Electra Bermúdez de la Cruz lo niega todo. Esta ex trabajadora en el Centro Municipal de la Mujer de Santa Cruz de Tenerife, y judicialmente vinculada a Ángela Mena en otra causa, negó este miércoles en el juzgado de Instrucción 4 de la capital tinerfeña que hubiese habido, siquiera, un malentendido con la funcionaria de carrera que, tras acceder a su plaza en ese órgano municipal, denunció un vaciamiento de sus funciones a favor de una interina, lo que ha dado lugar a una denuncia penal por mobbing en concurso con prevaricación y tráfico de influencias.
La “mano derecha” de Ángela Mena y actual secretaria de la Concejalía de Hacienda, negó a la juez que hubiese habido cualquier “trato discriminatorio”, ni a favor hacia la interina en perjuicio de la funcionaria denunciante, al menos por su parte, y aseguró que, como administrativa, atendió los requerimientos de ésta última durante los únicos cuatro meses en que coincidieron en la sede del Centro Municipal de la Mujer, en el Palacete Cobiella, de enero a mayo de 2007. “Todo estaba bien”, dijo.
“Es increíble que se pueda negar que ha habido un trato discriminatorio hacia mi cliente, cuando era evidente y hay testigos que lo ratifican, y hasta Maribel Oñate, o técnicos como Pedro Ramos, ha hablado de conflicto entre la interina y la afectada, y de vaciamiento de funciones, y hay una sentencia en firme por lo contencioso que lo especifica”, afirmó a este periódico el abogado de la funcionaria afectada, José Pérez Ventura. En la denuncia que la Fiscalía ha trasladado al juzgado consta que Electra fue una de las primeras personas en “hacerle el vacío” a la víctima.
Bermúdez de la Cruz fue la secretaria del Consejo de la Mujer que en 2006 advirtió del “gravísimo trastorno, tanto para el Consejo como para la Concejalía”, que causaba la llegada de la técnico superior, en detrimento de la interina que ejercía sus funciones. Esa afirmación, plasmada en acta, llamó la atención del juez de lo Contencioso, que en su fallo respondió que “proveer las plazas de función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad es un mandato constitucional y no puede ser nunca considerado un trastorno para la Administración pública”, y resalta que “pocas veces se ve tan clara la expresión de un móvil de trato discriminatorio”.
La imputada, cuya abogada María de la Luz Vera no quiso hacer declaraciones a este periódico. insistió ante la juez en que tras una baja de unas semanas tras las elecciones de 2007, fue trasladada al área de Participación Ciudadana y Mujer, con Ángela Mena como concejal, por lo que no supo nada más de la afectada.
Con Electra de la Cruz son ya cuatro los imputados en la causa por supuesto acoso laboral a una trabajadora municipal. Los otros tres son Ángel Llanos, por posible prevaricación, quien ya declaró ante la juez, y María del Cristo Díaz Méndez, directora de Participación Ciudadana y de la Mujer, y el jefe de Servicio de Recursos Humanos, Miguel Ángel García de León, que declararán este jueves.