La presidenta del Consejo Escolar de Canarias, María Dolores Berriel, ha ofrecido este jueves un trabajo “constructivo y leal” para proseguir la mejora de la educación en las islas y lograr un acuerdo de objetivos básicos. En declaraciones a los medios de comunicación tras su toma de posesión, ha dicho que la educación canaria tiene “muchos retos” por cumplir, y ha prometido “seguir avanzando” pese a las “dificultades” para el desarrollo educativo.
Sobre la LOMCE, ha señalado que no va a dar “soluciones” a los problemas de la educación canaria, al margen de que hay un “calendario acelerado”, con cambios curriculares y no se “cuantifica” el coste real de su aplicación.
“Nuestra opinión es desfavorable, y trabajaremos para que responda de la mejor manera a nuestros problemas”, ha explicado.
Por su parte, el consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias, José Miguel Pérez, recalcó la idea de que frente a la normativa de Wert, cada vez más restrictiva, el Gobierno de Canarias va a seguir manteniendo, incluso con refuerzo normativo, la independencia de este órgano consultivo. “Confío en que la Ley de Educación autonómica que está viéndose en el Parlamento de Canarias subraye y refuerce ese papel de independencia del Consejo Escolar”, subrayó.
El consejero manifestó, además, que el Gobierno de Canarias se siente “orgulloso de contar con el consejo escolar con más garantías de independencia de España”, que, desde una perspectiva positiva “permanece como un órgano crítico y de contraste que nos permite mejorar continuamente nuestra gestión pública”
Pérez felicitó a María Dolores Berriel y al nuevo equipo que la acompañará en la gestión del Consejo Escolar de Canarias, como “dirigentes del conjunto de los agentes educativos canarios.
Por otro lado, Berriel, aprovechó su intervención para reiterar el compromiso del Consejo, “de la comunidad educativa en él representada”, de trabajar “de manera constructiva, leal institucionalmente, por la mejora de la educación en Canarias. Asimismo reivindicó la participación ”como un derecho y como un indicador de calidad democrática, como garantía para el logro de la mejora educativa y de los objetivos sociales de nuestra tierra.“