La familia de acogida de la niña de cinco años Piedad ha recurrido el auto en el que se establecía un plazo de 24 horas para la entrega de la niña para su ingreso en un centro de acogida y la mantiene con ella porque sostiene que ese requerimiento no es firme. El abogado de la familia, Juan Manuel Fernández del Torco, ha recurrido también la sentencia en la que se establece el ingreso de la niña en el centro como paso previo a su integración con su madre biológica.
Afirmó en rueda de prensa que el estatus jurídico de Piedad (nombre supuesto) ya no es el de “acogimiento provisional preadoptivo”, como dice el fallo judicial, sino el de adopción, al haber transcurrido más de un año en preadopción.
La niña fue entregada en acogimiento preadoptivo con tres años y medio y ahora tiene cinco, explicó.
La madre acogente de Piedad, de nombre Soledad, “ni sustrae a la niña, ni intenta oponerse al estado de derecho”, sino que “defiende los intereses de su hija adoptiva”, dijo Fernández del Torco.
Agregó que si la Dirección General del Menor del Gobierno de Canarias ha cometido errores en este proceso al iniciar el procedimiento preadoptivo, como señala la sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas, no debe responsabilizarse de ello a la niña.
“Estamos hablando de un ser humano, y la pregunta es: ¿está mejor con su familia o en un centro de acogida?”, dijo el letrado.
Críticas
Además, Fernández del Torco ha recusado al presidente de la sección tercera de la Audiencia Provincial de La Palmas, Ricardo Moyano, por hacer declaraciones a los medios de comunicación sobre su posición sobre el asunto antes de dictar la sentencia, lo que hace que ese pronunciamiento tenga “vicio de nulidad”.
En su recurso sobre el auto en el que se insta a la madre de acogida a entregar a la niña, Fernández del Torco argumenta que esta familia nunca ha recibido requerimiento judicial previo de ningún tipo, que de hecho la niña tiene un estatus de adopción y no preadoptivo y que no ha habido negativa a colaborar con la Dirección General del Menor, a cuyo titular, José Luis Arregui, acusó de engaño.
Sería altamente lesivo para la niña su internamiento en un centro de acogida, dijo Fernández del Torco, quien dijo que todas las actuaciones de Soledad están impuestas y justificadas legalmente por su deber de defender el interés superior de Piedad.
“Si la Dirección General cometió errores, que se resuelva, pero que no los pague la parte más débil, porque si la niña vuelve a un centro de acogida se va a ver desestructurada y será una víctima del sistema”, advirtió.
El letrado sostuvo que ni la sentencia ni el auto de requerimiento de la entrega de la menor son firmes hasta que no se sustancien los recursos, por lo que Soledad no incumple la ley al mantener con ella a la niña.
Ha habido un funcionamiento anormal de la Dirección General del Menor, porque fue la Administración la que estableció el régimen preadoptivo de Piedad, y ahora se quiere que esa decisión la pague la niña internándola en un centro de acogida.
Soledad “ni sustrae a la niña, ni la oculta ni mantiene posiciones reticentes, cumple con su deber de madre” y dentro del derecho, porque la menor tiene derecho a mantener su vida en familia hasta que se agoten los recursos y las decisiones judiciales sean ejecutables.
Denunció que la Dirección General del Menor haya enviado a buscar a la niña a la casa de Soledad, en el municipio tinerfeño de La Orotava, “como si se tratara de una atracadora de bancos”, aporreando su puerta, y señaló que el titular de ese departamento, José Luis Arregui, debería haber sido destituido fulminantemente.
Arregui “ha engañado a la familia adoptiva y ha llevado a un retroceso en la evolución de los menores en Canarias”, ya que este caso ha causado que el Cabildo de Gran Canaria haya paralizado 36 preadopciones.
Afirmó que Soledad está dispuesta a defender los intereses de Piedad “hasta las últimas consecuencias” y ante todas las instancias, incluido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
“Los centros no son para niños felices”
Soledad, la madre preadoptiva de la niña de cinco años Piedad, que según una sentencia debe ingresar en un centro de acogida como paso previo a su integración con su madre biológica, afirmó que esos lugares “están para los niños que necesitan atención, no para los niños felices”.
“Por mucha dulzura, por mucho psicólogo y trato de pedagogos y especialistas” que pueda recibir en un centro de acogida, “ella sólo entiende un lenguaje, el de mamá, papá, su casa, sus hermanos, su familia y sus amigos”, declaró.
Agregó que agotará todas las vías legales para que la niña no sea ingresada y pidió la destitución del director general del Menor del Gobierno de Canarias, José Luis Arregui, a quien acusó de haber faltado “al honor y al respeto hacia la infancia”, por haber dejado a una niña y a su familia desamparadas.
Arregui ha pasado de decir a Soledad que la niña donde mejor estaba es con su familia y que juntos irían a la cárcel si fuera necesario a acusarlos de maltrato emocional hacia la menor.
Este cambio de la Dirección General del Menor se ha producido “por razones que no me atrevo a afirmar ante los medios de comunicación”, dijo Soledad, quien reclamó que “se respete a esta niña, que no vota, pero que tiene sus derechos”.
Afirmó que Piedad “está bien, muy cuidada, siempre se ha sentido amparada con nosotros, el problema es que deje de estar bien” y explicó que está medicada y escolarizada.
Si en algún momento no ha ido a clase, precisó, ha sido por la presión de Menores de pretender ir a buscarla al colegio y por su enfermedad.
“He luchado con honradez y con lo que nos dicta el corazón por proteger el bien superior de la niña, hemos visto su evolución, su adaptación y su paz, esto es lo que nos ha movido, al amparo del derecho, a seguir luchando cada día”.
Afirmó que “se han vulnerado todos los derechos de la menor en un procedimiento lleno de irregularidades” del que son víctimas Piedad y su familia, para la que pidió respeto y que no se les trate como a delincuentes.
Soledad aseguró que nunca ha recibido ninguna notificación para la entrega de la menor y por tanto nunca ha desobedecido a nadie, sino que ha mantenido posiciones justificadas en favor de la protección de los derechos de una niña, “que no es una parcela y no se la puede mover de aquí para allá”.