La consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, anunció este miércoles que 12.000 de las 17.000 familias que residen en viviendas de alquiler social en el archipiélago tienen recibos sin abonar, un 70% del total, pero en ningún caso se producen desahucios por razones económicas, aseguró.
Rojas, que compareció en comisión parlamentaria, dijo que desde 2008 ha habido 3.409 expedientes de desahucio de viviendas sociales, pero solamente ha habido 77 alzamientos, nunca por problemas económicos sobrevenidos, sino por otros motivos, como ocupaciones ilegales.
Los 17.000 alquileres sociales tienen precios de entre 2 y 90 euros mensuales, en función de las circunstancias de las familias, pese a lo cual 12.000 de esos hogares tienen problemas de pago, detalló la consejera, que hizo un llamamiento a quienes tienen dificultades para que contacten con el Instituto Canario de la Vivienda (Icavi) o con Viviendas Sociales de canarias (Visocan), porque no van a ser desalojados, sino que se va a buscar regular su situación.
Inés Rojas recordó que en agosto de 2012 se aprobó un decreto que impide los desahucios por razones económicas o por deudas e impagos con carácter retroactivo hasta 2001.
La consejera precisó no obstante que el Gobierno es tajante con aquellos que pueden pagar y no lo hacen, porque hay muchas familias sin recursos esperando por una vivienda.
Detalló la consejera que el Icavi gestiona 12.000 alquileres sociales, de los que hay problemas de pago en 9.600.
Sobre esos alquileres se han abierto 1.090 expedientes en los últimos cuatro años por impago, así como 203 por viviendas desocupadas y 436 por ocupaciones ilegales.
Finalmente ha habido 31 desahucios efectivos al final de esos expedientes, ninguno de ellos por impago, afirmó.
En el caso de Visocan, esta empresa pública gestiona 5.042 alquileres, de los que hay 2.200 con problemas de pago, y se han producido en los últimos cuatro años 42 desahucios, ninguno por problemas económicos.
La diputada del PP Milagros Bethencourt reprochó a la consejera que mantenga mil viviendas sociales terminadas y vacías cuando hay 37.000 familias demandantes de una vivienda social, y a la vez “se embarca en una modificación de la Ley de Vivienda” para expropiar temporalmente viviendas vacías a los bancos.
Según la representante del PP, se sigue desahuciando a familias con dificultades económicas y se mantiene a muchas personas en “un sinvivir” y en situación de desprotección por los miles de expedientes de desalojo que se incoan.
Milagros Bethencourt acusó al Gobierno de Canarias de copiar el decreto andaluz de vivienda pese a que su aplicación ha sido suspendida cautelarmente por el Tribunal Constitucional tras el recurso presentado por el Gobierno central.
Según la representante del PP, la modificación de la Ley de Vivienda de Canarias es innecesaria porque los desahucios ya han sido frenados gracias a las medidas puestas en marcha por el Gobierno de España.
La consejera consideró en cambio que es imprescindible cambiar la Ley de Vivienda, porque en Canarias hay más de cien mil viviendas vacías, muchas en manos de los bancos, que deben ponerse en alquiler a precios razonables para las familias con menos recursos.
“No pido al PP que apoye la reforma de la Ley de Vivienda, pero sí que no ponga obstáculos a su aplicación porque es una ley social”, dijo Inés Rojas.
La consejera detalló que la reforma legal no supondrá un sobrecoste en personal, porque los 461.000 euros que la Consejería ha calculado que costará se absorberá mediante un ajuste dentro de los empleados públicos sin necesidad de incrementar la plantilla.
En cuanto al coste del registro de viviendas deshabitadas, se ha presupuestado un millón de euros en 2014.
Respecto al coste de las expropiaciones temporales de viviendas vacías en caso de desahucio por impago de hipoteca para familias en situación de exclusión social, que en el informe se fija en 17 millones de euros, es una cantidad impensable, porque en realidad será “una cantidad ínfima” porque sólo habrá expropiaciones temporales del uso cuando no haya acuerdo entre las partes, dijo Rojas.
La diputada de Nueva Canarias Carmen Hernández mostró su preocupación por el informe “demoledor” de la Consejería de Economía y Hacienda sobre la viabilidad de esta reforma debido a su coste, que podría acarrear el incumplimiento de la estabilidad presupuestaria.
Milagros Bethencourt advirtió de que hay tres informes desfavorables a la reforma legal, por inconstitucional y por falta de fondos para su desarrollo, y consideró una irresponsabilidad seguir adelante, que además será inaplicable.