Una familia con tres menores, en riesgo de desahucio en la capital grancanaria

Nereida y Natalia son dos hermanas que viven en una vivienda de la Vega de San José, en Las Palmas de Gran Canaria, con sus tres hijos menores de edad. Llegaron al barrio capitalino después de contactar a través de las redes sociales con una persona que ofrecía alquileres baratos. Pagaron una entrada de 150 euros y recibieron las llaves de la casa con la idea de quedar al día siguiente para formalizar el contrato. Nunca más supieron de este supuesto arrendatario. Después de medio año habitando la casa, el pasado jueves una comitiva judicial les llamó a la puerta y les dieron una semana de plazo para abandonar el inmueble.

Con una orden de desahucio que no iba dirigida a ellas sino a la antigua inquilina, la comitiva llegó acompañada de distintos cuerpos policiales y el propietario de la vivienda. Al encontrarse la nueva situación, el dueño de la casa les dijo que les dejaba siete días para que recogieran sus cosas y se marcharan. Las hermanas se pusieron en contacto el viernes con el Sindicato de Inquilinos de Gran Canaria y su abogada, Isabel Saavedra, presentó un escrito al juzgado en nombre de ellas con el objetivo de que se paralizara el desahucio hasta que se encuentre una solución.

La letrada explica que desde el pasado 5 de marzo existe una ley que viene a decir que cuando hay problemas con menores de edad o familias especialmente vulnerables se debe solicitar un informe a asuntos sociales antes de que se lleve a cabo el desalojo. Saavedra cree que se trata de un asunto “irregular” que les den una semana para que se marchen de la vivienda cuando “realmente no son las personas que dice la orden judicial que tienen que echar”.

En su opinión, esta comitiva tendría que informa al juez de la situación y el magistrado escuchar a la familia, ya que en algunos casos de estafa se ha llegado a firmar un contrato. “Hay algo que no se puede saltar y se lo saltaron. No sé si se hará pero, por ahora, no les han notificado. Este jueves se cumple la semana y se supone que se ejecutará el desahucio”.

Desde la plataforma afirman que es un caso de estafa. Nunca más supieron del propietario de la vivienda y en diversas ocasiones trataron de contactar con él, pero se eliminó las redes sociales y su teléfono dejó de existir. Cuando Nereida y Natalia llegaron a la vivienda se la encontraron sin muebles y muy deteriorada. Con mucho esfuerzo comenzaron a arreglar los desperfectos y la acomodaron para convertirla en su lugar de residencia. Han pagado las facturas de agua y luz, así como la comunidad, que llevaba muchos años sin pagarse y acumulaba una deuda de 4.000 euros. En la mañana de este jueves se podrían quedar en la calle con tres pequeños. No tienen a donde ir y las dos se encuentran en situación de desempleo.

Las hermanas no tienen familia y no cuentan con otra vivienda a la que irse a vivir. Nereida ha tenido trabajos esporádicos y hace unos días la pararon, ahora mismo percibe una prestación de desempleo de 140 euros que el próximo mes le aumentará a 215. Es madre soltera y no recibe nada por su hijo. Natalia sí recibe una ayuda del padre de sus hijos, pero no trabaja. Si este jueves la comitiva judicial decide finalmente ejecutar el desahucio se verían en la calle con tres menores, lo que supondría condenarlas a la indigencia y a la separación.

Desde el sindicato solicitan al propietario de la vivienda que detenga el desalojo y conceda a la familia un alquiler asequible. “No hay que olvidar que Natalia y Nereida han reformado apreciablemente un inmueble que durante mucho tiempo fue pasto del abandono”, reivindica Ruymán Rodríguez, portavoz de la plataforma.

La plataforma también exige al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y al Gobierno de Canarias que conceda a la familia un alquiler acorde a sus condiciones económicas. Además, creen que las administraciones tienen que tomar medidas “de choque” para atajar la “terrible situación habitacional que sufre la población canaria”.