El comité de huelga de los empleados públicos interinos y temporales de Canarias -formado por Intersindical Canaria, Sepca y Pefralca- ha descartado reunirse este miércoles con la directora general Función Pública, Laura Martín, y solo negociará con el consejero de Administraciones Públicas, Julio Pérez.
Los trabajadores mantienen esta petición ante los “abundantes desprecios” sufridos por la directora general que se “mofaba” de los empleados aludiendo a que los sucesivos encuentros vendrían condicionados por el resultado del primer día de paro celebrado este lunes.
Así, entienden que la capacidad de decisión para asumir cualquier resultado de la negociación corresponde al responsable del departamento, el consejero Julio Pérez, intentando, en la medida de lo posible, evitar reuniones que impidan el avance en la resolución satisfactoria del conflicto.
El comité de huelga se comprometió a remitir un texto de trabajo que podrá servir como punto de arranque en la negociación y resolución del conflicto mientras espera la cita con el consejero “a la mayor brevedad posible”.
Además, indican en un comunicado que la posición de Laura Martín, sosteniendo que el Gobierno “no se puede salir de la legalidad vigente” resulta “del todo asombrosa” ya que es el propio Gobierno quien incumple la legalidad manteniendo a 27.000 trabajadores en fraude de ley.
En opinión de los trabajadores, la Constitución Española protege los derechos de los trabajadores y es contraria al despido libre y gratuito “que se quiere llevar a cabo por parte de la administración”.
En esa línea, indican que la legalidad vigente es la normativa europea que ya ha marcado el camino a seguir en la sentencia del TSJE de marzo de 2020, donde indica que ante el abuso de temporalidad hay que sancionar a la administración con la fijeza o la indemnización y excluye la Oferta Pública de Empleo como un medio para conseguir resarcir al trabajador del abuso de temporalidad.
“La solución depende de la voluntad política porque quien se ha saltado la Constitución es el empleador, el Gobierno de Canarias, y en ningún caso el trabajador”, exponen.
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