La plataforma por la Defensa de los Servicios Públicos Canarios convocó para este jueves una manifestación que aunará las reclamaciones del sector sanitario y educacional de las Islas. A las seis de la tarde desde la plaza de San Telmo hasta la sede del Gobierno de Canarias, en Las Palmas de Gran Canaria y desde la plaza Weyler, con el mismo destino, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, los sindicatos que componen el comité de huelga por la homologación del profesorado canario y la coordinadora por la sanidad pública digna y de calidad se movilizarán para exigir, una vez más, sus demandas.
En concreto, los sindicatos de Educación EA Canarias, UCPL y Fete UGT y el Stec Intersindical Canaria (IC), y por el colectivo sanitario, el FSOC y Coba, explicaron que el objetivo con el que nace la plataforma es “luchar por la continuidad de los servicios públicos”, ya que considera Fernando Pellicer, portavoz de educación del Stec IC, que el Gobierno de Canarias actúa desde hace años favoreciendo la privatización de las empresas públicas.
“Tanto la educación como la sanidad soportan un proceso de deterioro y abandono por parte del Gobierno canario”, subrayó Pellicer. “Por eso, nos unimos a través de esta plataforma a la que esperamos se unan otros colectivos, incluso partidos políticos, si bien a ellos les tenderemos la mano cuando acaben las elecciones, para evitar que utilicen este instrumento como una herramienta electoralista”, puntualizó.
Con respecto al mensaje que lanza la institución, la plataforma volvió a insistir en sus demandas salariales, en la reducción de las jornadas laborales y en las mejoras de los recursos para aumentar la calidad de la sanidad y la educación. Pellicer apuntó en este sentido, que desde el Gobierno de Canarias siempre se ha relacionado el alto grado de fracaso escolar de las Islas, con la tarea de los profesores, “algo totalmente rídiculo, porque es una responsabilidad de todos, desde los padres y los profesores, hasta el Gobierno autónomo, que debe prestar más medios”.
Los representantes sindicales exigirán desde la plataforma que “se hable claro en las consejerías gubernamentales y que justifiquen donde invierten los 20.000 millones de euros que se han ahorrado de los servicios públicos estos años, a través de la evasión legal de impuestos”.