Las emisiones de gases de efecto invernadero (CO2) en España, principales responsables del cambio climático, se redujeron el pasado año un 4,1% respecto a 2005 en un contexto de “fuerte” crecimiento económico, ya que el PIB creció un 3,9%.
Así lo manifestaron los responsables de Medio Ambiente de CCOO, durante la presentación del informe anual de la evolución de las emisiones de CO2 en España (1990-2006), cuya reducción este año supone “el mejor resultado desde 1990”.
La reducción, según CCOO, se puede deber a las políticas adoptadas por el Gobierno, pero principalmente al aumento de la producción hidráulica y, sobre todo, al incremento de los precios del petróleo y de otros combustibles como el carbón o el gas.
Sólo en 1994 se registraron cifras similares de reducción, pero la diferencia en 2006 es el importante crecimiento económico y del empleo, junto al incremento de la población, lo que hace, según CCOO, que se pueda calificar la cifra de “histórica”.
Joaquín Nieto, secretario confederal de Medio Ambiente de CCOO, y José Santamarta, director de la edición española de la revista World Watch, señalaron que, no obstante, a pesar de la importante reducción, las emisiones han aumentado un 48,05% desde 1990.
Este incremento triplica el 15% de aumento de emisiones que tiene autorizado España en el Protocolo de Kioto de lucha contra el cambio climático para el periodo 2008-2012, lo que sitúa a nuestro país “lejos aún” de su cumplimiento.
Nieto recordó que ese 15% se aumentó hasta un 37% debido a los 20 puntos de reducción a lograr en terceros países a través de los mecanismos de flexibilidad y dos puntos más por mejora en la gestión de los sumideros de carbono, previstos en el Protocolo.
Kioto, a partir de 1 de enero de 2008
No obstante, apuntó que el 1 de enero de 2008 comienza a contar Kioto, por lo que España en esa fecha debería aumentar sus emisiones como máximo un 37%, cuando en el mejor de los casos estará por encima del 40%.
Santamarta puso de relieve que el cumplimiento de Kioto va a suponer para España un coste mínimo de 700 millones de euros al año (3.500 millones hasta 2012), principalmente debido a los mecanismos de flexibilidad (adquisición de derechos de emisión en terceros países) y de desarrollo limpio, que sufragarán un 60% el Estado y un 40% las empresas.
A pesar de los buenos datos de 2006, a nivel mundial España sigue estando en el ránking de los países peor situados en cuanto a emisiones, junto a Canadá y Dinamarca.
Respecto a las emisiones de CO2 per cápita, en 2006 suponen 9,59 toneladas por habitante y año, frente a las 9,9 toneladas de 2005, lo que nos sitúa un 13% por debajo de la media de la Unión Europea, aunque más del doble por encima de la media mundial.
Nieto puso de relieve que en la reducción de las emisiones, además de los factores mencionados, también ha influido la existencia de un potencial de uso de energías renovables, sobre todo, la eólica.
Señaló que sólo será posible cumplir los compromisos de Kioto si en los próximos años España logra convertir en tendencia la reducción de 2006 y si se producen modificaciones políticas en áreas como el transporte, el uso de la energía y la fiscalidad ecológica.
Santamarta señaló que este año el Gobierno “se lo va a pensar” antes de criticar estos datos, como hizo el año pasado en que las cifras eran negativas, ya que las emisiones se incrementaron.
Citó otros factores coyunturales que han influido en la reducción de emisiones como las buenas condiciones climatológicas, que han disminuido los consumos de calefacción y refrigeración, las mayores lluvias en zonas de producción hidroeléctrica, la reducción de la producción a partir de combustibles fósiles, y el funcionamiento “a tope” de las centrales nucleares.
En cuanto a las emisiones por sectores, Santamarta señaló que las principales reducciones se han producido en el sector eléctrico, mientras que han aumentado en todo lo relacionado con el de la construcción (entre un 6% y un 7%) debido a que continúa el “boom del ladrillo”, en el transporte por carretera (más de un 4%) y en el transporte aéreo nacional (5%).
Consideró que queda “falta bastante por hacer” y aseguró que, en parte, la subida de los precios de los combustibles fósiles ha suplido la falta de una fiscalidad ecológica, aunque “a costa de un déficit comercial enorme”.
El responsable de medio ambiente de CCOO pidió una ley de movilidad para reducir las emisiones del transporte, e insistió en una política fiscal ecológica, que permita, por ejemplo, a través de los impuestos gravar los vehículos que producen más emisiones, los “todoterreno”, que son los que más se venden.