El fiscal ha pedido el sobreseimiento provisional para 17 de los 39 imputados en la pieza separada número 12 del Caso Unión, que investiga una presunta trama para el cobro de comisiones ilegales en el Ayuntamiento de Arrecife entre los años 2005 y 2009.
En un escrito dirigido al Juzgado de Instrucción número 5 de Arrecife y que ha sido facilitado este miércoles a Efe, la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada justifica sus peticiones en el estudio detenido de la auditoría practicada como prueba pericial en el Ayuntamiento de Arrecife y del resto del material recabado en la instrucción.
El fiscal Javier Ródenas en su escrito interesa también nuevas diligencias “indispensables” para la instrucción respecto del resto de los imputados, el principal, el político fundador del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), Dimás Martín, quien, según la investigación judicial, urdió esta trama para la financiación “ilegal” de su formación y el lucro personal de sus componentes.
De los 17 imputados para los que solicita el sobreseimiento provisional de las actuaciones, el fiscal aclara que se refiere solo a esta pieza, ya que algunos podrían estar imputados en las otras que se dimanan del Caso Unión.
El fiscal señala que no es posible fundamentar la acusación contra trece de los imputados solo por el hecho de que fueran involucrados en la trama por Matías Curbelo Luzardo, quien figura aún como parte de esta trama, ya que se considera que actuaba como “recaudador” de las supuestas comisiones, pues era “hombre de confianza” de Dimas Martín.
Según Ródenas, la participación de esos trece imputados en la financiación irregular del PIL que desveló Curbelo en sede judicial tiene “poca precisión y son inconexas”, y no han podido ser corroboradas con datos externos a su declaración.
Estos tres imputados son Segundo Rodríguez, Dayrán Jesús Muñoz, Alfredo Santiago Rodríguez, Celso Betancort Delgado, Demetrio Rodríguez Robayna, José Luis Betancort Acosta, Juan Jesús Acuña Borges, Pedro Manuel Rodríguez García, Ginés Parrilla Curbelo, Manuel Arbelo Pérez y Fermín Curbelo Perdomo, refiere el escrito.
Así mismo, añade que del imputado Remigio Joel Delgado Cáceres, entonces edil de Arrecife, no se ha acreditado dato incriminatorio que permita atribuirle una conducta ilícita en la contratación de su madre, que además señala que no se produjo en “ningún momento”, conforme a los datos recabados de la Concejalía del Ayuntamiento.
Para los tres arquitectos imputados en esta pieza, Carlos Morales Quintana, Víctor Alberto Sánchez y José María Pérez Sánchez, el fiscal también interesa su sobreseimiento.
Según Ródenas, “no se ha logrado recabar elemento material alguno que permita atribuir un concierto de sus voluntades con las de los responsables públicos para defraudar” a la administración en la adjudicación del Plan General de Ordenación Urbana de Arrecife, señala el fiscal, entre otros argumentos que refiere.
En relación a las nuevas diligencias que interesa Ródenas, figura la petición a la prisión lanzaroteña de Tahíche sobre el contrato de trabajo presentado para la obtención del tercer grado Dimás Martín, quien desde la cárcel dirigía todas las operaciones relacionadas con esta trama, según la investigación judicial.
Así mismo, interesa que se cite a declarar como al empresario imputado ya en la trama Samuel Lemes por un supuesto delito de estafa, cohecho, malversación, prevaricación y falsedad en documento mercantil, a la vista de la auditoría practicada.
La empresa de la que es titular, Construcciones y Promociones Samyer SL, presenta “facturaciones excesiva giradas al Ayuntamiento” en el expediente de obra del acondicionamiento del centro sociocultural de San Francisco Javier, señala el fiscal