Diversos colectivos sociales que apoyan al activista uruguayo pro derechos humanos, José Morales Brum, han presentado en la Delegación del Gobierno en Canarias miles de firmas para solicitar que se archive el expediente de expulsión del Estado español a raíz de un altercado ocurrido con un policía español en servicio secreto, el pasado mes de julio en Lanzarote.
La apertura del expediente de expulsión, ordenado por el ex director insular de la Administración General del Estado en Lanzarote y hoy candidato al Senado por el Partido Socialista, Orlando Suárez, se basa en la presunta particpación de Morales en “actividades que ponen en riesgo la seguridad nacional, o que pueden perjudicar las relaciones de España con otros países”.
José Morales Brum, ciudadano uruguayo, reside en Lanzarote desde hace diez años. El pasado mes de julio fue detenido tras verse implicado en un altercado con un policía de paisano que sacó su arma durante una concentración prosaharaui en Arrecife tras verse increpado por los manifestantes, que le reprocharon haber sacado fotografías a varios de los presentes en la protesta. Los organizadores de la manifestación han pedido reiteradamente la anulación del expediente de expulsión abierto a Morales, sin éxito.
El caso del activista proderechos humanos ha llegado hasta el Congreso de los Diputados del Estado español y al Parlamento uruguayo. Este es el último intento de evitar la repatriación del activista a Uruguay. A la entrega del dossier de firmas asistieron entre otros la integrante del movimiento social Asamblea por Tenerife, Ana Caballero, la representante de Sáhara en Red, Lorena López, el abogado laboralista y representante del colectivo Justicia y Sociedad, Quino Sagaseta, el Consejero del Cabildo de Gran Canaria, Carmelo Ramírez, la delegada para Canarias de la Asociación de Mujeres Saharauis en España, Lemtat Ahmed y el activista pro saharaui Fred Henry.
Ana Caballero señaló que el manifiesto de apoyo fue suscrito por numerosas personalidades de prestigio internacional, así como organizaciones nacionales e internacionales, que piden el archivo de este expediente por entender que esta medida es un atropello grave que se está cometiendo contra Morales y el movimiento solidario con el pueblo saharaui y que a todas luces es totalmente desproporcionado.
“En un estado de derecho supuestamente democrático, no se puede admitir de que se den estos atropellos por parte de un policía nacional, que ha actuado en forma improcedente, y que debe de asumir su error” indicó Caballero, agregando que “si en el Estado español no se permite el ejercicio democrático efectivo, largo es el camino que nos queda por recorrer en cuanto a la consolidación de un estado democrático y de derecho”.
En el escrito dirigido a la Delegada del Gobierno en Canarias, Dominica Fernández, los colectivos solicitan información sobre si al policía español que esgrimió un arma de fuego contra varios manifestantes y sin identificarse previamente, tal como lo corroboran numerosos testigos, se le abrió algún expediente disciplinario.
La portavoz de Asamblea por Tenerife, indicó que aún se está a la espera de la respuesta a la solicitud de audiencia solicitada por más de 60 organizaciones, a comienzos del mes de septiembre de este año, con la Delegada del Gobierno, sin que hasta la fecha se haya respondido a esta petición de audiencia.
Los firmantes del manifiesto entregado en la Delegación del Gobierno han expresado el más absoluto rechazo a la criminalización de los movimientos solidarios con la causa saharaui y a la persecución de sus activistas, con quien se solidarizan.