Una decena de directivos de diferentes centros públicos del sur de Gran Canaria se han constituido este viernes en asamblea permanente en Arinaga, desde donde han querido expresar “nuestra profunda decepción por la respuesta y trato recibido por parte de los responsables de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias ante la legítima y justa demanda del profesorado de Canarias de homologación o equiparación retributiva con el resto de funcionario de nuestra Comunidad, tal como en su día ya reconoció el Parlamento de Canarias”.
Los directivos de los CEIP Barranco de Balos, La Cerruda, Beñesmén, Roque Aguayro, El Cardón, Tinguaró, La Viñuela y María Muñoz, y de los IES Playa de Arinaga y Gran Canaria mantienen que “la Consejería de Educación no ha valorado ni reconocido suficientemente el tremendo esfuerzo realizado durante estos años por la mayoría del profesorado, asumiendo numerosos retos y cargas de trabajo derivados de la creciente diversidad y complejidad del hecho educativo, en unas condiciones de precariedad de medios y recursos (ratios altas, mezcla de grupos, plantillas y horarios insuficientes para atender a la diversidad y a la integración del alumnado inmigrante, retrasos continuos en la cobertura de sustituciones, etc)”.
Para estos directivos de centros escolares, “evidencia de ese esfuerzo, son los numerosos proyectos de mejora desarrollados durante estos años, las actividades de acogida temprana y de refuerzo realizadas voluntariamente por muchos centros, las actividades extraescolares y complementarias, los proyectos experimentales de bilingüismo, los programas de acogida e integración de inmigrantes, de educación en valores, de educación para la salud, de educación sexual, de igualdad, de formación del profesorado, de intercambios europeos y una larga lista de iniciativas y actividades que se vienen desarrollando de forma altruista y desinteresada en nuestros centros”.
Los profesores consideran que “dicha falta de sensibilidad se ve a su vez agravada por la discriminación retributiva que mantiene el profesorado respecto al resto de funcionarios. Entendemos que habría que buscar fórmulas para compensar el esfuerzo realizado y la discriminación creada y, por otro lado, estudiar fórmulas e incentivos para afrontar con éxito e ilusión los retos que nos depara el futuro”.
Además, manifiestan “nuestro desacuerdo y frustración por las sucesivas propuestas realizadas por la Consejería de Educación ya que, además de ser parciales e insuficientes en su diagnóstico y tratamiento, depositan en el profesorado, de forma exclusiva, las expectativas de mejora de la educación”.
Los docentes creen “que la dimensión de la problemática que arrastra la educación en nuestra Comunidad y los retos que plantea nuestra adaptación progresiva a los objetivos y metodologías que emanan de nuestra integración en el espacio europeo de la educación exigen, desde un clima de serenidad y consenso, un gran acuerdo de todos los sectores implicados en la educación, donde cada parte asuma su cuota de responsabilidad y compromiso”.
De ahí que, “ante el deterioro que el actual conflicto está produciendo sobre la calidad del servicio educativo y las graves perspectivas de se proyectan sobre el inicio del próximo curso (muchos claustros, pese a presentar los proyectos de mejora, han acordado no ejecutarlos o incluirlos en la PGA si en septiembre permanece el conflicto), hacemos un llamamiento a la responsabilidad de las partes para que se aborde una negociación seria e ininterrumpida (al modo y ejemplo del Ministro de Justicia) entre la Consejería de Educación y los sindicatos representativos del sector, para que antes de la finalización del presente curso escolar se puede llegar a un Acuerdo que, mediante la flexibilización de posiciones, aborde una solución justa y digna para todas las partes”.