Fernando Clavijo obvia que las competencias sobre los menores extranjeros son de su Gobierno y echa toda la culpa al Estado
El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, obvia que la Ley de Extranjería recoge que las competencias en materia de menores extranjeros no acompañados recaen en las Comunidades Autónomas al achacar toda la responsabilidad al Ejecutivo Estatal. Al menos, así lo ha manifestado durante una entrevista en Radio Nacional de España, donde ha eximido de toda responsabilidad a la Consejería de Políticas Sociales, que en septiembre aseguró que la situación era “perfectamente asumible” con los recursos disponibles mientras que, un mes después, alertó de que los espacios de acogida de las Islas pueden llegar a agotarse.
“La falta de previsión no es de la consejera de Políticas Sociales” sino “del Estado, que no ha puesto los medios para agilizar las pruebas óseas, ni ha puesto los medios policiales para trasladarlos, ni ha habilitado en Lanzarote un espacio para poder albergarlos. Las responsabilidades hay que achacárselas a la administración estatal, a Pedro Sánchez”.
La llegada de 167 personas que dicen ser menores extranjeros no acompañados a Lanzarote en los últimos meses (en total este año hasta el 30 de octubre Canarias ha recibido 1.215 personas migrantes, muy lejos de las 31.678 de 2006) y la imposibilidad de trasladarlos a otras islas hasta que no se verifiquen sus edades con las pruebas óseas, ha puesto de manifiesto la falta de planificación del Gobierno de Canarias para responder a este tipo de situaciones.
Clavijo ha asegurado que a todos los menores extranjeros en Canarias se les está dando atención porque “la tutela judicial efectiva la tenemos desde la Comunidad Autónoma”, pero ha señalado que “el principal problema” es que aún no se han realizado las pruebas forenses -hasta el 24 de octubre tan sólo se había completado el procedimiento de once chicos, concluyendo que solo cuatro eran menores- y “hasta que no se certifique la minoría de edad no los podemos atender”.
Sin embargo, cuando el entrevistador recuerda que la Fiscalía no tiene responsabilidad a la hora de reconocer la minoría de edad y que son los servicios sanitarios de Lanzarote (competencia regional) los que tardan en dar los resultados de las pruebas radiológicas, un presidente del Gobierno regional dubitativo, respondió que “no hay ningún retraso en las pruebas radiológicas” y justificó “que no hay ni policías ni guardias civiles para trasladarlos”.
Pero la causa principal de esta situación la encontró Clavijo en la “falta de previsión en la vigilancia de nuestras costas, porque están entrando y se están enterando los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado cuando llama el vecino”.
Lo cierto es que sin esa prueba la Fiscalía no permite el traslado a otras islas de los menores extranjeros solos para permitir así descongestionar Lanzarote, cuyo Cabildo (gobernado por Coalición Canaria) declaró el pasado 9 de octubre la situación de emergencia humanitaria (generando una alarma que las cifras de entrada no han avalado y que ha sido alentada también por declaraciones de “crisis migratoria” por parte del Cabildo de Tenerife, también gobernado por CC). Esas pruebas que establecen la edad de las personas que dicen tener menos de 18 años las realizan los forenses del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas (competencia regional) situado en la isla conejera, que, según su subdirectora, cuenta con los medios suficientes para afrontar la demanda.
Canarias tiene actualmente cuatro centros destinados exclusivamente a la atención de extranjeros no acompañados (dos ubicados en Lanzarote y otros dos en Tenerife) de un total de 96 espacios de acogida para chicos y chicas en situación de desamparo, tanto nacionales como extranjeros, según cifra la Consejería de Políticas Sociales del Ejecutivo regional, que estima en casi 400 el número total de chicos foráneos solos en el Archipiélago.
Cabe recordar que hace una década se registraron hasta 930 menores extranjeros no acompañados en las Islas y, solo un año después, 1.301, el pico más alto que ha experimentado el Archipiélago, según datos de la Consejería de Políticas Sociales. El entonces presidente del Ejecutivo regional, Paulino Rivero (CC), advirtió de que las Islas estaban “desbordadas” y pidió ayuda al Estado y a Europa, pero no hay constancia de que en aquella época se decretara una situación similar de emergencia humanitaria a la que ha declarado Lanzarote.
Entonces se habilitaron numerosos centros exclusivos para acoger menores extranjeros no acompañados, pero con el paso del tiempo y el progresivo descenso en la llegada de pateras y cayucos a Canarias se prefirió usar un modelo de acogida integradora en espacios pequeños con entornos familiares. Sin embargo, cuando se produce un repunte en la llegada de menores extranjeros no acompañados se dan una serie de situaciones que dificultan dar soluciones similares a casos diferentes y complejos. Por ejemplo, para los chicos nacionales se trabaja con el fin de integrarlos en su familia o se le busca una de acogida, pero los menores foráneos no quieren volver, buscan recursos para formarse y trabajar.
En 2002, la Federación Canaria de Islas (que agrupa a los siete cabildos) decidió acordar un reparto por cupos de menores extranjeros no acompañados en el Archipiélago para tratar de evitar el desbordamiento en alguna de las islas: 250 plazas repartidas de forma proporcional; 82 en Gran Canaria; 75 en Tenerife; 27 en Lanzarote; 34 en Fuerteventura; 22 en La Palma;16 en La Gomera y 4 en El Hierro. Tras una reunión reciente, la organización ha propuesto aumentar ese cupo hasta las 330 plazas.
En la línea del Gobierno regional, la presidenta de turno de la Fecai Belén Allende (CC), demandó a Pedro Sánchez la posibilidad de disponer de acuartelamientos militares para acoger menores extranjeros no acompañados al tiempo que reclamó al Gobierno regional su ayuda para habilitar nuevos centros de acogida inmediata en las islas más afectadas. La también presidenta de El Hierro pidió a otras comunidades autónomas que hagan un mayor esfuerzo para recibir menores de los territorios más afectados.
En este sentido, el Gobierno de Pedro Sánchez anunció que aportará 40 millones de euros para ayudar a las Comunidades Autónomas más necesitadas a mejorar la atención a los menores extranjeros no acompañados, de los cuales dos “se reservan para cubrir los gastos derivados de la atención a los menores en las comunidades que puedan sufrir un incremento estacional a partir de septiembre”. El reparto se establece en función de dos criterios: el incremento que hayan experimentado las Comunidades Autónomas más las ciudades de Ceuta y Melilla desde el 31 de diciembre de 2017 al 30 de septiembre de 2018; y “aquellas que acojan a menores de otras autonomías, recibirán un incremento del 25% de la ayuda por cada uno de ellos”. La finalidad del Ejecutivo de Sánchez es descongestionar a aquellos territorios que acogen a un mayor número de menores extranjeros no acompañados.
En el caso de Canarias, este incremento es de 58 menores extranjeros no acompañados según establece el Ministerio del Interior, siendo la novena Comunidad Autónoma que más chicos y chicas ha recibido en ese periodo. Por lo tanto, le corresponden en total 433.000 euros, lo que sitúa al Archipiélago como la décima autonomía que más dinero obtiene (Andalucía recibe 25 millones al tutelar más de 3.400).
A pesar de ello, Clavijo no ha dudado en utilizar el aumento en la llegada de personas migrantes a Canarias como un arma arrojadiza hacia el Gobierno de Pedro Sánchez desde que el líder socialista rechazara mantener una reunión con el presidente del Gobierno regional, el pasado 6 de octubre, cuando acudió a Lanzarote para un acto de homenaje a José Saramago. Hasta el 25 del mes pasado, cuando Clavijo limó asperezas al reunirse en Madrid con el líder socialista para desbloquear la denominada agenda canaria y adquirir el compromiso de que un responsable institucional del Estado visitará Lanzarote para conocer “la situación in situ, porque hay que conocer la situación in situ”, afirmó el presidente del Gobierno de Canarias.