El pasado 10 de marzo el Parlamento Europeo aprobaba el tercer Plan de Acción para la Igualdad de Género de la UE (GAP III), para el periodo 2021-2025. El actual plan de acción toma como base la necesidad de cuestionar las normas de género que perpetúan las desigualdades entre hombres y mujeres, apuntando que la violencia de género es causa y consecuencia de una estructura desigual. La incorporación de los hombres y los niños en la lucha por la igualdad de género se perfila como un requisito indispensable que vista liberar a la sociedad de la atribución de características culturales aprendidas a través de los roles de género, y naturalizadas a partir de la práctica social, cultural, sexual, económica y política.
El GAP III es, en esencia, una guía de ejecución que viene a renovar el compromiso de la Unión con la igualdad, ya recogido en el Plan de Acción del periodo anterior (2016-2020). Desde entonces, las sociedades europeas se han visto zarandeadas por una pandemia global, la crisis económica y unas restricciones al movimiento sin precedentes. El contexto de la COVID-19 agravó la situación, exacerbando las desigualdades de género existentes, en particular al afectar al acceso a la educación y los servicios sanitarios. Además, alrededor de un 70 % del personal social y sanitarios que lucha contra la COVID-19 en primera línea, tanto de enfermería, médicos o personal de limpieza, son mujeres. Más aún, la pandemia ha provocado un aumento de la violencia de género y ha aumentado el riesgo de las mujeres migrantes de ser víctimas de las redes de tráfico de personas con fines de explotación sexual. Todo ello llevado al máximo exponente en el caso de las mujeres que huyen de la violencia y el terror producido por la invasión por parte de Vladimir Putin de la República de Ucrania. El texto adoptado pretende responder a la urgencia de esta situación, reconociendo la necesidad de tomar acción y desarrollando una estrategia dividida en siete ámbitos de actuación.
El primer compromiso acordado es avanzar hacia la eliminación de todas las formas de violencia de género a través de un enfoque interseccional. La Eurocámara ha querido resaltar la gravedad de la práctica violenta de la mutilación genital femenina, con 500.000 casos al año solo en la Unión Europea, y ha instado a la Comisión a desarrollar una estrategia para acabar con la mutilación genital femenina dentro y fuera de la UE.
El segundo punto clave del GAP III es garantizar el acceso de las mujeres a la salud y a los derechos sexuales y reproductivos. Específicamente, el texto aprobado por el Parlamento recuerda la importancia de los derechos sexuales y reproductivos en lo que respecta a los cuerpos de las mujeres y las niñas y su autonomía, e insta a que la salud y los derechos sexuales y reproductivos se traten como cuestiones de salud pública.
El tercer apartado se refiere a los derechos económicos y sociales de las mujeres. El nuevo Plan de Acción aborda las consecuencias de la COVID-19, que repercuten de un modo desproporcionado en el acceso de las mujeres al mercado laboral. Un punto clave del texto es la indicación de la negociación colectiva como un medio para luchar contra la desigualdad entre hombres y mujeres. El rol de los sindicatos y los organismos público-privados de representación de intereses civiles y sociales será fundamental a la hora de abordar la correcta implementación de la legislación en materia laboral.
El liderazgo y participación de mujeres en la toma de decisiones públicas y la agenda política es la cuarta prioridad identificada en el GAP III. El plan señala como medidas para ejecutar la reforma de la administración pública, programas y actividades como la creación de redes, los intercambios, la tutoría y el patrocinio. Muy vinculado se encuentra el quinto elemento de este plan, referido al objetivo de involucrar a las mujeres en las iniciativas de consolidación de la paz y de seguridad.
En este momento de grave crisis humanitaria en Ucrania, con el mayor movimiento de éxodo de personas que huyen del conflicto desde la segunda guerra mundial, es de especial relevancia tomar en consideración el impacto de los conflictos armados en las mujeres. Unas consecuencias desproporcionadas: con un grave aumento del tráfico de personas con fines de explotación sexual y el uso de la violencia sexual como arma de guerra. Durante el debate parlamentario celebrado el 8 de Marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer, el eurodiputado canario, Juan Fernando López Aguilar, intervino para instar a la presidenta la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, a iniciar la reforma de la Directiva penal contra la trata de seres humanos con el objetivo de penalizar la demanda de “servicios sexuales” de víctimas de la trata y, por tanto, convierta en un delito el uso y abuso de la prostitución que se cierne sobre las víctimas de la trata y se ensaña con ellas.
En esta misma línea, este plan ha incidido en la importancia de garantizar una acción humanitaria con perspectiva de género. Por último, el plan reitera el compromiso de la UE con la construcción de una sociedad ecológica y digital, siguiendo con los objetivos estratégicos del colegio de comisarios de Von der Leyen.