La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes sopesa la posibilidad de aplazar las pruebas de las oposiciones convocadas para el próximo mes de junio de aquellos profesores contagiados de COVID-19 u obligados a guardar cuarentena hasta que reciban el alta sanitaria.
Así lo ha avanzado la consejera Manuela de Armas en una comparecencia en comisión parlamentaria en la que ha indicado también que se están buscando nuevos emplazamientos, además de los campus de las dos universidades, que podrían repartirse incluso por las islas no capitalinas, para cumplir con las exigencias de distancia social.
Armas ha recordado que en convocatorias anteriores, si el opositor sufría un accidente o caía enfermo perdía la opción de presentarse, pero con la pandemia se tendrán “consideraciones especiales”, máxime cuando un eventual contagio por COVID-19 se podría producir en un aula, precisamente en el ejercicio de la profesión.
De ahí que se esté valorando la opción de aplazar los exámenes en estos casos cuando reciban el alta o salgan de la cuarentena.
Espera la consejera que “la próxima semana como mucho” estén definidos todos estos aspectos, así como los criterios de evaluación.
A preguntas de la diputada del grupo Nacionalista Jana González, que ha cuestionado la oportunidad de convocar unas oposiciones en medio de una pandemia, lo que genera “mayor incertidumbre”, la consejera ha dado por resueltos los problemas técnicos para cumplimentar las inscripciones de forma telemática.
Ha puntualizado que “las dificultades” no se han producido con la matriculación sino con el certificado para el pago de la tasa, algo que “tiene que ver” con el Tesoro Público, pero las considera resueltas a la vista de la cifra de inscritos, unos 14.000.
En cuanto al novedoso subapartado dentro del supuesto práctico introducido en estas oposiciones ha recogido la propuesta de la diputada nacionalista de ampliar el plazo de cuatro horas previsto para todo el supuesto, que le trasladará al director general de Personal.
Eso sí, Manuela de Armas ha considerado “oportuno” y que “no es ningún disparate” este subapartado, porque un profesor, ha esgrimido, “debe saber de lo que habla”, y a eso se le añaden los recursos didácticos que debe emplear “para que al niño le llegue” ese contenido.
Fin a las aulas modulares
La consejera también ha dado cuenta en comisión parlamentaria de las medidas adoptadas por el Gobierno de Canarias para acabar con los barracones y las aulas modulares en las que los niños “se asfixian en verano y se congelan en invierno”, tal y como se lo ha recordado la portavoz del grupo Mixto, Vidina Espino, de Ciudadanos.
Manuela de Armas ha avanzado que tras recibir varios centros se podrán retirar 17 aulas modulares y en aquellos donde hay demanda “ya se está contratando” la habilitación de aulas fijas, “de rápida construcción”, en vez de modulares.
Ha admitido que le gustaría que no hubiera en Canarias ni aulas modulares ni barracones, pero “las cosas no se pueden hacer de la noche a la mañana (...) las cosas se van haciendo”, ha argumentado para defenderse de las críticas de Espino sobre el discurso reiterativo de la “herencia recibida”.
En cuanto a la presencia de amianto en centros escolares de la comunidad, que la diputada de Ciudadanos ha cifrado en 39, la consejera ha pedido a su interlocutora que sea “cuidadosa” porque en ningún caso supone “un peligro” para alumnos y profesores porque está “encapsulado”.
Se ha invertido más de un millón de euros para la retirada de asbesto de tres centros y en estos momentos una contrata está interviniendo en otros tres.
Manuela de Armas ha admitido que en Canarias existe “un déficit importante” en infraestructuras, digitalización y retirada de amianto, “pero las cosas no se hacen de la noche a la mañana”, ha insistido ante las críticas, que ve “demagógicas”, de Vidina Espino.
La diputada de Ciudadanos le había planteado antes si consideraba “más importante” invertir 60 millones en la construcción de dos búnkeres para emergencias que en disponer de unos centros educativos “en condiciones”, más aún cuando hay niños años y años estudiando en barracones se construyeron con la idea de que fueran provisionales.
Por último, Manuela de Armas ha admitido en sede parlamentaria que el abandono escolar y el absentismo son cuestiones que “nos preocupan” y que son “asignaturas pendientes” en Canarias.
Armas ha esgrimido que se le está haciendo frente a esta problemática mediante diferentes programas, medidas e inversiones específicas, de atención a la diversidad, de mejora de la convivencia, de aulas de acogida, apoyo idiomático a alumnos no hispanohablantes o las aulas virtuales.
Adicionalmente, ha aludido al “esfuerzo” realizado este curso para conseguir que la oferta de la FP básica sea “atractiva”, “diversa” y “cercana”, pensando especialmente en niños que “a lo mejor no tienen problemas graves, sino que están desmotivados”.
La diputada de ASG Melodie Mendoza ha recordado que Canarias fue en 2020 la sexta comunidad autónoma con mayor índice de abandono escolar temprano, con un 18,2%, dos puntos por encima de la media nacional, aunque en 2007 llegó al 36,7%.
Mendoza ha valorado esa reducción, aunque ha recalcado que la estrategia europea 2020 fijó diez años antes como reto reducir esa tasa por debajo del 10% en la UE, y en España excepcionalmente al 15%, y ha advertido de los efectos que la pandemia podría tener sobre estas cifras, especialmente en las familias más vulnerables.