La Diócesis de Canarias aplica al menos desde 2014 una política de contrataciones en los tres institutos concertados que gestiona en la isla de Gran Canaria (Santa Catalina, Santa Isabel de Hungría y Nuestra Señora del Pilar) que otorga mayor puntuación a los hombres que a las mujeres en las ofertas para cubrir vacantes docentes. El protocolo que fija el proceso de selección y los criterios de baremación para la contratación del profesorado en los Institutos Diocesanos, aprobado en 2010 y revisado en 2014, incluye en el apartado denominado “Otros méritos” una mención a “la política de igualdad de género” que ha provocado que durante todos estos años las mujeres que optaban a una plaza quedaran en una situación de desventaja con respecto a los hombres.
“Siendo el ideal que los claustros se distribuyan equitativamente entre profesores y profesoras, se ha de tender a reducir las diferencias existentes. A este fin, en la nota informativa del centro donde se produzca la vacante se indicará a que género se le asigna la puntuación en función de la realidad de cada claustro”, expone a modo de aclaración el protocolo de la Diócesis de Canarias, hecho público este lunes por el sindicato STEC-IC.
En la práctica, han sido los hombres los beneficiados por este criterio de género. El caso publicado la semana pasada, relacionado con una convocatoria de septiembre de este año, no es aislado. El mismo sindicato ha difundido otras ofertas similares para cubrir un total de treinta vacantes desde 2014, fechadas siempre entre agosto y octubre, que concluyen con la misma frase: “INFORMACIÓN PARA LOS INTERESADOS: Política de género. La puntuación será a favor del género masculino”. Por lo tanto, todas las mujeres que concurrieran como candidatas al puesto se encontraban, de entrada, con cuatro puntos menos que los hombres.
El baremo fijado en el protocolo de la Diócesis de Canarias, de un máximo de cien puntos, contempla ocho apartados: el expediente académico (un máximo de 10 puntos); la experiencia docente previa (15); los cursos de formación y perfeccionamiento (15); las investigaciones y publicaciones (10); la participación en actividades extraescolares (10); la experiencia en funciones directivas (5), la participación en proyectos de innovación (15) y otros méritos (20). Es este último el que incorpora la denominada “política de igualdad de género”.
En esas ofertas, ser hombre otorgaba más puntuación que, por ejemplo, haberse doctorado, haber participado en investigaciones relacionadas con el ámbito educativo, haber desempeñado cargos directivos en centros públicos, privados o concertados o dirigir o coordinar proyectos de innovación.
En declaraciones realizadas la pasada semana a la agencia Efe, el vicario general de la Diócesis de Canarias, Hipólito Cabrera, defendió que la aplicación de este criterio respondía a la necesidad de “reequilibrar las plantillas” ante la mayor presencia de docentes mujeres y no a una voluntad de “discriminar a nadie”. Cabrera pidió disculpas porque consideraba que la expresión utilizada en ese epígrafe “no era la más adecuada” y aseguró que había ordenado a la gerencia de los institutos que eliminaran en esa referencia en cuanto tuvo conocimiento de que se había introducido esa cláusula. Además, señaló que en estos momentos los tres centros están dirigidos por mujeres y que siete de sus nueve directivos y el 90% de sus docentes también lo son.
El STEC-IC ha difundido este lunes un comunicado en el que denuncia las “tibias e incompletas” explicaciones de la Diócesis de Canarias ante una “grave situación” que, a juicio del sindicato, “pudiera vulnerar no sólo el sentido común, sino, lo que es peor, el ordenamiento jurídico en cuanto a las leyes de igualdad se refiere”. La central considera que la Diócesis de Canarias era consciente de que, más allá de su incidencia en las contrataciones, la introducción de esa cláusula en el protocolo “sólo podía llevar una situación de desventaja efectiva hacia las mujeres a la hora de acceder a un puesto de trabajo docente”, a tenor de la composición de género en los claustros de los tres centros en el momento de aprobarse y de revisarse.
El sindicato también lamenta la “absoluta despreocupación” de la Consejería de Educación durante todos estos años respecto a “su obligación de velar por el cumplimiento estricto de la legalidad por parte de los centros concertados sostenidos con fondos públicos”. “La educación no puede estar condicionada ni sometida al afán de lucro y/o adoctrinamiento de las empresas privadas e instituciones religiosas, bajo un supuesto derecho a la libertad de elección de las familias”, expone el STEC-IC, que recrimina al Gobierno canario su “descaro privatizador” al haber incrementado en 5,6 millones de euros el presupuesto para la enseñanza concertada durante el último lustro.
La central sindical pide a la Consejería de Educación que abra una investigación para adoptar “medidas contundentes” contra esa política discriminatoria en los Institutos Diocesanos e invita al Instituto Canario de la Mujer y a la Fiscalía a actuar de oficio ante la posible vulneración de la ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.