Un médico acusado por falsificación firma la baja de enfermedad que libra al juez Alba de ser suspendido
El médico que firma la baja por enfermedad del magistrado Salvador Alba Mesa no es su facultativo de cabecera, ni en la sanidad pública ni en la privada a través de la Mutualidad General Judicial (Mugeju) a la que el juez está acogido como trabajador de la Administración de Justicia. Sergio Hernández Sánchez, sobre el que pende una petición fiscal de seis años de cárcel por supuestamente haber manipulado el historial médico de su exmujer, presta sus servicios en el Centro de Salud de Schamann, en Las Palmas de Gran Canaria, mientras que su presunto paciente vive en la ciudad de Telde, a casi 20 kilómetros de distancia. El doctor Hernández confirmó el viernes a este periódico que Salvador Alba “está de baja porque tiene que estar de baja, porque está enfermo”. Según el Colegio de Médicos, no pasa consulta privada, y según el Servicio Canario de la Salud, si Salvador Alba no está en su cupo de pacientes, la baja es irregular y será investigada.
Salvador Alba pretendía reunirse el viernes con los otros dos magistrados con los que formó tribunal para enjuiciar el llamado caso Faycán, una trama de corrupción del Partido Popular en el Ayuntamiento de Telde entre los años 2003 y 2006. El juicio quedó visto para sentencia el pasado 12 de marzo y, a pesar de que la Audiencia Provincial lo liberó de toda carga de trabajo a finales de abril, la sentencia sigue sin estar acabada. Su situación de incapacidad laboral transitoria le impide trabajar, al menos teóricamente.
Sobre Alba pesa también una inminente suspensión como juez por parte del Consejo General del Poder Judicial al haberse abierto ya juicio oral en su contra por cinco delitos por haber conspirado contra la también magistrada Victoria Rosell cuando fue diputada en las listas de Podemos. La baja médica bloquea también esa suspensión porque, como han indicado a este diario expertos en la jurisdicción contencioso-administrativa, la relación laboral ya queda suspendida precisamente por la declaración de incapacidad laboral transitoria. De este modo, la baja médica que disfruta Alba en estos momentos impide que ponga la sentencia del caso Faycán y que el CGPJ lo pueda suspender cautelarmente como juez, por lo que seguirá cobrando sus emolumentos como tal. Y, como no puede desempeñar sus tareas como juez por imposición médica, tampoco puede someter a la consideración de sus compañeros la sentencia pendiente de dictar.
En declaraciones a diversos medios de comunicación, Salvador Alba dijo la semana pasada estar sometido a diversas pruebas médicas por una dolencia que no reveló por motivos de intimidad. Pero el médico que le firma la baja médica, el que debería dirigir las pruebas diagnósticas y el tratamiento al que someter a su paciente, no parece ser su médico de cabecera, o más concretamente, no puede serlo por no ser el que le corresponde dentro del sistema nacional de salud ni el que le podría corresponder a través de la Mutualidad General Judicial (Mugeju), a la que están acogidos obligatoriamente todos los funcionarios de la Administración de Justicia, según el Real Decreto 3/2000, de 23 de junio. Ninguna de las clínicas privadas que tienen convenio con Mugeju en Gran Canaria contestó afirmativamente a este periódico a la pregunta de si el doctor Sergio Hernández Sánchez presta servicio en ellas como facultativo. Y en la web de búsqueda de galenos en ejercicio del Colegio de Médicos de Las Palmas, el doctor Hernández no figura en el apartado de “médicos en el ejercicio privado por cuenta propia”. Además, en su perfil personal en Linkedln, este doctor solo incluye como destino profesional el Servicio Canario de Salud, concretamente la plaza que desempeña desde 1992 hasta la actualidad.
Una fuente autorizada del Servicio Canario de la Salud ha confirmado a este periódico que ningún médico de familia puede conceder bajas “fuera de su cupo de pacientes”. La misma fuente reconoció no explicarse que Hernández haya podido tratar a un ciudadano que vive en Telde, “a no ser que por alguna circunstancia ese paciente esté empadronado en Schamann y estuviera adscrito a ese centro de salud”. Un inspector médico será quien dilucide si la baja de Salvador Alba está bien concedida o es irregular, indicó la fuente, que no descartó la existencia de fraude en el caso de que se tratara de un ardid para acceder a las consultas externas del Hospital Doctor Negrín (Área Norte de Gran Canaria), en lugar de las del Hospital Insular (Área Sur, a la que correspondería Telde).
Como funcionario de la Administración de Justicia que es, Salvador Alba tiene a su disposición un amplio catálogo de centros médicos privados, aunque la Mutualidad General Judicial también le permite optar por utilizar la sanidad pública. En ese hipotético caso, Alba no podría estar adscrito al Centro de Salud de Schamann, donde tiene su plaza de doctor que le ha firmado la baja por enfermedad. El magistrado vive con su familia desde hace años en una urbanización costera de la ciudad de Telde, a casi 20 kilómetros del populoso barrio donde ejerce su circunstancial médico de cabecera. No consta que haya residido jamás en la capital de la isla.
Pendiente de seis años de prisión
El médico que le ha firmado la baja por enfermedad a Salvador Alba es muy conocido en la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, no solo por las ILT que suscribe. En el Juzgado de Instrucción número 6 se sigue contra él una causa por delitos contra la intimidad y falsedad documental presuntamente cometidos al haber accedido en repetidas ocasiones al historial médico de su exmujer y haberlo manipulado en su propio beneficio durante el pleito de divorcio que ambos mantenían. El doctor Hernández, que el viernes pasaba consulta en su puesto del Centro de Salud de Schamann, se enfrenta a una petición por parte del Ministerio Fiscal de seis años de prisión y de inhabilitación absoluta, además de otros seis de inhabilitación especial para empleo y cargo público de médico y oficio sanitario.
A requerimiento de este periódico, el doctor Hernández Sánchez confirmó el viernes que es el firmante de la baja médica de Salvador Alba. Visiblemente molesto por las preguntas que se le formulaban, confirmó que “este señor está enfermo, tiene un problema”, pero reiteradamente se negó a confirmar que fuera su médico de cabecera ni a precisar bajo qué modalidad de servicio médico (público o privado) le está tratando la dolencia que padece. “Ese tipo de información no la puedo dar porque pertenece a la esfera privada de cada paciente”, reiteró constantemente.
Tampoco quiso contestar si actualmente desempeña su profesión como médico en algún centro privado o en una consulta particular. Pero de alguna manera lo hizo cuando afirmó: “Trabajo en una institución pública, pero mi trabajo es secreto y privado; lo que ocurre en mi despacho no es público, es privado, igual que le ocurre a los que trabajan en una clínica privada”. Y añadió: “Aunque esté en un centro público, la relación con el paciente es privada”.
En ningún momento este periódico preguntó nada relativo a la supuesta dolencia que ha dado lugar a la incapacidad laboral transitoria del magistrado Alba por considerar que eso sí pertenecería a su ámbito exclusivamente privado.
