El presidente de la Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife (Fepeco), Óscar Izquierdo, ha asegurado este jueves que el acuerdo de Gobierno en torno a la nueva Ley de Vivienda es una “intromisión intolerable” en la libertad personal y en la economía libre. Izquierdo ha interpretado en un comunicado que en el artículo 38 de la Constitución Española se reconoce la economía de mercado, en la que la oferta y la demanda imponen los precios en cada momento tanto de la venta como del alquiler, y que el artículo 33 establece el derecho a la propiedad privada, aspecto que a su juicio “se intenta conculcar” con esta nueva normativa.
El acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos sobre la ley de vivienda pauta la regulación del precio del alquiler para bajar los alquileres a las viviendas en manos de grandes propietarios, en base a índices de referencia para todos los contratos en zonas de mercado tensionado.
El presidente de la patronal de la construcción ha reprochado al Ejecutivo central lo que considera una injerencia en estos dos derechos fundamentales y ha indicado que “todo hace pensar” en una posible inconstitucionalidad de este acuerdo. “Lo que traerá es inseguridad jurídica, que es lo peor que puede pasar alrededor del mercado de la vivienda, creando incertidumbre o distorsiones, lo que provocará el efecto contrario a lo que pretenden”, ha rematado.
Asimismo, ha abundado con que la intervención estatal en el mercado inmobiliario es desaconsejable porque ahuyenta a inversores, restringe el mercado, reduce la oferta residencial y provoca un descenso acusado del empleo, que a su vez redundaría en una subida de precios generalizada y un “varapalo” al sector de la construcción.
Respecto a la limitación de los alquileres, Izquierdo ha asegurado que la experiencia similar en varios países europeos genera un “efecto rebote”, como la reducción de la oferta, el envejecimiento del parque existente por falta de mantenimiento y el aumento considerable de la economía sumergida. “La propuesta de la futura ley de vivienda que obligará a destinar un 30% de las promociones a vivienda protegida y la mitad de ese 30% al alquiler social es una injerencia en el mercado libre”, ha insistido.
Por su parte, el Gobierno de Canarias aclaró este miércoles que en el Archipiélago se aplicará esta ley en aquellas zonas donde se detecte un sobreprecio en el alquiler de inmuebles.