La consejera regional de Educación, Milagros Luis Brito, dijo este martes, sobre el conflicto planteado por el profesorado, que demanda su homologación salarial con el resto de funcionarios autonómicos, que el Ejecutivo nunca ofertó tal cosa y sí mejoras retributivas ligadas al cumplimiento de objetivos que redunden en una mayor calidad de este servicio.
La consejera, que no valoró la petición de dimisión solicitada ayer por el PSC, partido que criticó su incapacidad para solucionar este conflicto, recordó que la negociación iniciada por el Gobierno con los sindicatos fue para “hablar sobre el nuevo marco retributivo del profesorado en Canarias, para reconocer y mejorar retributivamente acciones, proyectos y propuestas orientadas a mejorar la calidad educativa, vinculadas a elevar los rendimientos, a favorecer el éxito o a rebajar el fracaso”.
Para ello, prosiguió, “se estableció una propuesta de hasta 13 indicadores evaluables y medibles que pudieran servir para que la bolsa de 80 millones de euros que ha puesto el Gobierno sobre la mesa pudieran ser debidamente retribuidos”.
Milagros Luis subrayó que “ésa es la oferta de diálogo que ha hecho el Gobierno y que mantiene”, al tiempo que reiteró que “nunca se ha hablado de homologación”, sino siempre “de mejoras retributivas del profesorado”.
“Siempre hemos hablado de objetivos de calidad en el sistema público educativo, en esa situación estamos y seguiremos estando, el Gobierno ha puesto a disposición 80 millones de euros vinculados a objetivos de mejora de rendimientos y, por otra parte, para reconocer y premiar muchos proyectos que se llevan a cabo en Canarias por colectivos, equipos directivos de centros, personas que dedican su vida y sus mejores deseos, esfuerzos y energías a trabajar en propuestas innovadoras, que no están en los contenidos curriculares en la mayor parte de sus expresiones”.
A juicio de la consejera, este tipo de proyectos, entre los que citó los vinculados a fomentar la interculturalidad o mejorar los tres grandes déficit que presenta el alumnado de Secundaria: carencias a la hora de leer, calcular y escribir, “hay que premiarlos”.
“Toda esa oferta que realizan miles de personas que ahora están en las aulas de manera callada, no sumisa, sino que no son los que están en las alharacas externas, y comprometida, necesitan un reconocimiento social, del Gobierno y además económico. Entendemos que ahí es donde hay que centrar la negociación. Ése es el discurso que hemos mantenido y el que seguimos ofreciendo”, aseveró.
Sobre las cartas que ha enviado la Consejería tanto a los 26.000 docentes canarios como a las 300.000 personas que representan a las familias de los escolares de la región, Luis Brito dijo que las remitidas a los profesores la pasada semana se transmitieron por “la red de comunicación del Gobierno” y agregó que las publicas en las contraportadas de los periódicos locales se pagaron con fondos públicos porque “ésa es una política de información a la que está obligada” como titular de la Consejería que dirige.
Por ello, Milagros Luis Brito consideró que no tiene “nada de qué defenderse” y añadió que “si alguien entiende que esa actuación no se ajusta a la legalidad”, que acuda a las “vías establecidas” en el Estado de Derecho para denunciarlo.
Los sindicatos exigen el cese inmediato de la consejera
Los diez sindicatos representados en el comité de huelga de los docentes no universitarios de Canarias exigieron este martes el “cese inmediato” de la consejera regional de Educación, Milagros Luis Brito, por su incapacidad para negociar con seriedad para resolver el conflicto.
Así lo manifestó Fernando Pellicer, uno de los portavoces del comité de huelga que representa a los 25.000 profesores no universitarios del Archipiélago, que demandan su homologación retributiva con los funcionarios de la comunidad autónoma con igual categoría y titulación de la comunidad, una reivindicación, dijo, de la que “la Consejería nunca ha querido hablar”.
Pellicer dijo que esta diferencia salarial supone para los docentes canarios percibir unos 400 euros menos que el resto de funcionarios de su misma categoría, es decir, la A o la B y subrayó que “un docente contratado por la Consejería de Agricultura para trabajar en escuelas marítimo-pesqueras con las mismas funciones que los contratados por Educación ganan 500 euros brutos más”.
El comité de huelga de este colectivo también rechazó el “proceder irresponsable” de la consejera, en relación a la carta dirigida a los padres de los alumnos que se publicó el pasado viernes en las contraportadas de la prensa local.
Pellicer afirmó que esta carta “estaba plagada de injurias a los 25.000 docentes no universitarios de Canarias y puede ser la muestra de un uso fraudulento de dinero público utilizado para difamar” a este colectivo “aportando datos falsos” como el de que “están entre los mejores retribuidos de España”.
El portavoz del comité de huelga negó que la pretendida homologación salarial del colectivo “suponga 460 millones de euros”, tal y como ha afirmado Luis Brito y aseguró por contra que, “en su versión más óptima, no supondría nunca más de 120 millones de euros”.
Además de destacar la incapacidad de la consejera “para abrir con seriedad una mesa de negociación real que conduzca a una solución razonable a este conflicto mediante el diálogo”, Pellicer rechazó la “irresponsabilidad” en la que, a juicio del colectivo, ha incurrido “echando gasolina a un fuego” a través de la misiva a los padres que se publicó en la prensa.
Por todo ello, los docentes no universitarios de Canarias acordaron este martes secundar el próximo jueves 22 de noviembre a las 18.00 horas y de forma simultánea en todas las capitales de las Islas “concentraciones de repulsa” para mostrar el “malestar” del colectivo con la Consejería regional de Educación, unas protestas que tendrán como lema único el de Homologación y Dimisión, dijo.
Además, el comité de huelga informará al día siguiente, 23 de noviembre, a las 11.00 horas en una rueda de prensa de “la batería de movilizaciones escalonadas” que secundará el colectivo, unas protestas que, de no llegarse a un acuerdo previo, culminarán “con la paralización de la educación no universitaria canaria en febrero”.
Fernando Pellicer subrayó que los docentes no universitarios de las Islas “siempre han estado dispuestos a hablar de calidad educativa”, un asunto que, dijo, es un “capítulo aparte” respecto de su homologación salarial, ya que ésta es “una deuda que se ha venido incrementando desde 1995”.
Desde entonces, agregó, “los sueldos del resto de funcionarios de la comunidad autónoma han ido incrementándose a medida que se han mermado los de los docentes”, aseveró Pellicer quien consideró que el esfuerzo por la calidad educativa que ya hace el profesorado “por su voluntarismo y profesionalidad, no está retribuido”.