A Maite no se le va un pensamiento de la cabeza. En el mismo lugar en que murió su hija, pero cinco meses antes, otro joven había sufrido un accidente. “Lía estaría hoy con nosotros si entonces se hubiesen tomado medidas”, repite. Lía falleció el 25 de julio de 2022 en el Hospital Doctor Negrín de Gran Canaria. La madrugada anterior, la del día 24, había sido trasladada en helicóptero desde El Hierro con un grave traumatismo craneoencefálico tras caer a un foso. Estaba de fiesta junto a unos amigos, disfrutando de sus vacaciones, cuando se apartó a un lugar oscuro para orinar. Tras un pequeño muro de apenas 50 centímetros de alto se escondía el abismo de seis metros por donde se precipitó. No había una valla de protección. Tampoco señales de advertencia ni iluminación.
Lía tenía 20 años y estudiaba el doble grado de Traducción y Turismo en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Tenía planeado irse de Erasmus a Alemania en septiembre. La noche anterior al accidente, sus padres, Maite y Esteban, habían salido a cenar para celebrar el aniversario de boda. Sobre la una de la madrugada, Lía habló con su madre para avisarle de que se iba a Valverde, la capital, de fiesta. Se estaba quedando en una casa rural en la otra punta de la isla. Dos horas después, volvió a sonar el teléfono. La llamada procedía del Hospital de El Hierro. Lía se había caído y tenía un traumatismo muy grave.
Las lesiones eran irreversibles y la joven falleció en el hospital. A los pocos días, su padre se trasladó a El Hierro con un notario para levantar un acta que atestiguara el estado del lugar donde cayó Lía. Los amigos de su hija ya le habían pasado imágenes y Esteban, que es ingeniero civil y se dedica, entre otras cosas, a la obra civil, había detectado deficiencias e “incumplimientos graves” de seguridad. La causa abierta por un presunto delito de homicidio por imprudencia fue archivada el pasado mes de mayo por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, que no apreció responsabilidad penal en estos hechos.
Ahora la familia busca reabrir el caso en esta vía. Para ello, la única manera es aportar nuevas pruebas. La familia considera que no se ha tenido en cuenta un dato esencial, que es el testimonio de la persona que cayó y sufrió lesiones de gravedad en el mismo lugar cinco meses antes. Ni siquiera fue citado a declarar en fase de instrucción. “Antes era sólo un nombre, ahora tiene voz”, señala la madre después de que el joven haya enviado un audio a una radio local contando que en febrero de 2022 se precipitó en ese mismo lugar y que esos hechos continúan siendo investigados en los juzgados herreños. Además, solicitan que se haga una auditoría del proyecto y del expediente de la obra, ya que en la documentación que les ha facilitado el Ayuntamiento no figura el lugar donde cayó Lía.
Una “negligencia continuada”
El origen de este caso hay que situarlo en la construcción de una vía pública, la calle San Francisco y San Juan de Valverde. La propiedad de un vecino quedaba afectada por estas obras y el alcalde del municipio en aquel momento, año 2006, se comprometió a través de un decreto a ejecutar un acceso a su finca. Como había una notable diferencia de niveles, había que hacer una rampa que conducía desde la vía pública hasta el terreno agrícola. Según las ortofotos históricas alojadas en la página de Grafcan, en julio de 2011 ya se había ejecutado el acceso, aunque la vía pública no se terminó hasta cinco años después.
En julio de 2022, cuando ocurrieron los hechos, ese acceso estaba delimitado por una cancela metálica de noventa centímetros de alto flanqueada por dos pequeños muros de piedra de altura variable, de 40 a 65 centímetros. Lía rebasó uno de ellos sin saber que al otro lado había un hueco de casi seis metros, en una especie de pasillo entre la rampa y la pared. La joven llegó hasta allí en busca de privacidad. Para ello caminó apenas unos metros del sitio donde se encontraba, el cercano pub La Lonja y el aparcamiento situado justo enfrente, lugar habitual de reunión de la juventud en la isla del Meridiano.
La familia de Lía aportó al Juzgado de Instrucción e Instancia único de Valverde un informe realizado por un arquitecto que constataba la falta de medidas de seguridad en ese acceso, ubicado en una parcela que, según el catastro, es propiedad del Ayuntamiento de Valverde. “Habría que haber dispuesto barreras de protección con una altura mínima de 90 centímetros no escalables” y “se debería haber limitado el acceso a ese lugar cuando se ejecutó la vía pública”, recoge ese informe, que también alertaba de que la zona carecía de alumbrado público pese a que el proyecto de implantación de servicios lo contemplaba.
También incorporaron al procedimiento una nota de prensa difundida por el propio Ayuntamiento de Valverde en febrero de 2017 en la que informaba de la finalización de las obras, “restando por ejecutarse las labores de pintura de la señalética e instalación de la iluminación”. Unos trabajos que, según ese comunicado, se realizarían “en las siguientes semanas, una vez la capa asfáltica se asentara”. Sin embargo, esos trabajos nunca llegaron a realizarse, como acredita el acta notarial levantado tras el fallecimiento de Lía. Desde la corporación municipal no han querido pronunciarse sobre este caso.
Tras una visita al lugar y el estudio de la documentación, el informe del arquitecto perito judicial habla de una “negligencia continuada por parte de muchos intervinientes en la ejecución de este acceso y la forma en la cual se ha ejecutado, pues desde 2011 se encontraba en la misma situación que la de julio de 2022”. Para este técnico, “es evidente que los muros de protección a caídas de más de cinco metros de altura eran insuficientes a todas luces”, máxime cuando “se daban situaciones de penumbra” al no haber alumbrado.
“El accidente se podía haber evitado con las protecciones adecuadas”, incidía el arquitecto en su informe, que además recordaba que tras la muerte de Lía se colocó una verja que impedía el acceso a esa zona. Esa valla “se debió haber colocado antes de proceder a la apertura de la vía”, concluía en el escrito aportado al juzgado único de la isla de El Hierro.
El atestado de la Guardia Civil también acreditó que no había barandillas delimitadoras. En la inspección ocular tras el accidente se comprobó que la zona carecía de iluminación y que por la noche es un lugar “con bastante oscuridad”.
El archivo de la causa
La familia de Lía se enteró en octubre del año pasado que el juzgado de instrucción había decidido cerrar la investigación al no hallar indicios de responsabilidad penal. El recurso frente a ese archivo fue desestimado por la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife en un auto fechado el pasado 6 de mayo. En esa resolución, que no es recurrible, la Sección Sexta de este órgano provincial confirma el sobreseimiento con dos argumentos. El primero, que Lía accedió “voluntariamente” al lugar donde se produjo el accidente y que, por tanto, asumió “un riesgo que impide considerar la existencia de una imprudencia grave o, incluso, menos grave”. La segunda, que ese acceso se encontraba desde 2011 en el mismo estado y que no constaba la existencia previa de atestados o avisos, por lo que, a juicio de este tribunal, no podía afirmarse que el propietario de los terrenos “fuera consciente de la existencia de un peligro y, pese a ello, hubiera obviado las medidas de seguridad correspondientes”.
Sin embargo, en el recurso presentado contra el primer archivo, la familia de Lía mencionaba el caso del joven que se había caído en el mismo lugar cinco meses antes, sin que fuera citado a declarar durante la instrucción. “Sólo llamaron a los amigos de mi hija, a él nunca. La investigación no ha sido correcta, no ha sido completa”, señala la madre.
El auto de la Audiencia Provincial hace una somera alusión a este caso cuando habla de la ausencia de incidentes previos “más allá de la caída de otra persona que, según el apelante, habría ocurrido meses antes”. Lo cierto es que ese accidente previo está judicializado, según ha confirmado a este periódico el abogado Juan Manuel Rochina, que representa al joven. “Se cayó en la misma zona y en unas circunstancias muy parecidas”, explica el letrado, que añade que su cliente sufrió lesiones de consideración que le obligaron a permanecer diez meses de baja. También en este caso hubo un primer archivo contra el que se presentó un recurso al que se adhirió el fiscal y que ha obligado a reabrirlo.
A juicio de la familia de Lía, cuando ocurrió aquel accidente, en febrero de 2022, se debieron “haber encendido todas las alarmas y haber puesto medidas para que no volviera a ocurrir”. “Nosotros no íbamos en contra de una persona en concreto, queríamos que se hiciera una investigación correcta” y que se depuren responsabilidades.
Ahora, aparte de recabar firmas de apoyo en la plataforma Change.org, la familia busca la forma de reabrir la causa penal mientras reclama una auditoría del proyecto y del expediente de la obra tras acreditar, tras el análisis de la documentación aportada por el propio Ayuntamiento de Valverde, que el lugar donde se cayó su hija “no aparece en ninguna parte del proyecto, ni en el modificado, ni en las certificaciones ni en el final de la obra”. “O la obra es ilegal o no nos han facilitado toda la documentación”, concluye.