NEW YORK, 17 (Reuters/EP)
Cuatro grandes fabricantes de cigarrillos han denunciado a la Food and Drug Administration (FDA) de Estados Unidos con el objetivo de anular la obligación de las nuevas etiquetas gráficas con las que la FDA pretende advertir a los consumidores sobre los riesgos de fumar, pero que los fabricantes consideran “inconstitucionales”.
La demanda presentada por Reynolds American Inc's R.J. Reynolds Unit, Lorillard Inc, Liggett Group LLC y la Commonwealth Brands Inc, propiedad de la británica Imperial Tobacco Group Plc, asegura que las advertencias obligarían a los fabricantes de cigarrillos a “participar en la defensa de la lucha contra el tabaquismo en nombre del gobierno”. Asimismo, consideran que “esta obligación viola los derechos de libertad de expresión recogidos en la Primera Enmienda”.
“La idea de que el gobierno pueda exigir a los que fabrican un producto lícito que ocupen la mitad de los paquetes con imágenes y un mensaje para persuadir al público a comprar ese producto no puede ser constitucional”, afirma un especialista en la Primera Enmienda que representa a los fabricantes de cigarrillos, Floyd Abrams.
Por su parte, un portavoz de la FDA se negó a comentar la polémica en torno a esta nueva obligación citando una política de la agencia relacionada con no discutir litigios pendientes.
La prevención de 2009 de la Familia de fumadores y la Ley de Control de Tabaco exige advertencias en color que cubran la mitad superior de la cara frontal y posterior de los paquetes de cigarrillos, y un 20 por ciento de publicidad impresa.
Cadáveres, pulmones enfermos y dientes podridos son algunas de las imágenes que podrán aparecer tras el primer cambio en las cajetillas de Estados Unidos en estos 25 años.
Reynolds incluye marcas como Winston, Camel y Kool. Por su parte, Lorillard abarca marcas como como Newport y True, una de las marcas de la Commonwealth es Davidoff, y Liggett incluye Eve.
Estos fabricantes de cigarrillos son los más grandes de Estados Unidos, sin contar Altria Group Inc, que no forma parte de esta denuncia y que incluye marcas como Marlboro. De hecho, Altria apoyó la ley de 2009.
DISPARIDAD DE OPINIONES
“Algunas disposiciones de la norma final plantean problemas constitucionales”, reconoce el portavoz de Altria, Bill Phelps, quien explica que “desde Altria se continúa trabajando de manera constructiva con la FDA, y se reservan los derechos y opciones para proteger esta empresa”.
Por su parte, un pequeño fabricante de cigarrillos, Santa Fe Natural Tobacco Co, es también un actor en la demanda y, además, trata de retrasar la ejecución de otras partes de la ley del tabaco.
La secretaria del Departamento de Salud y Servicios Humanos, Kathleen Sebelius, aseguró en junio que las nuevas advertencias conseguirán que “toda persona que vea un paquete de cigarrillos sepa exactamente cuáles son los riesgos que están tomando”. Además, para Sebelius, el objetivo de esta obligación es “evitar que los niños empiecen a fumar y dar a los fumadores adultos un nuevo incentivo para dejar de fumar”.
Sin embargo, en su denuncia, las empresas tabacaleras aseguran que las etiquetas “ilegales” les obligan a hacer sentir a los consumidores “deprimidos, desanimados y con miedo a comprar cigarrillos”, y a hacer de cada paquete un “mini-cartel” ocupado por un mensaje el gobierno.
Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, alrededor de 46 millones de adultos estadounidenses fuma cigarrillos, lo que no supone prácticamente ningún cambio en la cifra actual respecto a la registrada en 2004.
Se espera que más de 221.000 estadounidenses sean diagnosticados con cáncer de pulmón en 2011, según la Sociedad Americana del Cáncer. Además, el tabaco podría matar a casi seis millones de personas en todo el mundo en 2011, incluyendo a 600.000 personas que no fuman, según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).