Sebastián Pérez sabe que el drama de su madre es similar al drama de miles de canarios y de cientos de miles de españoles. Por eso explotó tras escuchar el pasado 10 de julio en una emisora de radio local como Juan José Cardona, alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, instaba a una vecina de la ciudad a entregar un documento en el Ayuntamiento para intentar “empujar un poquito” el expediente que tramita el área de Dependencia de la Consejería de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias.
''Las palabras del alcalde son indecentes, una desfachatez. Yo llevo cuatro años esperando a que ingresen a mi madre en una residencia porque no la puedo tener a mi cargo y sé que hay muchas personas en una situación parecida e incluso peor. ¿Le va a meter mano a estos casos también?“, se pregunta Pérez.
María del Pino, su madre, tiene 83 años, una discapacidad del 92% y derecho a una prestación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia por sus limitaciones físicas, psíquicas y sensoriales. Con un principio de Alzheimer, esquizofrenia, bipolaridad y diabetes de tipo II, tiene reconocida la situación de Gran Dependencia de grado 3 y nivel 1, una categoría que incluye a personas que necesitan ayuda para realizar actividades básicas de la vida diaria.
Sebastián, que ejerce como tutor legal de su madre, solicitó en el año 2009 una plaza para ella en una residencia a través del Cabildo de Gran Canaria y del Gobierno regional. La resolución definitiva del reconocimiento de la discapacidad no llegó hasta marzo de 2010. Desde la tramitación de su solicitud en ambas corporaciones, Sebastián se ha topado siempre con la misma respuesta: “No hay camas”. “Se pasan la pelota de una a otra Administración y hay muchísima opacidad. Un año me dicen que está en el puesto 50 y tres años después, que está en el 200, pero nunca oficialmente”, se queja.
Desde el pasado mes de enero, María del Pino se encuentra ingresada de forma provisional en el Centro Psiquiátrico de Bandama, en Tafira, al que fue derivada del servicio de urgencias del Hospital Doctor Juan Negrín de la capital grancanaria tras sufrir un brote psicótico el día 8. Entonces se encontraba con Sebastián, que la había acogido desde principios de año en su domicilio después de que dejara la residencia privada de Altavista en la que estaba desde 2009 gracias a una ayuda del Instituto Social de las Fuerzas Armadas del Ministerio de Defensa.
Y es que María del Pino, esposa de un militar ya fallecido, recibía hasta el año pasado una retribución mensual con la que podía sufragar cerca del 60% de los gastos de la residencia. Sin embargo, los recortes en Dependencia también llegaron al Ministerio de Defensa, que en octubre notificó a los beneficiarios la retirada de esta partida. El pago a la residencia, que suponía un coste mensual de 1.500 euros, se completaba con la pensión de jubilación de la dependiente y las pagas extra. Sebastián, por su parte, se encargaba de abonar el alquiler de la vivienda que tenían en la calle Mas de Gaminde y que estaban obligados a mantener para recibir la ayuda.
El hijo de María del Pino, que dejó su trabajo para poder dedicarse en exclusiva a los cuidados de su madre tras la retirada de la ayuda, ha elevado en los últimos meses tres quejas al Gobierno de Canarias solicitando su inmediato ingreso en una residencia, una petición que está avalada por un juez y una asistencia social, que han coincidido en que sería “la única solución a su problema psíquico”. “No sé cuánto tiempo más podrá estar en Bandama, pero en su situación es imposible que esté conmigo en casa. En su momento tuve que llevarla a la residencia porque no podía cuidarla, los vecinos nos pusieron varias denuncias porque, entre otras cosas, se levantaba a las cinco de la mañana a tocar la puerta y llevarles bolsas de comida”, explica.
“Estamos desamparados ante las instituciones”, sentencia Sebastián, desalentado ante la larga espera que, como su madre, están soportando los miles de canarios que se encuentran en el denominado limbo de la Dependencia, sin poder acceder a la prestación o al servicio al que tienen derecho reconocido por la Administración.