrucciones de su superior, Núñez Ruano.
Insistió en que sabía que había un conflicto entre la denunciante, la interina que había ocupado su plaza durante años, Ana Belén Crespo, y otra trabajadora con atribuciones temporales en políticas de Igualdad, Magalines Rosales Escobar, que también absorbía funciones que la funcionaria de carrera, pero solucionarlo “no era de mi competencia”.
Eso es así, recalcó, porque no tenía relación alguna con la presunta víctima ni funcional ni orgánicamente, por lo que jamás le firmó vacaciones ni asuntos propios. Pese a no tener nada que ver, y según se desprende de la declaración judicial, Díaz Méndez decidía a qué reuniones de trabajo debía o no debía ir la denunciante, amén de otras decisiones directas sobre sus funciones.