Ángeles Ramírez es una grancanaria, madre de tres hijos menores de edad, cuyo desahucio está programado para el próximo día 26 de noviembre en Las Palmas de Gran Canaria.
Ángeles cuenta que cuando acudió, junto a su marido, a la sucursal de Bankia a solicitar el préstamo para su vivienda “estaban tranquilos” porque ambos tenían trabajo. En 2006 obtuvieron un crédito hipotecario por valor de 132.000 euros. Mensualmente tenían que abonar unos 600 euros.
“Luego llegó el momento de la crisis, sobretodo en la construcción donde trabajaba mi marido, y no pudimos hacer frente a las letras”, asegura. Como suele pasar en estos casos, los intereses que impone la entidad por el retraso en los pagos terminaron por ahogar a esta familia.
Ángeles asegura que ella nunca se ha negado a pagar, “intentamos negociar con ellos presentando escritos y personándonos en el banco pero nunca quisieron negociar” afirma. Tras varios intentos para llegar a un acuerdo con ellos, la respuesta de la entidad fue que “ya la casa era de ellos y no podían volver para atrás”.
Pero el empeño de Ángeles para no perder su casa no cesó, “antes de subastar la casa mi marido encontró trabajo y entonces le propuse al banco mediante un escrito que estaba dispuesta a pagar la letra de la casa más 300 euros, pero no obtuvimos respuesta” asegura.
Tras los infructuosos intentos por llegar a un acuerdo con el banco, la casa, situada en el barrio capitalino de Casablanca I, se subastó. Aunque Ángeles y su familia consiguieron reunir los 8.000 euros que adeudaban antes de que finalizara el plazo de 10 días que el banco da para saldar la deuda, no sirvió de nada, “me pasé dos días para reunir el dinero y cuando llego al banco mi sorpresa fue que no querían ese dinero, me dijeron que si quería volver a mi casa tenían que desalojarla y yo volver a comprarla” afirma.
Ángeles decidió ponerse en contacto con la Plataforma STOP desahucios en Gran Canaria con la que han presentando más escritos e intentado llegar a un acuerdo con la entidad financiera.
La familia de Ángeles no pierde la esperanza y continúa manteniendo negociaciones con su banco y a la espera de que paren la orden de desahucio. Tras el embargo de su casa, la banca se la adjudicó por 82.000 euros, deuda que pasaría a asumir el matrimonio si la entidad lo aprueba.